El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°31 de la Ciudad de Buenos Aires ordenó el allanamiento y la posterior "restitución" al Gobierno porteño de tres viviendas del sector "YPF" del Barrio Mugica -ex villa 31- donde vivían familias que quedaron en situación de calle. El operativo que llevó a cabo la Policía de la Ciudad dejó, en medio de plaza seca que se extiende entre los edificios, varios carritos de metal cargados con cajas, mantas y bolsas de ropa. También había colchones y algunos muebles. “Para ellos es como venir a sacar la basura. No les importa a dónde vamos a parar”, reclamaron las familias y advirtieron que “se vienen más desalojos”. Fuentes de la Secretaría de Integración Social y Urbana (SISU) aseguraron a este diario que intentaron establecer "canales de diálogo" pero no tuvieron éxito. 

“Están desalojando en un contexto de pandemia, en el que las familias no tienen adonde ir”, señaló a Página/12 Silvana Olivera, referente de la Mesa de Urbanización Participativa de la Villa 31. Las viviendas “eran departamentos vacíos, en proceso de asignación pero la realidad es que estaban vacíos”. Fuentes de la SISU, a cargo de Diego Fernández, señalaron que esas viviendas “están destinadas exclusivamente al reasentamiento” del Bajo Autopista y advirtieron que “se intentó establecer canales de diálogo para llegar a una solución consensuada”. Sin embargo, “no prosperaron, incluso a pesar de estar en pleno conocimiento de las consecuencias legales que las tomas acarreaban”. 

Las 1.044 viviendas que la cartera de Fernández construyó en ese sector del barrio están destinadas a los vecinos y vecinas que vivían debajo de la Autopista Arturo Illia, uno de los sectores del barrio que se relocalizó como parte del "proceso de integración" de la villa que lleva adelante el Gobierno porteño, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta. “Hay una realidad y es que no se construyeron la cantidad de viviendas necesarias, lo venimos discutiendo desde que aprobaron el plan pero nunca nos escucharon”, explicó la referente, que vive en el sector Güemes. "Pareciera que a la Secretaría le conviene que nos peleemos entre nosotros, en lugar de darnos una solución real", añadió.

“Lo que quiero es un lugar para vivir”

Liz Paola Ibáñez estaba trabajando cuando el viernes pasado, a las ocho de la mañana, le llegó un mensaje de su marido que le avisaba del desalojo. “Por fin había conseguido trabajo, para cuidar a una persona mayor en el barrio de Flores. Era el primer día y me tuve que ir de urgencia. Esa misma tarde me despidieron”, relató Ibáñez, que desde noviembre del año pasado vivía en la planta baja del Edificio 14 del sector “YPF”. Llegó ahí con su marido y su hija, Alma, de siete años, después de que la dueña de la casa en la que alquilaban una pieza los echara, “porque se obsesionó con que íbamos a quedarnos con la casa, aunque nosotros siempre pagamos el alquiler”, señaló la mujer, que el viernes tuvo que repartir sus muebles y ropa en casas de conocidos, y duerme con su hija en un colchón de una plaza que pudieron hacer entrar en la cocina de la casa de una amiga.

“El 7 de noviembre llegamos a esa vivienda, en el barrio nuevo, y ese mismo día apareció un abogado del Gobierno de la Ciudad. Le contamos nuestra situación y nos dijo que nos podíamos quedar ahí hasta que ellos decidieran cómo ayudarnos, porque estábamos en situación de calle”, relató Ibáñez y agregó que “el desalojo fue violento, la zamarrearon a mi hija para despertarla y casi nos tiran la puerta abajo. Fue un atropello y un abuso de poder”. Ante la consulta de este diario, fuentes de la SISU aseguraron que “en ningún caso la Secretaría puede autorizar una toma de vivienda” y que se ofrecieron a las familias “las herramientas y el acompañamiento”, sin embargo, Ibáñez advirtió que todavía no recibió ninguna propuesta.

Ella y su marido tienen un pequeño emprendimiento de venta de pizzas con delivery, que les permitió sobrevivir cuando ambos se quedaron sin trabajo, en marzo del año pasado. “En medio del desalojo mi marido se dio cuenta de que había quedado la llave de la moto adentro de la casa y ni eso nos dejaron sacar. Quedó ahí, así que estamos sin casa y sin la moto para trabajar”, advirtió la vecina. "Te ofrecen plata, un cheque, un subsidio que no alcanza, pero yo lo que quiero es un lugar para vivir”, dijo.

Afuera del plan

A Marcela Mansilla tampoco le llegó notificación o aviso previo al desalojo.,Cuando apareció la Policía, ella estaba despertando a su hijo para llevarlo a la escuela, porque le habían dicho que ese día tenía clases. “Me pareció raro que dijeran allanamiento, pero los dejé pasar porque me dio miedo, y ahí nomás se pusieron a sacar todas nuestras cosas”, relató la mujer. Todo lo que ella y su familia -su marido, sus hijos de 20 y 7 años y su hija de 14- tenían en la casa lo consiguieron “cartoneando, buscando en la calle”. Como ninguno de los dos tiene trabajo, su única opción es conseguir un alquiler con el subsidio habitacional que le ofrece el Gobierno de la Ciudad. “Son 7 mil pesos y los alquileres no bajan de 10 mil, y más si tenés chicos”, advirtió Mansilla, que duerme en la calle desde el sábado.

“El viernes llevamos las cosas a lo de una amiga, porque se venía la tormenta y se nos iba a arruinar lo poco que tenemos. Dormimos ahí una noche pero después nos tuvimos que ir. Estamos sin nada”, señaló la mujer, quien está bajo tratamiento psicológico porque en diciembre perdió a uno de sus hermanos, a quien había cuidado durante un año. “En febrero del año pasado tuvo un accidente y con mi marido nos mudamos a su casa, en el partido de Malvinas Argentinas, para cuidarlo. Estuvo internado diez meses y en diciembre murió”, relató Mansilla. 

En el barrio alquilaban una habitación en la casa de su suegra, que vivía en el Bajo Autopista. Con la relocalización, a ella le adjudicaron un departamento en las viviendas nuevas, y el año pasado le tocó mudarse, junto a los seis nietos que tiene a cargo. “Ella firmó lo que le dijeron porque no sabe leer, y no sabía tampoco que tenía que pedir el desglose para que nos anotaran a nosotros como una familia aparte, entonces quedamos afuera del plan de viviendas”, explicó Mansilla. Cuando en octubre volvieron a la villa, ya no tenían adonde vivir.

Según aseguraron vecinas y vecinos, más de veinte las familias están en esta situación. “Sabemos que los desalojos seguirán”, expresó en un comunicado la Mesa de Urbanización Participativa. Mientras las viviendas que habían sido ocupadas quedaron cerradas y con custodia policial en la puerta, en la villa hay tres familias que quedaron en la calle.

Informe: Lorena Bermejo