“La Unidad de Información Financiera y, en parte, la AFIP están promoviendo una serie de flexibilizaciones en los controles del sector financiero que pueden terminar transformando a la Argentina en una plaza atractiva para lavadores de activos”. El diagnóstico sobre el accionar de la UIF fue realizado por Gabriel Pérez Barberá, uno de los dos titulares de la Procuración de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), durante una entrevista publicada por En Letra, una revista especializada en derecho. Los cuestionamientos al organismo que preside el abogado Mariano Federici, sin embargo, no se agotan ahí. Las decisiones y el accionar de las autoridades de la UIF acumulan rechazos al interior del Ministerio de Justicia, entre fiscales y jueces de Comodoro Py e incluso entre los oficiales de cumplimiento de los bancos. El rediseño del organismo y la reticencia para aportar datos de inteligencia en las investigaciones forman parte de las críticas.

El fiscal federal Federico Delgado remitió a mediados de febrero un informe a la procuradora Alejandra Gils Carbó donde advertía sobre las demoras en la entrega de información solicitada a la UIF así como las diferencias de profundidad y extensión entre los informes referidos a personajes vinculados al kirchnerismo y aquellos referidos a los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. La displicencia de algunos peritos enviados por la unidad a los juzgados para analizar documentación y la escasez de los datos presentados en distintas causas sensibles es una preocupación compartida por dos de los magistrados consultados para este artículo. 

Una de las críticas centrales realizadas por Pérez Barberá en esa publicación fueron las sendas resoluciones administrativas de la UIF y la AFIP que ordenaron a los bancos prescindir de las declaraciones juradas de los clientes que pretenden abrir cuentas. “Para justificar esas resoluciones (la UIF y la AFIP) invocan recomendaciones del GAFI. Pero de esas recomendaciones no se sigue de ningún modo lo que están implementando aquí”, advirtió el fiscal. “Hicieron todo lo posible para que el sinceramiento avance, incluso nos ordenaron a través de distintas resoluciones que dejemos de pedir las declaraciones juradas a los clientes pero las normas vigentes nos responsabilizan por los posibles delitos de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo que comentan los clientes, sobre los cuales ahora no tenemos información”, explicó a este diario un directivo de un banco privado de capital nacional. 

“La UIF muestra una actitud contraria a compartir información necesaria para la investigación de los delitos de lavado de dinero. Su presidente señala todo el tiempo que quiere poner a la UIF a tono con los estándares internacionales. Pero lo cierto es que esos estándares se oponen completamente a lo que la UIF está haciendo aquí”, afirmó Pérez Barberá durante la entrevista. En ese sentido, el reporte remitido en febrero por el fiscal Delgado a la Procuradora advierte, por ejemplo, que en la causa Panama Papers la UIF demoró cinco meses para aportar escasa información vinculada a reportes de operaciones sospechosas que ni siquiera pudo sumarse a la investigación como objeto de prueba. La documentación que sí aportó a la causa se conoció al mes siguiente y fue aquella donde el organismo aseguró que no había indicios sobre el lavado de dinero. 

En ese reporte el fiscal lamenta además la respuesta parcial suministrada por la UIF ante los requerimientos de información en la causa vinculada al escándalo Lava Jato donde el jefe de los espías, Gustavo Arribas, ya fue sobreseído. “El 2 de febrero la UIF dio una repuesta parcial a lo solicitado. Respondió que no podía enviarla en virtud del secreto establecido en la ley de sinceramiento fiscal. Es decir: aportaron algo de información pero el juez no pudo tener acceso a los documentos que avalarían aquella”, escribió Delgado en el informe que pudo consultar este diario. En cambio, según publicó el diario Perfil el mes pasado cuando accedió a otros reportes del fiscal, la información fluyó con celeridad en la causa denominada ruta del dinero K y la investigación contra el ex secretario de Obras Públicas, José López, donde la UIF por iniciativa propia presentó un informe de 35 páginas sobre un supuesto testaferro del ex funcionario. 

“Tenemos una muy buena relación con la UIF, pero creo sinceramente que están llevando adelante una gestión muy equivocada en algunos aspectos. Y ello puede derivar en que Argentina, en el futuro, vuelva a ser evaluada de modo negativo por el GAFI”, advirtió Pérez Barberá, quien llegó a la Procelac el año pasado. El malestar con la UIF excede incluso a jueces y fiscales que requieren informes para avanzar en las investigaciones por lavado de dinero o narcotráfico. En febrero PáginaI12 reportó los reproches que existían desde un sector del gobierno a los cambios en el funcionamiento y en el organigrama de la entidad reguladora por considerar que apañaban al sistema financiero. El principal inconveniente señalado fue el traspaso de jurisdicción de la UIF, que desde su creación estuvo bajo la órbita del Ministerio de Justicia y ahora pasó a depender de la cartera de Finanzas, que conduce Luis Caputo.

En sintonía con los señalamientos realizados por funcionarios del equipo de Germán Garavano, Pérez Barberá sostiene que ese rediseño “torna inevitable que la UIF termine siendo más sensible a las demandas de la economía que a las de la justicia, cuando las UIF no está para generar políticas económicas sino para ejercer un determinado control en ellas. Su localización en el Ministerio de Justicia no era ideal, pero era preferible a la actual. Porque desde su ubicación anterior la UIF debía rendir cuentas, siquiera simbólicamente, al sistema de justicia. Hoy esa referencia simbólica está corrida de lugar”, advirtió. 

@TomasLukin