La AFIP comenzó a fiscalizar las cuentas de ultra ricos que no pagaron el aporte solidario y extraordinario en tiempo y forma. El vencimiento operó el viernes 16, día en el que debía efectivizarse la presentación de la declaración jurada. El plazo para el pago o para pedir un plan de facilidades de pago vence el próximo miércoles 28. Al menos unas 200 personas con grandes fortunas declaradas habrían presentado demandas contra el pago del aporte. La puesta en marcha de las fiscalizaciones integrales, que el organismo recaudador efectúa a través de la DGI, se inició con una primera tanda de notificaciones a 50 individuos cuyos patrimonios superan ampliamente los 200 millones de pesos --piso a partir del cual están alcanzados los obligados a realizar el aporte solidario extraordinario--, que omitieron la presentación de la declaración jurada. 

El procedimiento que se abre le permite a los inspectores de la DGI realizar una fiscalización integral para analizar el patrimonio de los presuntos evasores (podría tratarse de morosos, si simplemente retrasaron el cumplimiento de sus obligaciones). El primer paso es la notificación, que se hizo efectiva este viernes de manera presencial con aproximadamente medio centenar de personas. Una vez iniciada la fiscalización, la DGI puede tomarse hasta 150 días para completar su tarea, que no sólo verifica el patrimonio declarado sino que podría llegar a determinar la existencia de otros bienes o valores pertenecientes a la persona fiscalizada no declarados.

Hasta el viernes, la cantidad de causas notificadas por la Justicia al organismo fiscalizador eran 23. Entre esas causas se encuentra la de la ex diputada nacional por Cambiemos Susana Balbo. propietaria de la bodega que lleva su nombre. La empresaria vitivinícola inició la causa contra el pago del aporte solidario en la justicia mendocina, solicitando una cautelar que fue rechazada.

Balbo se presenta a sí mismo en la página web de su empresa como una persona "de firmes convicciones, que en 2015 decidió volcar su experiencia y conocimiento como empresaria y emprendedora en pos del bien común, aceptando la propuesta del PRO de formar parte de su equipo como candidata a diputada en primer término". El acuerdo entre el PRO y el radicalismo mendocino la promovió a la banca legislativa en las elecciones de octubre de 2015. En la cámara baja llegó a ocupar la vicepresidencia de la Comisión de la pequeña y mediana  empresa.

Pero sus firmes convicciones, su apego al bien común y compromiso con las pymes, no resultaron suficientes para que, una vez culminado su mandato y el de Cambiemos al frente del Ejecutivo nacional, hiciera extensivo esos valores a contribuir con una pequeña porción de su multimillonaria riqueza al Aporte Solidario Extraordinario. Recurso que, por otra parte, en un 20% será destinado a ayudar a micro y pymes con un subsidio que les permita sobrellevar una situación seguramente mucho más complicada que la que goza Balbo en su emprendimiento vitivinícola.  

La lista de multimillonarios que eligieron reclamarle a la justicia que los proteja del Aporte Solidario incluye otros nombres relevantes en el mundo de los negocios y los medios. Entre los directivos y dueños de participaciones en grandes medios aparecen señalados José Antonio Aranda y Lucio Pagliaro, directores y accionistas del Grupo Clarín; Alejandro Urricelqui, quien desempeñara el cargo de vicepresidente y director de Finanzas del Grupo Clarín, y es actualmente presidente de Telecom Argentina. También aparecen Alejandro Julio Saguier, de la familia propietaria del diario La Nación, y Constancio Vigil, heredero de los ex dueños y fundadores de Editorial Atlántida. 

También hicieron planteos judiciales en el mismo sentido varios integrantes de la familia Caputo, cuya constructora resultó largamente beneficiada por contratos con el Estado Nacional a partir de 2016 y por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a lo largo de los últimos doce años; el empresario Eduardo Kalpakian (dueño de la firma homónima), Julio Federico Zorraquín (familia terrateniente, dueños de ingenios azucareros y de bancos, entre otros negocios), y muchos otros ricos y famosos.

Marcó del Pont

En un reciente evento internacional, organizado por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) y la ONG británica Tax Justice Network (TJN), Mercedes Marcó del Pont destacó, al relatar la actual situación argentina en el área, que se está avanzando en "la recuperación de las capacidades del Estado en materia de fiscalización para controlar la elusión y la evasión". 

Durante su intervención, Marcó del Pont destacó las distintas medidas implementadas por la AFIP a lo largo del año pasado para mejorar la capacidad de fiscalización y control del Estado en materia de flujos financieros ilícitos. “Creamos un registro de beneficiarios finales que nos permite conocer quienes son los verdaderos dueños de las empresas y los fideicomisos”, destacó.

También ponderó la ampliación de la red para el intercambio automático de información tributaria y la instrumentación de la normativa sobre precios de transferencia para detectar posibles maniobras de desvío de beneficios de las empresas multinacionales.

La titular de la AFIP lamentó la decisión de un sector de los profesionales de ciencias económicas por cuestionar judicialmente un instrumento utilizado a nivel global para reducir la opacidad, evitar la evasión y prevenir el lavado de dinero. “La judicialización que existe del régimen de información sobre planificaciones fiscales es muy preocupante, porque creo que en nuestro país la ética de los impuestos es algo que hay que refrescar en las memorias y también de los que forman a nuestros profesionales”, sostuvo.

Uno de los objetivos centrales en los que se trabaja, dijo, es en "incrementar el aporte a la recaudación de los sectores de mayor capacidad contributiva”. Admitió que “existió un buen nivel de cumplimiento del Aporte solidario que instrumentó la Argentina; la mayoría de las personas alcanzadas tienen conciencia del momento que atravesamos”. Sin embargo, queda una amplia franja de multimillonarios, que no es pequeña, que desconoció sus obligaciones objetándolas ante la Justicia, o no. Allí se pone en juego la capacidad de fiscalización que pueda haber recuperado el Estado después del desmantelamiento intencional durante el gobierno anterior.