Desde Río de Janeiro

Este martes, a menos que ocurra alguna sorpresa, será instalada una CPI – Comisión Parlamentaria de Investigación- en el Senado.  Será instalada no por decisión del presidente de la Cámara alta, sino por decisión explícita – y dura – del Supremo Tribunal Federal.

Todos los esfuerzos del ultraderechista Jair Bolsonaro, que alquiló buena parte de los partidos políticos en el Congreso para impedir que eso ocurra, resultaron vanos.

Se da por seguro que hasta el último minuto Bolsonaro y su pandilla tratarán de aumentar las ofertas para que senadores alquilables integren la comisión, que por ahora tiene mayoría – 7 a 4 – de opositores o independientes. Pero todo indica un fracaso.

La conclusión de la CPI será llevada al pleno del Senado, que no tiene poder de juzgar a los convocados a prestar testimonio. Su función exclusiva, acorde a la Constitución, es precisamente investigar.

Pero ese informe final puede llevar a la Fiscalía Pública a abrir investigaciones y denuncias. Y fácilmente provocar una avalancha de denuncias que fulminen al Genocida y lo catapulten del sillón presidencial.

El objetivo de la CPI, acorde a su instauración, es examinar acciones y omisiones del gobierno nacional en la pandemia que causó alrededor de 400 mil muertos por inercia, incompetencia o lo que sea.

Y en ese examen se da por inevitable establecer la responsabilidad directa del mandatario ultraderechista en el escenario catastrófico vivido por el país: no hay coordinación a nivel nacional para controlar la pandemia, faltan vacunas, falta material de salud, falta estructura, falta todo.

En caso de que ocurra lo que parece muy probable, o sea, que la CPI llegue a la conclusión de que Bolsonaro cometió “crímenes de responsabilidad” previstos en la legislación – y cometió al menos docena y media, con generosos puñados de pruebas –, le tocará al presidente de la Cámara de Diputados, el derechista Arthur Lira (imputado en varias denuncias criminales, que van de corrupción a agresión a su entonces esposa), decidir si abre un juicio para destituir al Genocida.

Frente a ese cuadro de presión extrema, Bolsonaro y su pandilla tratan por todos los medios de neutralizar el peligro.

Y por “todos los medios” entiéndase ofrecer lo que sea, básicamente puestos y presupuestos, a los integrantes del peor y más abyecto Congreso en las últimas muchas décadas.

Hay, sin embargo, otros datos que agregan más y más presión sobre la pandilla presidencial.

Avanzan investigaciones sobre actos de corrupción de los tres hijos del presidente que actúan en la política y también sobre el más joven, que optó por vender influencia, o sea, ser intermediador de empresarios con ministros que obedecen a su señor papá.

La crisis económica devolvió a la miseria a unos 30 millones de brasileños. El país, que había salido del Mapa del Hambre bajo los mandatos de Lula da Silva, tiene a unos 162 millones de habitantes con deficiencia alimentaria. Y de esos millones todos – casi cuatro Argentinas – unos 30 padecen, más que deficiencia, directamente hambre.

Esa misma crisis afecta inclusive al empresariado que respaldó al Genocida y que ahora retrocede. A excepción del agro y de los integrantes de la santísima entidad conocida como “mercado”, la ruina es una amenaza permanente. La desindustrialización del país es alarmante.

Acosado, Bolsonaro ve su popularidad desplomarse.

Y frente a ese cuadro tétrico, ¿qué hace?

Lo mismo de siempre, pero ahora con cada vez más intensidad. O sea, esparce muestras asombrosas de una alienación absoluta de la realidad, de una grosería primate, de un desequilibrio mental que deja clara la urgencia no de una intervención política o militar, pero psiquiátrica.

Cercado por militares oportunistas, todos creados y nutridos durante la pasada dictadura militar – y, por lo tanto, reaccionarios a lo bestia –, que además son de una incompetencia sin remedio, sigue dando muestras de creer que, bajo presión, el comando activo de las Fuerzas Armadas lo respaldará. No hay señales concretas de que eso ocurra.

Al contrario: es precisamente un general activo, Eduardo Pazuello, quien será masacrado en la CPI por su criminal conducción cuando estuvo al frente del ministerio de Salud.

Y todo lo que el Ejército no quiere es tener su imagen más ensuciada aún por la de un general que no es más que una abyección que deambula por ahí. Casi-casi comparable a su ex jefe.