Productores familiares hortícolas realizaron ayer una protesta en Plaza de Mayo para reclamar por apoyo del Estado en un momento de estrangulamiento del negocio. También pidieron que avance en la Legislatura bonaerense la discusión de la ley de acceso a la tierra. Tal como sucedió en septiembre del año pasado, en la segunda versión del “verdurazo” se regalaron miles de kilos de verduras a la gente que se acercó a los camiones. La suba de los alquileres de la tierra y del precio de los insumos, la eliminación de programas de apoyo estatal a la actividad y la caída del consumo en el mercado local son los factores que explican la situación del sector.
La protesta fue organizada por la Unión de Trabajadores de la Tierra junto a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Se calcula que fueron entregados unos 20 mil kilos de verdura. Una muchedumbre aprovechó la oportunidad y se llevó tomate, morrón, lechuga, zapallitos y acelga. “Participaron de la protesta familias de productores del cinturón hortícola de La Plata, Zárate, Escobar y Mar del Plata, como también vinieron de Río Negro, Santa Fe, Jujuy y Santiago del Estero. Hay consenso en el reclamo porque la situación es muy complicada y la problemática por el acceso a la tierra es común a todos”, explicó la productora Andrea Díaz.
“Queremos que avance la ley de acceso a la tierra. Si bien recibió el compromiso de varios legisladores, falta la voluntad de los bloques en discutirlo”, agregó Díaz. Ese proyecto de ley prevé la constitución de un fondo fiduciario para generar créditos para la compra de tierras y un Banco Nacional de Tierras para que puedan ser entregadas a las familias pequeño-productoras”. En los últimos 25 años, el conurbano platense se convirtió en la región hortícola más importante del país. Se estima que más de un 75 por ciento de las familias productoras no son dueñas de la tierra en la que trabajan y viven. El problema estructural de ese tipo de explotaciones es que la cercanía a los centros urbanos incrementa el precio de la tierra, presionando sobre la rentabilidad del emprendimiento. “En consecuencia, se observa una total precarización, informalidad y fuerte explotación del trabajador hortícola”, indican las organizaciones.
“Nosotros en septiembre pasado presentamos una ley de acceso a la tierra y no se ha movido, mientras tanto afrontamos costos muy altos. Los alquileres están por las nubes y también la tarifa de luz y no hay una respuesta concreta del Gobierno ni de los legisladores. En la Casa Rosada nos cerraron la puerta”, indicó ayer el productor Elías Amador.
El problema no es sólo de carácter estructural vinculado al acceso a la tierra. La política económica del primer año de gestión de Cambiemos complicó el escenario hortícola. “A partir de la devaluación y la eliminación de retenciones, en los alrededores de La Plata el alquiler de la tierra subió entre un 30 y un 40 por ciento el año pasado y los insumos importados aumentaron un 80 por ciento. Además, la electricidad se utiliza para los sistemas de riego y las tarifas de luz pasaron a explicar una parte importante de los costos. Todo esto se da en contexto de baja del consumo y relativa estabilidad de los precios de las verduras y la eliminación del apoyo estatal. Todos los años en la zona de La Plata se recibieron distintos subsidios para paliar distintas emergencias como vientos, granizos y lluvias. Este año, en febrero, tuvimos el evento más destructivo de los últimos veinte años, con vientos de más de 100 kilómetros por hora que generaron destrozos en varios casos totales en la zona de Berazategui, Florencio Varela y La Plata y el Estado apenas entregó 4 rollos de nylon a un grupo de productores. Encima la suba de tasas impacta a través de las financieras sobre los punitorios usurarios que tienen que enfrentar los productores endeuados. Hay muchas familias que dejaron de producir ante esta situación de abandono del sector”, explicó a este diario Sergio Dumrauf, docente de la Universidad de La Plata.
Los productores familiares hortícolas también reclaman al Gobierno una Ley de Emergencia, la total suspensión de desalojos de campesinos de sus tierras y la reglamentación y asignación de presupuesto para la Ley de Agricultura Familiar.