La Fiscalía consideró probadas agresiones sexuales, el secuestro y las torturas que sufrieron tres mujeres durante su cautiverio en la Escuela de Mecánica de la Armada en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad que tiene lugar desde octubre pasado, y exigió penas de 25 años de prisión para sus responsables, los represores Jorge “Tigre” Acosta y Alberto "Gato" González. “Los crímenes ocurrieron tal como ellas (las víctimas) los relataron ante el tribunal”, consideró el fiscal Leonardo Filippini en su alegato.

Es el Tribunal en lo Criminal Federal número 5, integrado por los jueces Adrián Grünberg, Adriana Paliotti y Daniel Obligado, que dirige el quinto juicio de lesa humanidad que se lleva a cabo por los crímenes que tuvieron lugar en la Esma. La causa que comenzó a ventilarse de manera oral y vía transmisión remota --pandemia mediante-- desde el 27 de octubre de 2020, hace eje en la violencia sexual ejercida por los represores sobre las víctimas mujeres de aquel centro clandestino de detención durante su cautiverio y libertad vigilada. La investigación retomó hechos ventilados en el segundo debate por los hechos de la Esma y tras la orden del mismo TOF.

Tras cuatro años de instrucción y otros cinco de demora, el juicio que llegó a la etapa definitoria de alegatos repasó las agresiones sexuales que sufrieron tres sobrevivientes --Silvia Labayrú y otras dos que prefirieron mantener su identidad en reserva--, además del secuestro y las torturas sufridas por una de ellas. Las denunciantes declararon por la vía remota; sus testimonios fueron, aseguró el alegato de Filippini, “consistentes” con las demás pruebas que se analizaron durante el juicio, entre ellas el testimonio de muchas y muchos sobrevivientes que, en debates anteriores, “dieron cuenta de la especificidad de estas violencias”. Esas historias también fueron valoradas en el alegato del Ministerio Público Fiscal.

Filippini remarcó que las agresiones sexuales de parte de los represores de la Esma “no cesaban con los interrogatorios bajo tortura”, sino más bien eran “una nota persistente en el centro clandestino”. 

“Los delitos probados dejaron expuesta una violencia específica, de contenido sexual e impacto especial sobre las mujeres, en el circuito represivo de la Esma”, resumió el fiscal a este diario. Según su análisis, el ingreso a ese circuito “implicaba el sometimiento de las víctimas a agresiones sexuales de distinta intensidad que podían ser cometidas por guardias o por oficiales del grupo de tareas, incluso en espacios fuera del predio”.

Uno de los basamentos del alegato del Ministerio Público fue la resolución n 557/12 de la Procuración General de la Nación que comparte “Consideraciones sobre el juzgamiento de los abusos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de Estado”. Entre esos lineamientos propuestos, se señala que no solo autor responsable de delitos de aquella índole quien pone sus manos directamente sobre la víctima sino también “…quien ejerza fuerza sobre ella, quien emita la orden de llevar adelante ese abuso sexual, quien sea responsable del funcionamiento del centro clandestino de detención donde se comete el crimen o todo aquel que realice un aporte cuya magnitud sea el motivo para afirmar su incidencia determinante en la configuración final del hecho…”

Acosta y González, ambos en pleno cumplimiento de condenas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad como jefe e integrante respectivamente de la patota de la Esma, el grupo de tareas 3.3.2, llegaron a este juicio imputados por los delitos de violación, abusos sexuales, manoseos, tocamientos, violencia sexual y abusos psicológicos. La investigación fue desarrollada bajo la órbita del Juzgado Federal número 12, a cargo entonces del juez Sergio Torres; el fiscal fue Eduardo Taiano.

El caso de Labayrú fue el que trascendió, pero no el único. Durante la instrucción de la causa, la sobreviviente denunció que al poco tiempo de dar a luz a su hija, mientras seguía secuestrada en la Esma, Acosta, la “llevó a un salita” y le dijo que “tenía que adelgazar porque estaba muy gorda y tenía que estar en mejores condiciones físicas”. Además, la increpó por no haber “entregado a nadie” desde su detención: “Como prueba de que no los odiaba tenía que aceptar tener relaciones sexuales con algún oficial, que eso no iba contra la moral cristiana, ni contra mi matrimonio, que era una prueba de mi recuperación”, reprodujo en una entrevista con PáginaI12. Tras aquella “charla”, sufrió la primera violación de parte de González, abusos que se repitieron entre 10 y 15 veces.