El espionaje macrista volvió a escena durante los últimos días. Un informe de la Comisión Bicameral de Inteligencia denunciando la existencia de un Estado mafioso durante el período 2015-2019, un golpe de timón en la Cámara Federal de Casación que le arrancó la causa de las manos al juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé, una declaración de repudio --muy reñida-- en el Consejo de la Magistratura y una serie de contragolpes de imputados contra jueces y fiscales que los investigaban: todos esos elementos se conjugan en el panorama que tendrá a los tribunales de Comodoro Py nuevamente como protagonista en las próximas semanas

Hace exactamente una semana, la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) presentó un informe de 377 páginas describiendo el espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri, a quien la mayoría de sus integrantes responsabilizó directamente por la vigilancia sobre aquellos considerados disidentes por la administración Cambiemos. La comisión, presidida por el diputado Leopoldo Moreau, sostuvo que se trató de un plan sistemático de inteligencia ilegal y logró recabar que 354 personas y 171 organizaciones habrían estado bajo la mira de los servicios.

En ese plan no habría estado únicamente involucrada la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), sino que habría contado con la colaboración del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y del Ministerio de Seguridad, que comandaba Patricia Bullrich. El espionaje fue masivo y la CBI se basó en algunos casos para dar cuenta de su sistematicidad y de algunas de sus características:

*Espionaje sobre los propios: Allí resalta el atentado que sufrió José Luis Vila, a quien el 7 de julio de 2018 le dejaron un artefacto explosivo sin conectar en la puerta de un domicilio en el que había vivido. Vila era por entonces subsecretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa y había tenido una larga carrera en la Secretaría de Inteligencia. La denuncia de Vila ante la CBI fue la que originó la investigación sobre el espionaje en la era macrista. Vila le apuntó no sólo a la AFI sino a un sector de la inteligencia de Defensa. El columnista de La Nación Carlos Pagni ratificó por carta el 19 de junio del año pasado que el propio Gustavo Arribas le había mencionado a Vila, fuera de todo contexto, como alguien que aspiraba a su puesto.

* Espionaje político: La AFI de Arribas creó una dirección de reunión enfocada íntegramente en la provincia de Buenos Aires, el bastión del peronismo. Se conoció como el Proyecto AMBA y, aunque comenzó a prepararse en 2016, se desplegó en 2017, el año de las elecciones de medio término y cuando Cristina Fernández de Kirchner volvía a competir electoralmente en ese territorio. El espionaje estuvo centrado en los partidos, en los sindicatos y en las organizaciones sociales --especialmente los comedores populares--. Como destaca la CBI en su informe, espiaron a quienes participaron de manifestaciones por la desaparición de Santiago Maldonado e incluso se vigilaron las actividades que se llevaron a cabo durante el aniversario de la desaparición de Jorge Julio López. El juez Alejo Ramos Padilla --a cargo de la investigación judicial-- señaló que varios de quienes estuvieron al mando de las seis bases AMBA (Morón, La Matanza, Pilar, Ezeiza, Quilmes y San Martín) habían ingresado a la Policía Bonaerense durante la dictadura. La CBI tomó declaración a Vicente Melino, uno de los coordinadores de las bases, y a Alicia Nocquet, que estuvo a cargo de la base Morón e incluso habló del vínculo con el sector de Jurídicos de la AFI.

*Espionaje sobre los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan: La investigación surgió a partir de una denuncia presentada por la interventora en la AFI, Cristina Caamaño. Ante la CBI declararon tanto la abogada Valeria Carreras como Luis Tagliapietra, abogado y padre de uno de los submarinistas, que mencionaron seguimientos, intrusión en teléfonos y redes sociales e incluso aparición de personas que podrían ser infiltrados de los servicios de inteligencia. Mencionaron que fueron fotografiados y que incluso detectaron drones.

*Espionaje sobre la principal líder opositora a Macri, Cristina Fernández de Kirchner. El episodio del Instituto Patria ya fue analizado también por la justicia y tienen sus procesamientos confirmados tanto Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, el exdirector operacional de Contrainteligencia Martín Coste y el exdirector de Operaciones Alan Ruiz. Ante la CBI declararon exespías del grupo Súper Mario Bros que les habían pedido a ellos que hicieran los seguimientos a la expresidenta, que finalmente terminó haciendo personal de Contrainteligencia de la AFI.

*Espionaje penitenciario: se realizó sobre exfuncionarios kirchneristas y empresarios. Hubo vigilancia sobre los detenidos e interceptación de las comunicaciones entre los presos y sus abogados. Antes de que la Casación les sacara la causa, los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide estaban centrados en la investigación sobre estas escuchas que estaban en poder de distintos juzgados --incluido el de Claudio Bonadio-- y de la AFI.

*Los Súper Mario Bros: La CBI los define como un grupo de tareas conformado por agentes orgánicos de la AFI. Todos habían sido incorporados durante la gestión de Diego Dalmau Pereyra al frente de Contrainteligencia. Para los diputados y los senadores conformaron una estructura paralela a la de la propia AFI, ya que habrían estado directamente dedicados al espionaje sobre políticos, sindicalistas, periodistas e incluso religiosos. Realizaban esas tareas en un departamento que alquilaba la AFI y que, por ende, estaba por fuera de las estructuras “oficiales” de la exSIDE. Fueron varios los exSúper Mario Bros que se presentaron ante la CBI, como Jorge Sáez, quien reclutó tanto a Leandro Araque como a Mercedes Funes Silva desde la Policía de la Ciudad. También se presentó el abogado Facundo Melo, que llegó a la AFI de la mano de Sáez y estuvo en las bases AMBA antes de incorporarse a los Súper Mario Bros.

*Una asociación ilícita paraestatal. La CBI retoma la caracterización hecha por Ramos Padilla en la investigación que tiene como actores más relevantes al falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio y al fiscal federal Carlos Stornelli. Allí entendió que se daban una serie de características que hacían a la paraestatalidad del espionaje: convergencia de intereses con importantes actores estatales, la facilitación de información por parte de organismos públicos, planificaciones conjuntas con magistrados, invocación de servicios de inteligencia y magistrados al momento de las maniobras extorsivas, e incluso protección estatal, ya que la maniobra fue puesta en conocimiento de un fiscal, sin que existieran consecuencias jurídicas al respecto.

*El crecimiento de la Dirección Administrativa de Asuntos Jurídicos (DAAJ) de la AFI, que estaba en manos de Juan Sebastián de Stefano. Este sector no sólo se expandió en la cantidad de miembros,sino que concentró el contacto con jueces y fiscales y la capacidad de solicitar escuchas telefónicas, según reconstruyó la CBI. “Amplió notablemente sus misiones y funciones, incluso a aspectos operacionales”, escribieron los diputados y senadores en el informe. Una vez terminada la experiencia del proyecto AMBA, la DAAJ absorbió al personal y también creó una oficina de desgrabación de las escuchas.