El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi deberá decidir si acepta la excusación de su colega María Eugenia Capuchetti y si se queda con la investigación de espionaje ilegal que la semana pasada la Cámara de Casación decidió sacar de Lomas de Zamora. Esa definición en uno de los expedientes más sensibles que tramitan en el fuero federal sucede mientras en Comodoro Py se libran otras batallas en las que los investigados por espionaje buscan sentar en el banquillo a quienes los investigaron.

Capuchetti, la jueza que inicialmente quedó a cargo de los expedientes después del pase a Py, se excusó porque habría sido víctima ella misma de la vigilancia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), según surge en la causa sobre los ingresos a las bases de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM). No es la única ni la excepción en el fuero. Ahora, Martínez de Giorgi debe decidir si le parece explicación suficiente la de Capuchetti --que habrían ingresado tres veces a sus registros migratorios desde la sede central de la AFI-- para no entender en el expediente sobre el espionaje que hasta ahora tramitó en Lomas de Zamora. Si la acepta, él se queda con la investigación. En caso contrario, la causa vuelve a la Cámara Federal para que este tribunal defina qué juez deberá entender. 

Martínez de Giorgi conoce en parte la causa de Lomas. En 2018, él dictó el sobreseimiento de los exdirectivos de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani después de que le explicaran que, en realidad, no habían estado espiando a Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria, sino cumpliendo con tareas investigativas en el marco de una causa abierta en Lomas de Zamora por las cumbres de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el G20. Además, el año pasado, mientras subrogó el juzgado de Claudio Bonadio, cerró la causa conocida como Operativo Puf --surgida en base a escuchas ilegales a los presos kirchneristas en Ezeiza-- y se la remitió a la fiscalía de Lomas para su investigación.

Por si esto fuera poco, Martínez de Giorgi tiene para analizar la excusación de otro de sus colegas, Sebastián Ramos, que hasta hace días estuvo a cargo de la causa de la DNM. Dejó la causa porque él también, al igual que Capuchetti, habría sido espiado. Si Martínez de Giorgi acepta las dos excusaciones, podría acumular tanto la investigación de Lomas  como la de Migraciones y la denuncia que hizo Nieto --y apoyó Mauricio Macri-- sobre filtraciones de información que estaba almacenada en su teléfono. Después deberá definir si acepta el apartamiento del fiscal Carlos Stornelli, que, en un acto de arrojo, pidió dejar la causa por ser querellante en la causa del Operativo Puf, obviando su procesamiento en Dolores.

Pero ésa no es la única batalla que se libra en Retiro. En la misma semana en la que Lomas perdía la pulseada con Comodoro Py, el exdirector administrativo de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Juan Sebastián de Stefano se presentó en Retiro para denunciar a los fiscales Cecilia Incardona, Santiago Eyherabide y a la integrante de la Casación Federal Ángela Ledesma --que siempre se opuso al traslado a Py y reclamó con insistencia que su colega Mariano Borinsky respondiera a las recusaciones por sus visitas a Olivos, por su supuesto vínculo con Nieto o con los defensores anteriores de De Stefano--. La acusación es tan estrambótica que el delito parecería ser que Incardona fue años atrás prosecretaria de Ledesma en la Casación. No es novedad: figura en su currículum. La fiscal a cargo, Paloma Ochoa, ya pidió desestimar la presentación de De Stefano, lo que debería ser convalidado por Julián Ercolini.

Ante Ercolini también se presentó Stornelli para pedir que investigue a Alejo Ramos Padilla, el juez que lo procesó por sus andanzas con Marcelo D’Alessio. Quiere que Ercolini mire con quién se comunicó el entonces juez federal de Dolores entre diciembre de 2018 y febrero de 2019, cuando se inició la investigación del D’Alessiogate. También, pretende que Ercolini averigüe si Ramos Padilla trabaja en la feria o lo hizo en el verano de 2019 excepcionalmente. El fiscal procesado tomó envión después de que el 23 de marzo pasado los camaristas Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia ordenaran la reapertura de esa causa que ya había cerrado Martínez de Giorgi por inexistencia de delito. Todo sucede mientras en la Casación se debate si se confirma el procesamiento dictado por Ramos Padilla.

En el Consejo de la Magistratura todavía perduran las heridas que abrió el debate sobre el espionaje a jueces y juezas durante el último plenario. Los consejeros del oficialismo junto con los jueces Alberto Lugones y Juan Manuel Culotta votaron una declaración de repudio al espionaje que habrían sufrido los magistrados. El macrismo se opuso a llamarlo “espionaje ilegal” y el juez Ricardo Recondo tampoco acompañó el texto. “Lamento que no haya salido por unanimidad”, le dijo el presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, a Página|12. “No quedan dudas de que hubo espionaje ilegal y de que fue gravísimo”.