Las mujeres y personas gestantes privadas de su libertad en las cárceles de diferentes provincias argentinas surfean un cotidiano de vulneración de derechos que afecta su permanencia y sus vidas, en establecimientos donde el trato humanitario y los vínculos materno-filial sufren obstáculos y prácticas institucionales alarmantes, que les impide ejercer un contacto vital con sus hijes, el debido cuidado de sus embarazos y partos, y que en cambio distribuyen requisas invasivas sobre niñes y adolescentes, entre algunos de los puntos más salientes que describen hoy las Observaciones del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), a la solicitud de Opinión Consultiva sobre “Enfoques diferenciados en materia de Personas Privadas de Libertad”, que presentara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2019. El CNPT recogió diversos testimonios que evidencian las problemáticas angustiantes de las personas privadas de libertad y dan cuenta de la incertidumbre que experimentan las mujeres madres respecto de la ausencia de visitas por parte de sus hijes. El relevamiento que incluye visitas de inspección a cárceles de Córdoba, Tucumán, Santa Fe y Buenos Aires reveló, por caso, que en Córdoba “las mujeres privadas de libertad señalaban dificultades de tipo legal que atravesaban, dado que, aun cuando los progenitores no asumían la responsabilidad parental, eran ellos quienes debían autorizar el ingreso de sus hijas e hijos a los centros de detención”. Luego de la visita del CNPT y a partir de episodios que incluyen suicidios e incidentes en la Unidad N°3 del Complejo Carcelario de Bouwer, se puso en marcha un acuerdo entre la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), el Ministerio de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia provincial, para empezar a resolver la problemática. “El impedimento de contacto con hijos/as supone un agravante en las condiciones de detención que impacta de forma diferenciada en la salud mental de las madres, derivando en la aparición de mayor sintomatología, dependencia farmacológica y autolesiones que en la población masculina encarcelada”, precisa el informe. Mientras tanto, los programas penitenciarios y sociales no articulan, relevan ni sistematizan en forma adecuada la información relacionada con el entorno familiar de las mujeres cis y trans privadas de libertad, lo que dificulta la implementación de políticas que fortalezcan sus redes socioafectivas. Algunas cifras que exponen la complejidad: “En Santa Fe, durante 2019, hubo 221 mujeres cis y trans detenidas, de las cuales 156 mujeres eran madres (70 %) -de 8 no había registros-, pero sólo 5 convivían con sus hijos dentro del establecimiento. De los 151 restantes, 39 tenían hijos/as menores a 5 años. En el mismo período, en Buenos Aires había 1.490 mujeres cis y trans detenidas, de las cuales 1.108 tenían hijos/as (74 %), aproximadamente la mitad tenían más de 4 hijos/as (482) y 299 tenían niños/as menores a 5 años.” Las entrevistadas relataron que sufren cuestionamientos del personal penitenciario sobre su capacidad de maternar y los modos en que ejercen la maternidad. En las visitas de inspección a la provincia de Buenos Aires, "esta situación suele observarse a partir de requisas nocturnas, donde el personal penitenciario destapa a los niños y verifica sus signos vitales. Ante la queja de las madres, se ha señalado que esta práctica se realizaba para constatar si los niños estaban vivos, porque ellas no sabían cuidar de ellos", describe el documento del CNPT. Y muchas de las mujeres aseguraron sufrir amenazas por parte del Servicio Penitenciario, advirtiéndoles que les quitarían a sus hijes si no se comportaban adecuadamente.