El Estado nacional, a través de sus abogados, se presentará este lunes ante la Corte Suprema para defender la constitucionalidad del artículo 2 del DNU 241, que suspendió por 15 días las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), período que termina el viernes próximo, y que fue cuestionado ante el tribunal por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. La posición oficial dirá que las medidas adoptadas responden a un interés federal, por lo que las dispone el Poder Ejecutivo, dada la emergencia sanitaria provocada por la pandemia, y que son acotadas, proporcionales y razonables teniendo en cuenta que su interés primordial es proteger el derecho a la vida. Lxs supremxs podrían, si juntan al menos tres voluntades, tomar una decisión esta semana. Lo que sea que diga, si es en estos días, tendrá impacto en las próximas decisiones presidenciales en un contexto alto crecimiento de la curva de contagios y muertes por covid -19 y de riesgo de saturación del sistema sanitario. 

Más allá de su planteo ante la Corte, el gobierno porteño intentó conseguir una medida rápida en un tribunal aliado, en la justicia porteña, y la consiguió. El domingo pasado a la noche exhibió como un triunfo político el respaldo de la sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de su jurisdicción, que suspendió el DNU, y llamó a los establecimientos educativos a dictar clases presenciales. Después un juez en lo contencioso administrativo federal dejó ese fallo sin efecto, pero Rodríguez Larreta siguió de largo. A tal extremo llevó la pelea, que apeló la decisión de otro juez, en este caso de la Ciudad, Guillermo Scheibler, que dispuso que no se debían computar las faltas de las/los alumnas/os que optaran por respetar las restricciones sanitarias y que la administración porteña debía garantizar las clases remotas. La apelación sigue su trámite, pero la medida está en pie. Al final del camino, lo que todo el mundo deberá acatar será lo que diga la Corte Suprema. 

Rodríguez Larreta argumentó ante el tribunal que el decreto del Poder Ejecutivo viola la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) e implica una forma de intervención federal porque se arroga facultades locales en salud y educación. El escrito decía que la suspensión de clases presenciales no está justificada con datos concretos y es arbitraria.  Señalaba que en otros países y también en la CABA el grado de contagios en establecimientos escolares es mínimo. Alegaba violación al principio de igualdad en relación las provincias y la supuesta vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes en relación a la educación. Pedía una medida cautelar, antes de la decisión de fondo que declare la inconstitucionalidad. Lo primero que hizo el máximo tribunal, fue declarar su competencia originaria con los votos de Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. Elena Highton de Nolasco firmó en disidencia, como hizo ya en casos donde se discutía se cabía equiparar el estatus de la ciudad con el de una provincia a los efectos de la discusión judicial. O sea, ella no participará de este asunto. 

La primera opción que tendría la Corte es dictar una medida cautelar. No da la impresión de que eso vaya a suceder sino que los jueces irían directo al fondo del asunto.  Como ya informó Página/12, en los despachos supremos a este expediente lo llaman "la causa de la autonomía" de CABA. Es una pista sobre el eje de discusión de lxs supremxs, que insisten en que su decisión no será de carácter político, sino meramente técnico y constitucional, y que lo bueno es que entre ellos hay dos ex convencionales constituyentes de la reforma de 1994, Rosatti y Maqueda. Digan lo que digan, también se irritaron al escuchar al ministro Martín Soria pedirles que resuelvan rápido "un conflicto que es político". No es fácil el vínculo del gobierno con el tribunal, cada tanto algún supremo habilita algún canal por propia cuenta. La dinámica cortesana actual, además, complica a veces los pronósticos: funciona en forma colegiada y es difícil que un miembro imponga una posición sobre los demás. La presidencia, aún en manos de Carlos Rosenkrantz, está desdibujada. 

A la hora de la decisión de fondo sobre la validez constitucional del DNU 241, la lógica es que la Corte analice si es proporcional y razonable restringir un derecho para salvar otro: en este caso, sería una afectación a la educación --sin suspensión de clases sino ofreciéndolas de manera remota-- para minimizar la circulación del virus y proteger la salud y la vida. Podría entrar en el análisis si el Estado nacional acaso no disponía de otras opciones "menos lesivas". La necesidad y la urgencia son otros de los puntos claves. En al menos un sector del Gobierno esperan que el tribunal defina y pronto, más aún si se tiene en cuenta que para el viernes 30 el Presidente deberá renovar o modificar las medidas. En la Casa Rosada hasta el viernes no imaginaban un panorama mejor para los próximos días. 

Si la Corte llega al viernes 30 de abril sin tomar una decisión, el caso podría volverse abstracto, pero podrá repetirse el conflicto con nuevos planteos. Tampoco se descarta que el gobierno modifique las medidas, entre otros temas respecto del ámbito educativo, lo que también podría modificar el escenario. En el plano burocrático, que pasen más o menos días, depende de qué otros pasos den lxs supremxs una vez que el Estado haga su presentación. En este tipo de procesos a veces se piden informes a las partes, a veces se hace una audiencia también, y después se pasa a resolver. 

* El gobierno llevará por sí mismo este lunes una presentación a la Corte, que le puso un plazo de cinco días hábiles para presentarse, que vencen el martes en las dos primeras horas. Llevará informes del Ministerio de Salud que reflejan el crecimiento exponencial de la curva de contagios, en especial a partir del regreso a las aulas, cuando se quintuplicaron en el AMBA. Ya había explicado ante el fuero contencioso administrativo federal que el foco del problema no está adentro de las instituciones educativas sino, por ejemplo, en la circulación en el transporte público que había aumentado un 25 por ciento. Intentará también desacreditar los documentos entregados por la CABA, que muestran baja incidencia de covid en las escuelas y experiencias de otras latitudes, sin un respaldo calificado. El Gobierno nacional sigue mostrando como referencias las medidas efectivas en la mayoría de los países, que incluyeron la suspensión temporal de la presencialidad.   

* Dirá que en el escenario de pandemia y de acuerdo a las definiciones de la Organización Mundial de la Salud, el estado nacional tiene la obligación de proteger la salud pública, y que en este contexto es que se habilita el llamado "poder de policía de emergencia" cuando existe, además, un interés federal porque se plantea un fenómeno interjurisdiccional. En ese casos, argumentarán, deben prevalecer las normas federales. 

*  Otro punto clave que formaría parte de la fundamentación --según analizan en la Procuración del Tesoro-- es que la Ciudad de Buenos Aires consintió durante el 2020 los diez decretos dictados por el Poder Ejecutivo con medidas prevención para evitar la expansión del coronavirus. En algunos casos fueron incluso medidas más restrictivas que las actuales. No hubo, de hecho, clases presenciales. En derecho esta argumentación se conoce como "doctrina de los actos propios". Está relacionado con la buena fe y la seguridad jurídica. El razonamiento es que quien ha provocado la situación de inseguridad jurídica es la CABA.  Algo similar se señaló en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo al aprobar esta semana el dictamen de respaldo al DNU en discusión, con la resistencia de la oposición que el año pasado respaldaba los argumentos que ahora rechaza incluso en momentos de menos contagios, pero con la declaración de pandemia de la OMS que invocaba el gobierno nacional al tomar sus decisiones. El presidente del bloque oficialista en el Senado, José Mayans, anunció que se intentará apurar la aprobación de DNU esta semana. 

* Hay un aspecto de la presentación que haría el gobierno, según lo que analizaban los expertos en los últimos días, que es plantear que se escuche también a la provincia de Buenos Aires, que es parte del AMBA, y por ende --como es conocido-- está afectada por la suspensión de clases presenciales.    

Así, mientras el gobierno porteño fuerza un debate jurídico, fuera del expediente los contagios se multiplican y los efectos se ven en la posible saturación del sistema de salud. La paradoja es que podría suceder que la CABA necesite soporte de la provincia  --que acató la suspensión de la presencialidad-- tal como se evaluaba ayer en la Casa de Gobierno.