Producción: Javier Lewkowicz
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Desensillar hasta que aclare
Por Marcelo Galvano (*)
El brote de contagios por la Covid-19 supone un nuevo escenario que modifica parcialmente las proyecciones de rebote económico para este año. El principal factor explicativo de la evolución de la actividad y el ingreso es el escenario dicotómico entre cierre o continuidad cuidada con protocolos. La experiencia 2020 muestra que la enorme proporción de los sectores puede seguir produciendo de forma plena y el riesgo para los trabajadores es ínfimo: la mayor proporción de los contagios se producen en contextos sociales. Aún así la necesidad de reducir la circulación y aplanar una curva de contagios, marca que hoy ya no es imposible el escenario de cierres esporádicos. En cualquier caso, nada se equipara con el cierre masivo del año pasado, con lo cual no corre peligro el repunte del PBI para este 2021. La discusión está en el grado de difusión de la recuperación entre las actividades, y en la profundidad de la mejora en el plano socioeconómico.
En este contexto y con la marcha atrás parcial, el impacto económico quedará acotado (parcialmente) sobre sectores de servicios, comercios y transportes. Las restricciones definidas hasta el momento son indispensables para minimizar el movimiento de las personas y por ende del virus. El peor de los mundos hoy sería tener que frenar toda la actividad económica nuevamente, como le ha pasado a países vecinos como Chile o Paraguay. En tanto muro de contención sobre los sectores afectados, el Estado Nacional definió al programa REPRO II del Ministerio de Trabajo. Se decidió un incremento del estipendio, llevándolo a 18.000 mil pesos por mes por trabajador. Medidas más generalizadas no serían apropiadas para este contexto. Darían una señal errónea, porque hoy el objetivo es que las fábricas sigan trabajando con cuidados y la producción no se frene.
Es fundamental que cada una de las políticas en esta nueva etapa sea focalizada, optimizando la asignación de recursos sobre los segmentos que requieren la asistencia del Estado. En el plano socioeconómico, el refuerzo de la asignación universal por hijo para el área metropolitana también será un paliativo importante en un contexto de precios internos aún efervescente. La medida tendrá alcance sobre 960 mil hogares y una inversión de más de 14.000 millones de pesos. Los 15.000 pesos extra equivalen a casi el 60 por ciento del valor de una canasta básica alimentaria para cuatro personas. Así, gracias al pago extraordinario abonado en abril de 2021 un titular de una AUH estará percibiendo, en lo que va del año, 13.190 pesos más de lo que hubiese recibido si su haber se actualizara únicamente por la inflación.
Con todo, la marcha atrás parcial en la normalización de la economía no debería afectar significativamente al repunte del PBI de este año. El principal riesgo de un congelamiento parcial y temporario de actividades es la ralentización de las perspectivas de inversión y los planes de ampliación en el consumo de bienes durables. Ambos factores se mostraban muy dinámicos en el primer trimestre e invitaban a pensar en una recomposición de los ingresos a corto plazo. Ante un recrudecimiento extremo de la situación sanitaria, es probable que la mayor parte de los empresarios cancelen o posterguen sus decisiones económicas. Hoy bajar parcialmente la circulación para evitar un escenario traumático es la mejor forma de ‘desensillar hasta que aclare’.
La experiencia mundial muestra que mantenerse inmutable ante la disparada de casos generaría aún mayores costos económicos. Con un sistema de salud saturado o colapsado, buena parte de la ciudadanía tomaría posiciones precautorias incrementando sus niveles de ahorro y bajando su consumo. La población ‘se guarda’ y posterga todo gasto no esencial. Ante la caída de la demanda, las empresas terminan padeciendo de manera similar. No hay soluciones mágicas y automáticas en una pandemia; hoy el resultado macro está estrictamente supeditado a la situación sanitaria y lo mejor que podemos hacer para que la magnitud y el alcance de la recuperación 2021 sean las mayores posibles, es extremar los cuidados personales y contribuir a bajar la circulación viral.
(*) Economista UNdAv.
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Márgenes acotados
Por Martín Vauthier (**)
La pandemia forzó a los gobiernos a gestionar en terreno desconocido y los enfrentó a decisiones imposibles ex ante, con medidas que se implementaron contrarreloj bajo la presión de una crisis sanitaria sin precedentes y apuntaron a intentar minimizar costos que en cualquier caso iban a ser muy elevados. En última instancia, se apuntó a buscar un balance entre salud, economía y libertades individuales en un entorno de alta incertidumbre y con elevadas probabilidades de que muchas decisiones se probaran erróneas ex post.
Sin embargo, las condiciones iniciales para responder no fueron las mismas para todos los países. Las economías avanzadas, con bajos niveles de informalidad (lo que facilita el acatamiento de las medidas de restricción) y amplio espacio de respuesta fiscal y monetario (demanda de dinero e historial crediticio), pudieron implementar considerables paquetes de apoyo a familias y empresas, mitigando los impactos sobre la estructura productiva y los indicadores sociales.
En la Argentina, la pandemia se sumó a una realidad económica y social compleja. Entre 2010 y 2019 la economía transitó su “Segunda Década Pérdida”, con muy bajo crecimiento del PIB per cápita (+1,6 por ciento en todo el período) y aceleración de la inflación con una demanda de dinero muy deteriorada.
En 2020, el país implementó medidas de gasto extraordinario por 3,4 por ciento del PIB (en línea con el promedio de emergentes, pero lejos de la media de 15 por ciento del PIB en las economías avanzadas), lo que junto al desplome en los ingresos contribuyó a llevar el déficit primario a 6,5 por ciento del PIB (desde 0,4 por ciento del PIB en 2019). Si bien la suba transitoria en la demanda de pesos (contracara de una caída en la velocidad de circulación del dinero consecuencia del shock de oferta) permitió que las medidas dieran aire a los sectores más afectados durante el año pasado, la paulatina flexibilización del ASPO llevó a que los pesos aceleraran su velocidad de circulación, presionando tanto sobre bienes y servicios (la inflación pasó del 1,5 por ciento mensual en abril y mayo de 2020 a un promedio de 4,1 por ciento entre diciembre y marzo) como la brecha cambiaria, “compensando” los efectos positivos iniciales sobre la actividad con un impacto sobre el poder adquisitivo de jubilaciones, salarios y programas sociales y restricciones a las importaciones (en muchos casos insumos para la producción).
Frente a la segunda ola de la Covid-19, y a pesar de la virulencia de los números de la curva de contagios, el margen económico/social para implementar restricciones generalizadas es significativamente menor al de marzo/abril de 2020. Esto puede explicar la implementación de medidas más acotadas que las del año pasado, en un país donde la elevada informalidad dificulta el acatamiento de limitaciones que apunten a las actividades laborales. Asimismo, las disposiciones anunciadas hasta el momento, como el bono de 15.000 pesos para perceptores de asignaciones, el bono de 6.500 pesos por 3 meses para personal de salud, la ampliación del REPRO y la asistencia al sector gastronómico, representan un monto muy inferior al IFE o el ATP original. Mientras entre abril y agosto del año pasado los gastos extraordinarios vinculados a la pandemia promediaron 0,5 por ciento del PIB mensual, las medidas anunciadas durante esta semana tienen un costo estimado de poco más de 0,1 por ciento del PIB, que se suman a un gasto Covid que promedió 0,1 por ciento del PIB mensual entre febrero y marzo.
En un contexto de alto riesgo país, balance del BCRA muy deteriorado (relación pasivos en pesos/reservas netas) y demanda de dinero débil, seguir exigiendo al financiamiento monetario para financiar un mayor déficit arriesga presionar sobre la brecha cambiaria (con impacto en la oferta neta de divisas) y la inflación. Resulta fundamental incrementar el espacio de respuesta fiscal/monetario para disponer de mayor capacidad para proteger a los sectores más vulnerables y comenzar a revertir el deterioro en los indicadores sociales. Para ello, es condición necesaria una mejora en las expectativas sostenida en un programa de estabilización macroeconómico con consenso amplio de la política, y en el marco de un acuerdo con el FMI que despeje definitivamente la incertidumbre.
(**) Director de Eco Go y profesor de la Maestría en Finanzas de UTDT.
