La cuestión migratoria en Estados Unidos está fuera de control y polariza audiencias. Es un problema estructural, multicausal, de difícil resolución. Hoy se ubica en su centro la situación de los menores que viajan solos desde Centroamérica. Al mes pasado había 20 mil de ellos internados en centros de acogida. Pero apenas hay 13 mil camas disponibles para que duerman. La retórica chauvinista de Donald Trump dejó pasó a las dubitativas medidas de Joe Biden, quien intenta ganar tiempo. La política del actual presidente es resistida a dos bandas. Por el ala más reaccionaria de los republicanos y por la izquierda demócrata. Un proyecto de ley para regularizar a 11 millones de inmigrantes que ya están en el país y sin papeles, pareceria condenado al fracaso con la relación de fuerzas que existe ahora en el Congreso.

El encuentro del 5 de abril entre el mandatario de EE.UU y el de México, Andrés López Obrador, sirvió para un entendimiento. Pero es apenas una aspirina para una frontera plagada de muertes, infancias bajo asedio, tráfico de personas y una desesperación que no cede. La imagen de marzo con un grupo de migrantes arrodillados en Tijuana vestidos con remeras que decían “Biden, por favor déjanos entrar” ha sido una de las postales más expresivas de esta tragedia humanitaria.

El gobierno demócrata intenta diferenciarse de las diatribas de Trump contra los centroamericanos, su exaltación del muro fronterizo, y la política de mano dura, pero no acierta con el antídoto que modere el problema. El ingreso de niños sin adultos que los acompañen dejó expuesto a Biden en una situación incómoda. Al punto de que el presidente pidió durante una entrevista con ABC News: “Puedo decir con bastante claridad: no vengan”. Fue en vano. En enero último la policía fronteriza había detenido a 5.871 menores sin papeles: desde que empezó la pandemia fue el número más alto.

Un viejo proyecto que hizo suyo el presidente para legalizar y otorgarles la ciudadanía estadounidense a 11 millones de inmigrantes –cuya situación se discute desde el 2013-, no da la sensación de que pudiera avanzar. La correlación de fuerzas en el Senado no lo permite. Biden necesitaría que lo apoye un número importante de republicanos en la Cámara donde hay paridad y aun cuando la vicepresidenta Kamala Harris desempataría para los demócratas porque preside la Cámara Alta. Se requieren 60 votos para aprobar una ley como la migratoria. No se gana con mayoría simple porque en el Senado rige un viejo principio parlamentario al que en Estados Unidos llaman filibusterismo u obstruccionismo.

En otras palabras, de facto se requiere de una supermayoría para imponer determinadas leyes que demandan extenso debate. Una política que comenzó en la época de la esclavitud. Las normas que protegían ese sistema de explotación no eran fáciles de cambiar. Se demoraba su abolición. De este recurso en el Senado se han beneficiado históricamente mucho más los republicanos que los demócratas.

El plan de Biden contempla a quienes ya vivían en EE.UU al 1° de enero de 2021 para que puedan acceder a la residencia en cinco años y en tres más a la ciudadanía si cumplen con una serie de requisitos.

Al presidente lo cuestionan por derecha los republicanos más ultramontanos. Lo acusan de “abrir las fronteras”. En el Congreso se acaba de gestar un bloque llamado Estados Unidos Primero. Nula sensibilidad puede esperarse de sus políticas migratorias. Un documento que dio a conocer el grupo, entre quien sobresale la representante ultraderechista por Georgia, Marjorie Taylor Greene, señala que solo son bienvenidos aquellos que “pueden hacer aportes económicos” y “que han demostrado respeto por la cultura y el estado de derecho de esta nación”.

La diputada ganó su banca por el estado sureño haciendo campaña sobre un vehículo militar y la parodia de disparar con un fusil de mira telescópica sobre un trípode contra carteles donde aparecían las palabras “socialismo”, “control de armas” y “abran las fronteras”. Seguidora de Qanon, definió al movimiento Black Lives Matter como una organización terrorista, se burló de las masacres que a menudo se perpetran en escuelas de EE.UU, se quejó de un préstamo del gobierno a la Autoridad Palestina y reivindicó la construcción del muro de Trump cargado a la cuenta de México. Sus posiciones extremas provocaron la reacción de sus pares que la excluyeron de la comisión de Educación y Trabajo de la Cámara Baja. Representa el pensamiento más cercano al expresidente.

Taylor Greene está en las antípodas de congresistas demócratas como Ilham Omar, de origen somalí y que ya usó el adjetivo “vergonzoso” para definir la política migratoria del presidente: “Es simplemente inaceptable e inconcebible que la administración Biden no esté revocando inmediatamente el límite de refugiados dañino, xenófobo y racista de Donald Trump” comentó.

A mediados de abril, se supo que Biden no permitiría elevar el número de ingresos al país para los inmigrantes. El viernes 16 el presidente desandó el camino que había señalado allá por febrero el secretario de Estado Antony Blinken, un descendiente de inmigrantes que huyeron del nazismo y el stalinismo, formado en Francia en la década del ‘70. El funcionario le había propuesto al Congreso aumentar de 15 mil a 62.500 el número de refugiados, pero el presidente de EE.UU bajo el argumento de la pandemia ratificó que la menor de esas cifras “sigue estando justificada por preocupaciones humanitarias y, por lo demás, es de interés nacional”.

Este comentario de hace un par de semanas le valió ácidas críticas desde su propia fuerza y de ONGs que ayudan a los migrantes. La congresista por Nueva York de origen portorriqueño Alexandria Ocasio-Cortés tuiteó que “el Departamento de Seguridad Nacional no debería existir, las agencias tienen que ser reorganizadas, ICE (la policía migratoria) tiene que eliminarse, hay que prohibir los centros de detención con ánimo de lucro, crear un estatus de refugiado climático y más”. Integra con Ilham Omar y otras diputadas el bloque The Squad (el escuadrón), ubicado a la izquierda del partido Demócrata.

Biden quedó en el medio del gran debate migratorio, casi inmovilizado. Uno de los gobernadores más ultraconservadores del país, Greg Abbott, responsabilizó a su gobierno en marzo de “liberar imprudentemente a cientos de inmigrantes ilegales que tienen COVID en las comunidades de Texas”. Es un integrante del Tea Party que acaba de permitir la no utiización de barbijos en ese Estado y la apertura del 100 por ciento de la actividad económica. Texas superó las 50 mil muertes desde que empezó la pandemia. En la frontera de ése y otros estados con México se juega el destino de miles de jóvenes y niños migrantes.

La portavoz del gobierno Jen Psaki informó el 19 de abril que Biden no había querido hablar de “crisis” migratoria cuando hizo declaraciones recientes, sino de la “crisis” en Centroamérica que provoca oleadas de dreamers sobre el país. En sintonía con ello la vocera de la Casa Blanca dijo que antes del 15 de mayo se anunciará un aumento de los 15 mil migrantes que había colocado como tope Trump para ingresar a Estados Unidos. Las críticas desde el progresismo demócrata se hicieron sentir. Obligaron al gobierno a dar una vuelta de tuerca más a un problema que puede transformarse en un caso insoluble.

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