Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada
Que no son, aunque sean
Que no hablan idiomas, sino dialectos
Que no profesan religiones, sino supersticiones
Que no hacen arte, sino artesanía
Que no practican cultura, sino folklore
Que no son seres humanos, sino recursos humanos
Que no tiene cara, sino brazos
Que no tienen nombre, sino número
Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local
Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata

Los Nadies. Eduardo Galeano

Las demoras en la causa por el intento de homicidio de Lucas Cabello son una pequeña muestra de cómo actúa el Poder Judicial ante las y los más humildes. Es necesaria una transformación judicial integral para, en simultáneo, desarticular el lawfare y fortalecer el acceso a la justicia de nuestro pueblo.

Hace más de un año la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal tiene pendiente la confirmación de la condena del ex oficial de la Policía Metropolitana, Ricardo Luis Gabriel Ayala, por el intento de asesinato de Lucas Cabello en 2015.

Se trata de un caso paradigmático de gatillo fácil y violencia institucional. En 2019 se logró una condena en primera instancia -también con dilaciones varias- por 16 años por intento de homicidio agravado. Desde ese momento el ex oficial continúa sin cumplir la condena, a la espera de su confirmación por parte de la Cámara porteña.

Ante el reclamo por la demora realizado por la Dirección Nacional de Políticas Contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Sala 2 de la Cámara, a cargo de Daniel Morín, se excusó en sus propios criterios de “gravedad o relevancia institucional del asunto” (entre otros). A lo que sumó “las deficiencias estructurales propias de este tribunal” y problemas con “la planta de personal” por los que responsabilizó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Sería injusto no reconocer que algunas instituciones judiciales están sobrepasadas de expedientes a resolver. Cámaras colapsadas y tribunales que no dan abasto, resolviendo flagrancias y causas de instrucción. Un sistema preparado para reventar y no para reparar. Este fue el plan del ex ministro Germán Garavano: politizar la justicia para perseguir a la oposición política y que explote, entre dilaciones y excusas varias, para la gente de a pie. Pero también sería injusto no admitir que el deber de todo funcionario público de cada uno de los poderes de la República es servir, aún en la adversidad. Y comparativamente con otros poderes del Estado, el judicial sigue gozando de privilegios salariales, prerrogativas diversas, que no admite justificación alguna para no cumplir con las obligaciones regladas. Las y los funcionarios públicos debemos recordar siempre que detrás de cada expediente hay vidas humanas, dramas y esperanzas que esperan soluciones.

Hace unos días el ministro Martín Soria se refirió a la “intoxicación” de intereses políticos que sufre la Cámara de Casación Federal, apuntados durante el gobierno de Mauricio Macri a perseguir a opositores/as y a garantizar impunidad para los poderosos. Sin duda eso es parte central de la reforma judicial que tenemos como desafío y proyecto para la construcción de una sociedad más democrática. Pero también está la otra Justicia, aquella en que las causas de “los nadies” quedan relegadas y no representan asuntos de “gravedad o relevancia institucional” para el sistema judicial argentino.

El acceso a la justicia es un derecho humano universal que requiere presupuesto e inteligencia común entre los poderes públicos para lograr ser garantizado. El desafío de toda reforma judicial es diseñar dispositivos tribunalicios públicos efectivos, no revictimizantes ni deudores. Su efectividad depende de esa arquitectura.

Este es el Poder Judicial que tenemos, este es también el Poder Judicial que debemos transformar para que los derechos y su accesibilidad sean una realidad efectiva y concreta

La autora es Directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación