Referentxs de comunidades indígenas debatieron sobre la prórroga de la Ley 26.160, las dificultades que han tenido hasta ahora porque pese a su vigencia han sido desalojadxs y criminalizadxs por la justicia, y la necesidad de que el Estado les reconozca y entregue los títulos de los territorios que reclaman como ancestrales. Esto ocurrió en un encuentro virtual realizado en el marco de la semana de los pueblos originarios que se extiende desde el 19 al 25 de abril.
La mburuvicha (cacica) Mónica Romero, de la Comunidad Guaraní Estación El Tabacal, contó de la lucha que sostienen desde 2003, cuando fueron desalojados por pedido, afirmó, de la Seabord Corporation, la firma que administra el ingenio. También participaron desde Tartagal la comunicadora Nancy López de la comunidad Weenhayek Oh ka Pukie (Mi Troja); el niyat (cacique) de Kyelhyuktaj, Isaías Fernández; la cacica de la comunidad Siwok (El Carpintero) Elizabeth Medina, que es además coordinadora de cacicas del departamento San Martín y coordinadora general del pueblo Weenhayek. Y participó el integrante del Consejo de Pueblos Indígenas (CPI) por Pueblo Diaguita, Juan Condorí, y Tiburcio Flores, de la comisión de Misión Chaqueña Fwa' Achat, del Pueblo Wichí.
El encuentro fue organizado por la diputada nacional Alcira Figueroa, y participó también el abogado que forma parte de su equipo, Martín Plaza, de origen diaguita. También estuvo el abogado y técnico del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) Julián Fernández, quien intervino en varios de los conflictos territoriales en Salta, y el académico Daniel Mato.
En el marco del vencimiento de la prórroga de la ley 26.160, la principal preocupación que manifestaron lxs referentes fue la del territorio. Romero contó que su comunidad pid el reconocimiento de 5 mil hectáreas de territorio ancestral en Hipólito Yriyoyen, territorio que disputan con la empresa Seabord Corporation. La mburuvicha relató que el 16 de septiembre de 2003 fueron desalojadxs, reprimidxs y detenidxs. Recordó que después hicieron una caminata hasta Buenos Aires para exponer su situación y buscar el amparo del gobierno nacional, dijo que esa vez pudieron reunirse con Alicia Kirchner, quien después envió cosas a la comunidad pero no tuvieron una solución con el tema del territorio.
La cacica dijo que el gobierno municipal, a cargo del intendente Alfredo Sosa, los tiene en estado de abandono. Contó que el jefe comunal sostuvo hace dos días que hicieron un convenio con la empresa para realizar un camino turístico en la zona del territorio que la comunidad guaraní reclama. Añadió que tienen un juicio con la Seabord y que hay una cautelar de no innovar, pero aseguró que "nunca se ha respetado eso" por parte de la empresa. Además, dijo que el INAI no hizo el relevamiento territorial en su comunidad, y en cambio sí lo hizo con otra comunidad que reclama solo dos hectáreas y que se formó de una división con la suya durante el reclamo ante la Seabord.
En la comunidad de Romero hay 300 familias. La mburuvicha aseguró que no tienen vivienda digna, ni trabajo. Los miembrxs de su comunidad se encuentran dispersxs en asentamientos.
Nacy López recordó por su parte el brutal desalojo que sufrió la comunidad El Quebracho. Señaló la importancia de visibilizar las problemáticas que tienen como Pueblo Weenhayek y el reclamo territorial.
"En el territorio es donde está el monte, donde podemos acudir cuando estamos pasando por procesos de enfermedadades", explicó. Relató cómo las mujeres indígenas vienen recurriendo al conocimiento sobre las plantas medicinales para intentar hacer frente a la pandemia de la covid-19. "Es importante que tengamos comunidad y territorio", manifestó.
El Pueblo Weenhayek viene luchando por ser reconocido oficialmente por el gobierno provincial, lo que posibilitaría su inclusión en la conducción del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Satla (IPPIS).
En general, los referentes expositores manifestaron la necesidad de que la Ley 26.160, de emergencia de la propiedad comunitaria indígena que ordena un relevamiento territorial y que suspende los desalojos de comunidades originarias, "sea permanente, que no haya prórroga. Sería mi propuesta como cacique", sostuvo Fernández.
A su turno Martín Plaza señaló que el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal requieren de una "perspectiva indígena" y destacó como una dificultad el hecho de que algunos fiscales y jueces sean familiares de titulares registrales que disputan tierras a los originarios. Opinó que es necesaria la prórroga de la Ley 26.160 porque los desalojos se multiplicarían sin esta norma. También enfatizó en la necesidad de que los relevamientos territoriales incluyan a la Dirección de Inmuebles de la provincia, para fortalecer la seguridad jurídica de las comunidades.
Julián Fernández recordó que las tierras se venden con las comunidades adentro. Consideró que la Ley 26160 vino a empoderar un poco a las comunidades, pero a la vez también generó mayor conflictividad con titulares registrales. Habló también de sus falencias ya que cuando se termina el relevamiento con la carpeta técnica, no queda incripta en los registros públicos. "La nueva prórroga tiene que venir con un presupuesto adecuado para que se pueda efectuar un relevamiento", consideró.
La diputada Alcira Figueroa se comprometió a trabajar en proyectos de ley. Se refirió a las dificultades para las comunidades de sobrevivir en la pandemia, los conflictos territoriales que se incrementan, la preocupación por los avances indiscriminados de los desmontes, la contaminación, el uso de agroquímicos y las consecuencias para la salud que asoció a cánceres y malformaciones.
