“En 2020 la Argentina exportó 39 millones de toneladas de maíz en granos. Eso encareció el costo de producir carne de aves y cerdos, y con ellos, sus precios en el país. Se exportaron un millón de toneladas de carne vacuna y a la par el consumo interno per cápita es el menor de los últimos cien años. Los principales alimentos que exporta el país, granos y carnes, aumentaron sus precios en dólares en el mercado externo a un promedio del 40 por ciento. Y el tipo de cambio comercial pasó de 59,60 pesos el 10 de diciembre de 2019 a 97,50 pesos el 31 de marzo de 2021, un aumento del 64 por ciento. Esa combinación de mayor precio del dólar y de los precios de los granos es frenada con un derecho de exportación del 12 por ciento y solo la soja tiene una tasa máxima del 33 por ciento. Ningún gremio consiguió semejante tasa de aumento como la que registraron los productos de primera necesidad”.

El diagnóstico pertenece al economista Horacio Rovelli, quien lo desarrolla (aquí solo se extrae, comprimido, uno de los ejes del artículo) en la última edición de #El Tábano Economista. Solo que Rovelli antepone a cada uno de los datos de aumento de los precios internacionales de los alimentos y del tipo de cambio la pregunta de “a quién beneficia” esa situación.

Ante la posibilidad de un aumento de las retenciones a las exportaciones por parte del Gobierno, como ratificó este viernes la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, los beneficiados por esa situación reaccionaron con vehemencia: “Estos dichos intempestivos enervan a nuestros productores, generan preocupación y acrecientan la grieta. Es el autoritarismo del Estado que se siente dueño de la verdad”, fustigó Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, como primera respuesta a la noticia.

No fue menor el rechazo las otras dos ocasiones que el Gobierno movió las retenciones. A poco de asumir Alberto Fernández, el Congreso aprobó la ley de Emergencia Económica, que incluyó un alza de los derechos de exportación a la soja del 24,5 al 30 por ciento.

“Los nuevos máximos harán sentir su peso e impactarán directamente en la productividad, ya que la capacidad de reinversión de cara a la próxima campaña será menor y los paquetes tecnológicos a invertir serán readecuados a la baja. Esto ya lo vimos, lo vivimos y lo sufrimos en nuestra historia reciente”, pronosticó Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas.

Sin embargo, lo que sucedió fue que los precios de granos y carnes siguieron para arriba y en marzo de 2020, pocos días antes del confinamiento por la pandemia, el Gobierno volvió a elevar los derechos de exportación a los grandes productores de soja, de más de 1000 toneladas anuales, hasta el 33 por ciento.

Junto con ello, dispuso una compensación para 42 mil pequeños y medianos productores, el 75 por ciento del sector sojero, que pasaron a pagar retenciones en un rango del 21 al 30 por ciento, según el tamaño de las cosechas y la cercanía a los puertos. Para los más chicos, la segmentación permitió una rebaja de la carga a pagar de unos 3,5 puntos. También hubo disminuciones de retenciones a producciones regionales como legumbres, arroz, maní, porcinos, ovinos, embutidos y maíces especiales, entre otros.

A pesar de la segmentación, la Mesa de Enlace reaccionó con un lockout de cuatro días en la comercialización de granos y hacienda, con escasa adhesión y la división de la Federación Agraria, que dio libertad de acción a sus asociados para participar o no de la medida de fuerza.

Desde entonces, marzo de 2020, lejos de cumplirse las advertencias de los ruralistas más enfrentados con la suba de retenciones, los precios internacionales no dejaron de subir, lo mismo que los volúmenes de exportación y la caída del consumo interno, en el marco de la pandemia.

El precio de la soja escaló de 307 dólares la tonelada hace un año a los 563 dólares de este viernes. Un incremento del 84 por ciento. Lo mismo sucedió con el maíz, que duplicó su precio respecto del que tenía a la misma fecha de 2020, y se posicionó por encima de los 256 dólares la tonelada.

“Durante la segunda mitad de 2020 y primeros meses de 2021 se observó un aumento en el índice general de commodities, especialmente en el precio internacional de los alimentos y de insumos industriales. Entre marzo de 2021 y abril de 2020, se destacan incrementos del 99 por ciento en el mineral de hierro, 78 por ciento en caucho, 67 por ciento en el precio del maíz y soja, 50 por ciento en aluminio y 43 por ciento en algodón. Esto inevitablemente tiene consecuencias sobre la dinámica de precios internos”, describe el último informe de la consultora PxQ, de Emmanuel Alvarez Agis. Como se indicó en el párrafo anterior, en el caso de la soja y el maíz, los precios escalaron todavía más en la última semana.

En respuesta a esa situación es que el Gobierno vuelve a poner sobre la mesa un posible aumento de las retenciones. “El incremento de los alimentos en el mundo ha sido muy fuerte, por eso se trabaja en medidas que permitan desacoplar los precios internacionales de los locales”, argumentó Español.

La necesidad de apelar a ese instrumento en el marco de la disparada de precios internacionales, con un dólar que no ha perdido competitividad desde diciembre de 2019, es tan evidente como la urgencia política.

El último sondeo nacional de la consultora Analogías expone que el agravamiento de la situación sanitaria y el alza de la inflación provocan una caída persistente de los apoyos al Gobierno. La imagen de Alberto Fernández bajó a su menor diferencial positivo desde que asumió como presidente, con 52,6 por ciento a favor y 45,9 por ciento en contra. La aprobación del Gobierno directamente pasó a estar en rojo, con 35,2 puntos de apoyo y 52 puntos de rechazo.

A pesar de que hay un acompañamiento mayoritario a medidas como el bono de 15 mil pesos para jubilados y titulares de la AUH, entre otros, solo el 22,6 por ciento de los encuestados considera que la política económica sea “de impulso al consumo”, mientras que un 44,3 por ciento la califica “de ajuste” y un 33,2 por ciento “no sabe”.

En relación a cuál es la expectativa sobre la situación económica para dentro de dos años, el estudio de Analogías indica que el 62,4 por ciento de los casi 3000 entrevistados de manera telefónica, con formato IVR, estima que será peor, contra un 32,9 por ciento que espera mejoras.

“Respecto de las variables económicas encontramos un tono marcadamente pesimista (63 por ciento). Una amplia mayoría considera que sobrevendrá un mayor deterioro del ya alicaído salario real (56 por ciento) y que los grandes empresarios no están colaborando para superar la crisis (67 por ciento)”, agrega la consultora en las conclusiones del sondeo.

“La política económica sigue siendo demandada para un sesgo más expansivo. El peso de la crisis se le asigna al Gobierno, luego de que se haya renunciado a insistir con el desastre que dejó Macri. El 48,1 por ciento sostiene que la causa principal de la crisis son las medidas que toma el Gobierno, frente el 23,1 que lo relaciona con la herencia que dejó Macri y el 19,5 que lo atribuye a la pandemia. La responsabilidad del aumento de precios también recae sobre el Gobierno, aunque haya coincidencia del rol negativo de las grandes empresas”, completa.

Por último, la segunda mayor preocupación de los entrevistados es la inflación, con 19,2 por ciento, detrás de un colapso del sistema de salud, con 25,8 por ciento.

Un nuevo aumento de las retenciones no cambiará el rechazo de los sectores que se favorecen de la suba de precios de los alimentos, pero sí hará diferencia para el control de la inflación y el apoyo de sectores que votaron al oficialismo y de a poco se han ido alejando.