La provincia de Buenos Aires prorrogó hasta el 7 de mayo la fecha límite para que los bonistas adhieran al canje de deuda bajo legislación extranjera. Es la decimoquinta vez que el gobierno de Axel Kicillof extiende el proceso, aunque esta vez lo acompañó con un llamado a una ronda de consultas con los principales tenedores para terminar de delinear una enmienda a la oferta original presentada hace un año.

Desde el gobierno provincial aseguraron que dentro de los próximos once días, la Provincia de Buenos Aires (PBA) convocará a los acreedores que aún no han aceptado la oferta a una última ronda de consultas para identificar e incorporar las mejoras finales en una enmienda formal de la propuesta, siempre que estén en linea con la sostenibilidad de la deuda provincial y la sostenibilidad macroeconómica agregada.

"La Provincia permanece comprometida con una negociación de buena fe, y ha dado muestras de ello a lo largo de todo el proceso, a pesar de la actitud intransigente de algunos acreedores individuales", sostuvieron desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas.

La deuda pública de la PBA, expresada en dólares, asciende a 10 mil millones de dólares; de los cuales 7.100 (el 69,5 por ciento) pertencen a bonistas Ley Internacional y son las que se encuentran en este extenso periodo de negociación. Los Bonos Ley Local representan el 18 por ciento del total y los préstamos con agencias multilaterales de crédito, el Gobierno Nacional y los préstamos OCDE representan el 6,6 por ciento, 4,6 por ciento y 1,3 por ciento, respectivamente.

"La Provincia tiene un problema de sustentabilidad de la deuda pública en moneda extranjera como consecuencia de cuatro años de políticas en las que aumentó la deuda y modificó su composición. La deuda con bonistas internacionales, por ejemplo, pasó de representar el 28 al 69,5 por ciento de la deuda. Es decir que no sólo que se dolarizó, sino que también se concentró en los mercados financieros internacionales", aseguran desde el Ministerio en diálogo con Página 12. 

Desde la primera propuesta del 20 de abril de 2020, la provincia propuso lograr una extensión de la vida promedio de los bonos desde los cuatro años actuales a trece años, un ahorro de intereses durante el período 2020-2027 de 55 por ciento comparado con el monto actual a pagar y del 7 por ciento en el capital.

Luego de ser rechazada once veces por los acreedores, a fines de marzo pasado y tras diálogos constantes con los bonistas, la provincia hizo pública una mejora en la propuesta: eliminó la quita de capital, elevó el valor de los cupones y disminuyó la vida promedio de los nuevos bonos, de más de trece años a once años.

Dos días más tarde, un grupo de acreedores respondió con una demanda en los tribunales de Nueva York como "resultado de ausencia de negociaciones de buena fe, curso de confrontación e incumplimiento que ha creado un ambiente de inversión hostil en PBA". Desde el gobierno provincial entendieron la judicialización como una estrategia de presión. 

Efectivamente, el mismo grupo tenedores de bonos del Grupo Ad Hoc de Buenos Aires emitió la semana pasada un duro comunicado contra el gobierno provincial con motivo del vencimiento del nuevo plazo de negociación. 

"Los términos de la oferta de canje fallida estaban claramente desconectados de la realidad de la situación económica y financiera actual de la Provincia cuando se lanzó inicialmente  --planteó el grupo de bonistas--, y se han vuelto sustancialmente más a medida que los ingresos y la capacidad de pago de la Provincia han continuado recuperándose", publicaron en un comunicado y agregaron: "Se puede encontrar una resolución, pero sólo si y cuando el gobernador Kicillof y su equipo dejen de jugar a la política con las finanzas de la Provincia, en perjuicio duradero de las empresas y los ciudadanos de la provincia".

El gobierno provincial, en cambio, insiste en que "ha buscado permanentemente maneras de llegar a un entendimiento con sus bonistas, siempre dentro de un marco de sostenibilidad de la deuda provincial" al tiempo que se se mantiene optimistas en que un entendimiento que conduzca a una reestructuración exitosa de la deuda es posible