Fue unos minutos después de que el ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo, retirara personalmente de la camioneta policial un flamante chaleco antibalas y lo colocara al último uniformado del grupo que aguardaba firme y en fila en la Unidad de Prevención Barrial de la villa 15. Minutos en los que se refirió a las bondades de los nuevos chalecos, de la tanda de 10 mil que habían provisto desde que llegó se traspasó la Federal a la Ciudad. Recién después, salió al cruce de las preguntas sobre la reciente suspensión del jefe de la misma institución que recibía los chalecos, Pedro Potocar, debido a que es investigado en una causa por coimas que pagaban comerciantes y trapitos a uniformados de comisarías de Núñez y Saavedra. “Pedro Potocar no está imputado ni procesado, está mencionado en la causa –aseguró Ocampo–. Esperamos que él aclare su situación en la Justicia y rápidamente vuelva a desempeñarse como jefe de la fuerza”. La aclaración terminó en un bochorno para el gobierno porteño: cuatro horas más tarde, fuentes judiciales informaban que el fiscal José María Campagnoli, que ya había detenido a seis uniformados, entre comisarios, subcomisarios y suboficiales, había pedido la detención de Potocar. Al jefe no le sirvió el chaleco.

Potocar se sostuvo en el cargo apenas cuatro meses. En enero, fue designado jefe de la nueva Policía de la Ciudad, la mélange de federales y metropolitanos que organizó el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, luego del traspaso de las comisarías de la Federal a la Ciudad.

La investigación en la que ahora aparece Potocar con pedido de detención, fue iniciada por Campagnoli en noviembre de 2016, cuando un policía de la comisaría 35ª, de Núñez, denunció que se cobraban peajes de protección a comerciantes de Saavedra, Núñez y Villa del Parque, y a trapitos para permitirles trabajar en la calle.

Para el juez de la causa, Ricardo Farías, del juzgado de instrucción 14, los policías investigados “organizaron una asociación que funcionaba paralelamente a la estructura de la seccional 35ª, con jurisdicción en los barrios de Núñez y Saavedra, para llevar adelante una pluralidad de planes delictivos con el objeto de percibir dinero indebidamente”. Entre noviembre y diciembre se realizaron allanamientos en las comisarías 52, 37, 41, 43 y 47, y fueron detenidos los policías Marciano Quiroga y Alejandro Malfetano, y luego los suboficiales Adrián Otero y Sergio Ríos. Néstor Villarreal, –ex titular de la comisaría 35 y luego pasado a la seccional 52– continúa prófugo. 

El 12 de abril, Farías procesó a la comisario inspector Susana Aveni como “jefa u organizadora” de la asociación ilícita y al subcomisario Marcelo Stefanetti –detenido el 28 de marzo– como miembro. Stefanetti actuaba en la División Comando y Control del 911. Aveni era jefa de una de las circunscripciones de la CABA, y al ser detenida el 5 de abril pasado, estaba en el área de Narcocriminalidad. Aveni era la superior directa de Villarreal. Junto a Stefanetti fue detenido Hernán Kovasevich, de la División Antidrogas Especiales. 

Según los investigadores, Potocar estaba mencionado en un cuaderno con anotaciones sobre supuestos pagos y cobros de coimas. En ese momento, Potocar ocupaba el cargo de Director General de Comisarías, vértice al que según los investigadores llegaban los pagos efectuados por comerciantes y trapitos. El 29 de diciembre pasado, Horacio Rodríguez Larreta creó la nueva Policía de la Ciudad, y designó a Potocar a la cabeza de la institución. Para esa fecha ya estaba siendo analizado por Campagnoli. 

Télam
Ocampo defendió a Potocar durante la entrega de chalecos antibala.

El procesamiento llegó después. El escándalo se disparó cuando uno de los detenidos, Stefanetti, pidió ampliar su declaración y dijo que Potocar y el comisario Villarreal se llevaban “entre 25 mil y 40 mil pesos mensuales cada uno”. La declaración de Stefanetti se sumó a la documentación previa, en la que se hallaron alusiones al pago que realizaba una serie de comerciantes de Núñez de entre 1500 y 3500 pesos para recibir protección, y el que entregaban los trapitos, entre 400 y 500 pesos por semana, para poder realizar su trabajo sin ser molestados por los uniformados.

Cuando saltó el escándalo, Rodríguez Larreta optó por desplazar en forma transitoria al jefe Potocar. “La decisión, adoptada a través del decreto 139/17 del Jefe de Gobierno por recomendación del ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo, preserva el principio de inocencia de Potocar y se adopta hasta tanto se resuelva su situación procesal en la causa N° 26.168/2016 que tramita en el Juzgado Criminal y Correccional N° 14 a cargo del Dr. Ricardo Luis Farías, Secretaría N° 143 a cargo del Dr. Sebastián Del Gaizo”, indicó el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño.

En el comunicado ministerial, se informaba que “Potocar no está procesado” pero el estar investigado “le impondrá la necesidad de dedicar tiempo y energía al ejercicio de su derecho a defensa”.

Potocar recibió el generoso paraguas de la presunción de inocencia que le tendía el gobierno porteño, mientras que su cargo “continuará bajo la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad, a cargo de Marcelo D’Alessandro”. Provisoriamente. Al menos así lo tenía entendido el ministro Ocampo cuando, ayer, colgó el último chaleco antibalas a los policías formados en la UPB de la villa 15.

El miércoles pasado, con la declaración del arrepentido, Campagnoli había decidido sumar a la lista de detenidos al propio Potocar, considerando que había prueba suficiente para que Farías no objetara la solicitud. Pero el pedido de detención no trascendió hasta la tarde de ayer. Horas antes, a la mañana, ante las preguntas de la prensa Ocampo insistió con la transitoriedad del apartamiento de Potocar, casi pintado como un voluntario paso al costado. “Pedro había sido mencionado en esa causa –lo nombró Ocampo, familiarmente– y a los efectos de preservar la transparencia de la institución y de darle a él la posibilidad de que se avoque a defenderse, si se tuviera que defender en esa causa, se tomó una medida que es absolutamente provisional”, sostuvo.

Todo indica que se tendrá que defender. 

A última hora sostuvo en una entrevista televisiva ser un “ciudadano honorable”. “Necesitaba dar explicaciones pero no me convocan, me enteré a través de los medios (del pedido de detención)”, dijo y agregó: “Esto que estoy viviendo no es propio de una república, todos son trascendidos o comentarios”. 

Al cierre de esta edición circulaban versiones sobre su inminente detención. Pasaría a ocupar entonces un lugar poco original en este gobierno: el de ser el primer jefe de una nueva institución recién creada y pasar a quedar procesado y detenido. Lo antecedió el Fino Palacios por la Metropolitana (ver aparte).