Colombia es escenario este 28 de abril de uno de los hechos más importantes en la lucha contra la evasión tributaria y los paraísos fiscales de los últimos años. Por primera vez en la historia de nuestra región y muy probablemente del mundo, se realiza un paro nacional cuyo eje central es el logro de la justicia social a través de una mayor justicia impositiva, es decir, de una reforma tributaria integral y progresista para sustituir la actual propuesta del gobierno de Iván Duque.

La huelga nacional que convocó el Comando Nacional Unitario (CUT), que integra a los principales sindicatos del país, cuenta con la adhesión de organizaciones de jubilados y sectores de la pequeña y mediana empresa y el comercio. La Asociación Colombiana de la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI, no se ha pronunciado explícitamente sobre el paro, pero ha rechazado de manera tajante la reforma tributaria gubernamental con argumentos similares a los de los sindicatos planteando en el discurso una virtual alianza política, otra interesantísima novedad de esta huelga. Según los sindicatos, el proyecto de ley de Solidaridad Sostenible, nombre que recibió la propuesta tributaria gubernamental presentada en marzo, es una reforma regresiva, es decir, una reforma en la que pagan todavía más los que menos tienen y siguen pagando mucho menos impuestos los que más tienen.

En medio de una fuerte crisis económica y con la covid volando como en el resto de Sudamérica, el gobierno de Duque ha apelado a la receta típica para equilibrar las cuentas. El gobierno propone subir los impuestos al consumo, que son los impuestos más regresivos porque afectan al conjunto de la población, y mantener o apenas modificar las tasas impositivas de los ricos y corporaciones que seguirán contando con generosas exenciones tributarias.

En respuesta la convocatoria de la CUT al paro contiene un verdadero programa alternativo tributario que incluye la lucha contra la evasión fiscal y los paraísos fiscales, la eliminación de las exenciones impositivas a las corporaciones y los ricos. Pagina I12 dialogó con el fiscal del Comando Nacional Unitario (CUT) Fabio Arias Giraldo sobre la proyección política y económica que tendrá la medida.

- ¿Por qué se oponen a la reforma tributaria de Duque, el llamado paquetazo?

– Mire, de los 27 billones de pesos (… más de 7 mil millones de dólares…) que aspira a recaudar el gobierno, el 90% de los ingresos sale del impuesto al valor agregado que se incrementa del 5 al 19% o del 0% al 19% y del impuesto a la renta de los trabajadores asalariados y dependientes. En una época en la que hay semejante recesión nacional y mundial y las tasas de desempleo son de tal magnitud y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores es tan alta, es un exabrupto económico y social imponer impuestos a los que deben liderar la demanda de bienes y servicios, el consumo que necesita la economía para recuperarse. Con esta reforma se acaba de agravar la situación extremadamente compleja que atraviesa la población.

-- Este es un problema de larga data en Colombia y en toda América Latina, la injusticia fiscal. Es decir, una recaudación basada en el IVA, las exenciones impositivas a las corporaciones, la evasión tributaria y los paraísos fiscales. ¿Qué proponen ustedes?

- Las cuentas que hacemos es que si se eliminan las exenciones fiscales que gozan las corporaciones multinacionales y las nacionales se conseguirían los 27 billones de pesos que el gobierno busca recaudar con la reforma tributaria. Si a esto se le añadieran controles a la evasión tributaria que asciende a 43 billones de pesos en Colombia según la DIAN, la autoridad fiscal, y a esto se le sumara un combate a los paraísos fiscales en donde, según los datos del mismo gobierno nacional, hay 370 billones de pesos, que representarían una recaudación de por lo menos 14 billones, es decir, si uno suma estas cifras, no se necesitaría esta reforma tributaria. Agréguele además que, como parte de la reforma, el gobierno propone una inversión absolutamente innecesaria en esta época como es la adquisición de 24 aviones de guerra que cuestan 14 billones de pesos. Si usted pone todo esto junto soluciona el tema fiscal que preocupa al gobierno, pero también avanza hacia una justicia tributaria progresiva en la que las grandes corporaciones y los grandes empresarios tendrían que pagar lo que corresponde.

– Históricamente las huelgas se hacen por temas salariales o de condiciones laborales o en protesta ante una determinada política económica gubernamental. Es la primera vez que veo una huelga que tiene como eje central la justicia tributaria. ¿A qué atribuye este cambio?

 – Hombre porque los trabajadores sabemos que no se trata únicamente de mejorar nuestros salarios para mejorar nuestra situación de precariedad laboral y social. Entendemos que el Estado tiene una cantidad de mecanismos múltiples para mejorar – o deteriorar – nuestra condición precaria. Esto es más urgente en la época actual por el grave problema del desempleo y la pérdida de ingresos de la población. Todo esto ha obligado a la gente y los sindicatos a pensar también en este tema esencial. Pero además nunca un gobierno se había atrevido a tanto en materia tributaria en esta era neoliberal. El impuesto a la gasolina por ejemplo va a aumentar del 5 al 19%. El costo de los servicios públicos va a aumentar del 0% al 19%. De manera que la gente se empieza a decir “ah pero me están sacando la platica del bolsillo para pagar impuestos”

– También es interesante la conformación de un frente entre los sindicatos, las pequeñas y medianas empresas y los jubilados. La Asociación Colombiana de la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI, no se ha pronunciado sobre el paro, pero ha rechazado la reforma tributaria con argumentos similares a lo de los sindicatos. Hay una confluencia objetiva de intereses.

 – Nosotros tenemos organizaciones que hemos propiciado desde el sindicalismo para crear alianzas con sectores campesinos, indígenas, afros, estudiantiles, académicos. A este sector que estaba conformado que se llama el Comité Nacional del Paro, se han sumado, con la reforma tributaria, algunos sectores de las empresas, sectores del transporte y pequeños comerciantes que apoyan el paro. Hay una confluencia entre los intereses de las PYMES y los trabajadores porque los dos sufren a manos de las grandes corporaciones y las grandes empresas. La situación se está convirtiendo en un escenario que puede tener un fuerte impacto político de cara a las elecciones de 2022.

 – Precisamente le quería preguntar eso. ¿Este paro va a tener una traducción política o se va a agotar en la huelga?

 – Siempre hemos pensado que el sindicalismo tiene que pensar en la política. No tiene sentido que hagamos todo este escenario de movilización política y no lo acompañemos con expresiones de representación política en el legislativo y el ejecutivo en las elecciones de 2022. Así que estamos trabajando en esta dirección.