En lo que se calificó como una resolución "histórica", el juez federal de Revisión, Guillermo Elías, condenó a Jorge Moya, Moira Pabloff, Jesús Tarqui y Edith Romero, integrantes de la comisión directiva del Club Atlético Central Norte, de Embarcación, por un fraude con planes sociales del gobierno nacional.
La sentencia, que incluyó condenas a prisión de ejecución condicional, la asignación de tareas comunitarias y donaciones por parte de cuatro dirigentes deportivos, se dictó en una audiencia de control de acusación en la que las partes, la fiscalía, la querella y las defensas, presentaron un acuerdo. El Ministerio Público Fiscal de la Nación destacó el fallo como inédito en Salta en materia de fraude con planes sociales.
“La resolución a la que se arribó es para Salta, al menos, histórica, pues jamás se habría llegado a un final así con el sistema mixto, donde este tipo de casos demandaban años de proceso sin que el Estado obtuviera nada al final del camino, en cambio, en este caso y con el nuevo código en menos de un año se logró una condena y reglas de conducta ejemplificadoras y disuasorias”, afirmó el fiscal general Eduardo Villalba.
En el acuerdo el fiscal Villalba y la querella, a cargo de la abogada Verónica Viera, en representación de Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), establecieron una pena de tres años de prisión de ejecución condicional para Moya y Pabloff por el delito de fraude a la administración pública. Para Tarqui se acordó una pena de dos años de prisión condicional. Además, se dispuso que los tres acusados donarán mensualmente por dos años, dos tarros de leche en polvo (de fórmula 1, 2, 3, o 4) de 800 gramos por cada uno de ellos (cualquiera sea su marca) a la Asociación Civil Franciscana “Pata Pila”, con sede en Tartagal.
En cuanto a Romero, también imputada fraude a la administración pública, se acordó una suspensión de juicio a prueba por un año, lapso en el que deberá realizar tareas comunitarias en la cocina de la escuela Néstor Oscar Palacios, en Embarcación, a razón de dos horas y media por día y dos veces por semana.
Esta investigación se inició a partir de una denuncia de la ANSeS ante la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12 de la Capital Federal, a cargo de Alejandra Mángano, que daba cuenta de que los directivos tramitaban beneficios sociales, sobre todo el salario social complementario, y realizaban una retención de una parte o a veces del total del beneficio. Para eso se valían del padrón de socios del Club.
En ese marco, en Salta se realizaron allanamientos y el 29 de abril de 2020 fueron detenidos Moya, Pabloff y Tarqui. Mientras que Romero la acusación penal alcanzó a Romero, quien seguía adelante con las maniobras fraudulentas desde el seno del club.
El fiscal Villalba les atribuyó a Moya, Pabloff y Tarqui, presidente, tesorera y secretario del club, respectivamente, haberse organizado para gestionar beneficios sociales financiados con fondos del Tesoro Nacional. Aseguró que “la gran fortaleza” que tenían era el “padrón” con el que contaban, que el fiscal definió como una especie de base de datos de numerosas personas de Embarcación y zonas aledañas, información que obtuvieron de otros grupos sociales de la región. Con estos datos, los acusados iniciaban la gestión de los beneficios e incluso los utilizaban para cancelarlos, cuando los beneficiarios se negaban a cumplir con la contraprestación exigida.
Nada de filantropía
El fiscal destacó que los trámites para la obtención de los planes sociales, los acusados "no lo hacían por ningún acto de filantropía, sino para sacar provecho propio, pues a cambio de la obtención de tales beneficios exigían determinadas sumas de dinero, siendo utilizado el Club Atlético Central Norte como pantalla de una maquinaria fraudulenta, de la cual se valieron para un beneficio patrimonial”.
Según se estableció en la investigación, las personas que conseguían los beneficios sociales a través de la "ayuda" de los directivos del Club, debían entregar la mitad de lo que cobraban y en algunos casos, hasta la totalidad. Este aporte era disfrazado como un aporte en concepto de “cuota social” de $750. En otros casos, la contraprestación consistía en trabajos para el Club, desde la limpieza, la cocina y hasta hubo un caso de una comunicadora que debía mencionar o hablar bien de los dirigentes en una radio.
Siguiendo ese mismo "modus operandi" los ahora condenados incluso contrataron jugadores de fútbol, en su caso jugaban como compensación por el beneficio tramitado a su favor.
Los beneficiarios que no cumplían con los pagos era castigados con el bloqueo de las tarjetas de cobro, o debían pagar multas consistentes en descuentos del beneficio recibido.
Un corte de pelo a modo de coima
En la audiencia el fiscal sostuvo que las víctimas estaban prácticamente sin salida, porque por un lado el comisario de Embarcación hacía la vista gorda a cambio de que una beneficiaria le cortara el pelo gratis. Además, el Ministerio Público Fiscal federal sostuvo que "La fiscalía penal tampoco dio curso a las denuncias, con lo cual las personas que necesitaban realmente de esta ayuda social, no tenían a quien acudir, pues la policía, la fiscalía ni tampoco las autoridades del banco habrían hecho nada por ellos".
En la investigación federal finalmente se pudieron establecer 18 hechos, en los cuales los acusados “sustituyeron al Estado y direccionaron los planes sociales en su beneficio y del Club Atlético Central Norte”.
El fiscal Villalba también destacó que la investigación y su posterior resultado es el producto del nuevo sistema de enjuiciamiento, que posibilitó que, desde un inicio, se trabaje conjuntamente y articuladamente con la fiscala Mángano, que intervino detectando las irregularidades, y la ANSeS, que luego se constituyó como querellante.
