El gobierno de Santa Cruz presentó una denuncia penal por “daños, atentado contra el orden constitucional y democrático, sedición y violación de domicilio” contra los manifestantes que protestaron violentamente en la noche del viernes y madrugada del sábado frente a la residencia de la gobernadora Alicia Kirchner. La denuncia penal fue realizada el sábado por la fiscal de Estado adjunta de la Provincia, Andrea Askenazi Vera, para quien habría existido vinculación entre los incidentes y la presencia de medios de prensa nacionales que cubrían la protesta.

“Estamos aquí ante una acción coordinada por violentos, de forma premeditada, en banda y a altas horas de la noche (con presencia de móviles en vivo de medios nacionales) a fin de destituir al gobierno democrático de la provincia”, argumentó el Gobierno en la denuncia.

Askenazi Vera puso en duda que la protesta haya sido autoconvocada. “Resulta más que llamativo que los mencionados hechos de violencia, casualmente ocurran en las fechas que medios nacionales (TN, Canal 13 y América) deciden visitar nuestra ciudad, contando con móviles en vivo, a fin de mostrar los hechos detallados”, sostuvo la fiscal.

El Gobierno provincial argumentó en su presentación judicial que la protesta fue convocada “mediante redes, radios provinciales y dos medios nacionales, que comenzaron a arengar a fin que la gente se acerque a la residencia de la gobernación”. La demanda que firmó la fiscal de Estado, ex conjueza federal de Río Gallegos, incorporará nuevas filmaciones y fotografías de los hechos que terminaron con el accionar de la policía de Santa Cruz.

Manifestantes de distintos gremios estatales se concentraron el viernes a la noche frente a la residencia oficial para exigir el pago de salarios atrasados y la normalización de las prestaciones de los distintos organismos del Estado. A causa de la represión policial desatada en medio de las agresiones contra la residencia, los sindicatos estatales realizaron ayer un paro.

En la demanda se detalló también que en la residencia estaban “la gobernadora, Alicia Kirchner, la ex presidente Cristina Fernández, Helena Vaca Narvaja Kirchner, Margarita Zelaya, Miriam Gajardo y Mónica Kloster, éstas últimas, empleadas de la gobernación”.

Además, precisó “que entre las 22.30 y 0.30 los manifestantes se volvieron más agresivos y violentos, profiriendo cánticos racistas, pidiendo la renuncia de la gobernadora, e incitando a la violencia y a la destitución del gobierno actual, mientras tiraban bolsas de basura y piedras” contra la residencia.

El Gobierno relató en el escrito judicial que por los incidentes se produjo “la rotura de seis vidrios y tres portones” y luego se “rompió la puerta principal de ingreso a la residencia sobre la calle Alcorta; motivo por el cual el comisario mayor Dante Abud ingresó a la residencia para construir una barricada”, con el objetivo de “evitar que las personas, que con grado de gran violencia actuaban coordinadamente en los patios internos de la residencia, lograran el cometido de ingresar a la casa, poniendo en peligro real y concreto la vida e integridad física de quienes allí se encontraban”.

A su vez, pidió una orden de restricción de acercamiento a cualquier edificio público al dirigente de Judiciales de Santa Cruz Juan José Ortega, a quien calificó como “un activista de reconocida trayectoria por su violencia” por haber “tomado otros edificios públicos de forma violenta, como el Superior Tribunal de Justicia, Caja de Previsión Social” y “agredir a funcionarios públicos provinciales y nacionales”.