![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/Juan%20Carlos-Tizzianil.png?itok=DVuntxKv)
Desde Santa Fe
El fiscal regional de Santa Fe Carlos Arietti le prohibió al director regional del Organismo de Investigaciones del MPA Alejandro Elías que le brinde a su jefe en el área, que es Marcelo Sain, “ningún tipo de información” sobre causas penales en trámite en Santa Fe “ni le permita el acceso” a los legajos. Es una orden de “estricto cumplimiento”, notificó Arietti a Elías y se justificó en su denuncia contra el ex ministro de Seguridad y en supuestas “razones de servicio”. Sain impugnó su prohibición ante el fiscal general Jorge Baclini, a quien le pidió que la anule porque Arietti no tiene “poder jerárquico” sobre Elías, pero además porque “perjudica ilegalmente” al Organismo de Investigaciones y “pone en cuestión” dos normas de la ley del Ministerio Público: “el principio jerárquico” y la “unidad de actuación de todo el MPA”. “Es de toda obviedad que sólo guiado por rencores personales” Arietti pudo dictar “semejante orden”, advirtió Sain. “La orden es un acto administrativo” y éstos “puedan aparecer viciados por desviación de poder, cuando persiguen fines ocultos”.
Arietti firmó la orden contra Sain el 7 de abril, después de denunciarlo por presuntas “faltas graves” en su desempeño como ministro de Seguridad y en la misma semana que su exsubordinado, el fiscal regional de Rafaela, Diego Vigo, le ordenó a los fiscales de la zona que “dejaran sin efecto” la intervención del Organismo de Investigaciones en causas en trámite en Rafaela.
Entre otras cosas, Arietti denunció a Sain por sus opiniones -cuando era ministro- que consideró supuestas “conductas injuriantes” contra Baclini y contra él. Sain opinó que Baclini era “responsable de gran parte de la crisis por la que atraviesa el MPA” (que hoy tiene tres fiscales presos, cuatro imputados y otros bajo la lupa). Y cuestionó a Arietti por su “comportamiento”. En Santa Fe hay “una justicia patricia, del poder”. “Arietti está más pegado al poder que a los problemas criminales, lo hemos visto en su comportamiento con relación al caso Oldani, tiene una mirada palaciega de la justicia”. Lo concreto es que la denuncia sobre ese caso la presentó Sain en junio de 2020, la investigación avanzó y la semana pasada el juez federal Marcelo Bailaque procesó a diez personas por supuesta “intermediación financiera no autorizada”.
Arietti le prohibió a Elías brindar a Sain “ningún tipo de información” sobre causas judiciales en trámite, “ni permitir el acceso” a los legajos. “La presente orden deberá ser transmitida a todo el personal a su cargo, informándose que se deberá dar estricto cumplimiento bajo apercibimiento de iniciarse los procesos disciplinarios y penales correspondientes”, notificó.
El 15 de abril, Sain rechazó su prohibición y le pidió a Baclini que la anule. Si bien Arietti “está habilitado para dictar instrucciones particulares, es obvio que debe actuar con particular esmero y prudencia cuando las dirige a cualquier funcionario sobre el cual no tiene poder jerárquico”, le dijo. Elías “está sujeto a las instrucciones” de Sain, por lo tanto la “prohibición” que ordenó Arietti “perjudica ilegalmente” al Organismo de Investigaciones, pero “pone en cuestión” dos normas de la ley del Ministerio Público: “el principio jerárquico” y la “unidad de actuación de todo el MPA”.
“Es de toda obviedad que sólo guiado por rencores personales” Arietti pudo dictar “semejante orden, incluyendo en su prohibición al funcionario inmediatamente superior de quien la recibe”. “La orden es un acto administrativo” y éste “puede aparecer viciado por desviación de poder, cuando persigue fines ocultos”.
Los fundamentos de la orden de Arietti contra Sain son “rigurosamente endebles”, dice. La ley “no habilita” al fiscal regional de Santa Fe a “dictar órdenes que afecten la relación jerárquica del funcionario receptor de la orden y, peor aún, que afecten severamente la gestión general del Organismo de Investigaciones”. Invocar la denuncia contra el ex ministro “no justifica de ninguna manera semejante actitud” de quién “sólo es denunciante”. Y las “razones de servicio no son más que un concepto jurídico indeterminado volcado al escrito sin precisión alguna”, concluye.
“La orden es la más rigurosa expresión del poder jerárquico y del deber de obediencia. Un acto administrativo sujeto al vicio de desviación de poder, más cuando -como es obvio en el caso- el móvil de su dictado es estrictamente subjetivo y ajeno a la buena administración”, dijo Sain.
Y le advirtió a Baclini: “Desde ya que si esta prohibición” de Arietti “perjudica el desenvolvimiento del Organismo de Investigaciones en algún caso concreto, lo haré saber de inmediato al fiscal regional de Santa Fe y formularé las denuncias correspondientes”.
Los hechos están a la vista:
*22 de marzo. Arietti informó a Baclini sobre una causa penal que instruye el fiscal Ezequiel Hernández por la situación de detenidos en comisarías de Santa Fe, cuando Sain era ministro de Seguridad.
*23 de marzo. El diputado Pablo Farías denunció a Sain ante el INADI por una conversación privada de 2020 con un ex jefe de Policía que se viralizó un año después. “Un audio robado”, lo llamó el ministro de Seguridad Jorge Lagna.
*24 de marzo. Veintidós diputados del Frente Progresista, entre ellos Farías y Maximiliano Pullaro (más Amalia Granata y cuatro de Juntos por el Cambio) le piden a Baclini que Sain no se reincorpore al Organismo de Investigaciones.
*26 de marzo. Las tres denuncias –de Arietti, Farías y de los legisladores- pasan a la auditora del MPA, María Cecilia Vranicich.
*26 de marzo. Apertura del juicio político, con los votos de cinco diputados del Frente Progresista –entre ellos Farías- y dos aliados. “Un acto ilegal e inconstitucional”, lo impugnó la diputada del PJ Matilde Bruera porque Sain ya no era ministro.
*5 de abril. Arietti denunció a Sain por supuestas “faltas graves”, cuando integraba el gabinete. Le reprochó que lo hubiera asociado a la “justicia patricia del poder”.
*5 de abril. La Junta de Fiscales allana el camino para revocar el decreto de Vranicich que se declaró incompetente para investigar a Sain por su gestión de ministro. Arietti oficia como denunciante y apelante al mismo tiempo. Los 22 diputados del Frente Progresista le piden a Baclini lo mismo que Arietti, que revoque la resolución de Vranicich, la aparte del caso y designe un auditor ad hoc.
*6 de abril. El fiscal regional de Rafaela Diego Vigo ordena a los fiscales de su zona que cesen al Organismo de Investigaciones en causas en trámite. Una orden “de facto” y “sin sustento legal”, alertó el secretario de Justicia Gabriel Somaglia al pedirle a Baclini que la anule. Vigo la revocó siete días después.
*7 de abril. Arietti ordenó al director regional del Organismo de Investigaciones Alejandro Elías que le niegue a Sain cualquier “tipo de información” sobre las causas en Santa Fe y le impida el “acceso” a los legajos. Una orden “guiada por rencores personales”, la impugnó el ex ministro.
*22 de abril. Baclini resuelve tal como le pidieron Arietti y los diputados del Frente Progresista y avaló la Junta de Fiscales: apartó a Vranicich y designó auditor ad hoc al fiscal regional de Reconquista, Rubén Martínez, para que inicie el procedimiento disciplinario que analizará la conducta de Sain.
.
