La Corte Suprema de Justicia decidió desestimar el pedido de la Procuración General de la Nación (PTN) de que se convoque al Gobierno bonaerense como parte involucrada en el amparo presentado por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, contra el DNU nacional que ordenó el cierre de las clases presenciales en el AMBA hasta el 30 de abril. 

La decisión da una señal respecto de cómo contemplará el tribunal supremo la política consensuada durante el primer año de pandemia respecto de que toda el área metropolitana era una misma área epidemiológica. 

"En mérito a que los argumentos expuestos no permiten tener por justificada una comunidad de controversia que habilite la intervención, se desestima la citación obligada de tercero de la Provincia de Buenos Aires allí solicitada", sostuvo la Corte ante el pedido presentado por el procurador Carlos Zannini. 

El descargo a la PTN se presentó anoche a las 23.06 y la Corte giró este martes el informe de más de un centenar de páginas a la Procuración, a cargo de Eduardo Casal, para que dictamine sobre el caso. Casal --nombrado de manera interina durante la presidencia de Mauricio Macri-- tendrá 72 horas para dar su opinión. 

De esta manera, la Corte estaría habilitada a definir sobre el amparo presentado por Larreta el mismo viernes 30 de abril, cuando queda sin efecto el DNU firmado por el presidente Alberto Fernández para suspender las clases presenciales en el AMBA ante el incremento de casos. 

A pesar de la desobediencia porteña, los gobiernos nacional, bonaerense y porteño ya retomaron el diálogo para analizar medidas conjuntas ante la crítica situación sanitaria por la suba de casos de Covid-19. La definición de la Corte Suprema será entonces un dato político sin incidencia en la gestión de la pandemia. 

El descargo de Nación

En el descargo presentado anoche, Zannini sostuvo que el mantenimiento de la presencialidad en las aulas en el distrito porteño impactará en la cantidad de casos (y muertes) no sólo en la Capital Federal sino también en la Provincia de Buenos Aires, ya que entendió al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como una suerte de distrito único.

Si la Corte hiciera lugar al reclamo de la Ciudad "aumentaría la circulación de personas entre las jurisdicciones y por lo tanto se incrementaría la velocidad en el crecimiento de los contagios", sostuvo el Gobierno nacional y advirtió que pondría "en riesgo la salud de la población y el sistema sanitario no sólo de CABA sino también de la provincia, en tanto resulta parte integrante de este aglomerado urbano".

En ese contexto fue que el organismo que reúne a los abogados del Estado pidió que, previo a resolver, la Corte convoque como parte a la provincia de Buenos Aires, para que a través de sus autoridades sanitarias se pronuncie sobre el conflicto planteado por la Capital Federal. 

"La saturación del sistema de salud tiene como consecuencia directa el aumento de las cifras de mortalidad. (…) Eso es lo que enfáticamente se busca evitar", sostiene el documento presentado por el organismo que encabeza Zannini.

"Resulta indispensable establecer restricciones en forma focalizada y temporaria, respecto de determinadas actividades o de la circulación de personas para disminuir la velocidad en el incremento de los contagios y para prevenir la saturación de los establecimientos del sistema de salud", justificó el documento.