Catorce efectivos de la Policía de Jujuy y un funcionario judicial fueron detenidos en el marco de la causa por la irrupción en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy y el arresto de dos estudiantes, ocurridos el jueves 13 de abril. Según fuentes judiciales, los detenidos fueron imputados por la Fiscalía de Investigación 4, a cargo de Aldo Lozano, por los delitos de “allanamiento ilegal, abuso de autoridad, privación ilegítima de la libertad agravada por apremios ilegales y vejaciones y prolongación indebida de privación de la libertad”. Por la tarde, diez de los detenidos fueron liberados.
A los comisarios generales Aldo Soles y Natalio Ruiz, jefes de la fuerza que renunciaron la semana pasada, también acusados, el fiscal les sumó los cargos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Ambos permanecen libres.
Para la fiscalía, los delitos se agravan por la “prolongación indebida de la privación de la libertad”, ya que los dos estudiantes detenidos, Ignacio García y Joaquín Quispe, éste último presidente del centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias, estuvieron varias horas en la Comisaría 1ª.
Después de la detención de los policías y un funcionario del Departamento Contravencional, el ministro Seguridad local, Ekel Meyer, confirmó ayer a la tarde que por orden de la Justicia “liberaron a 10 policías detenidos” y ratificó su apoyo a los efectivos de la institución policial.
Mientras, los policías imputados están denunciando, a través de sus familiares, que el máximo responsable de todo lo ocurrido es el jefe de guardia del Departamento Contravencional provincial el día del operativo, Rafael Rubén Rodríguez, uno de los detenidos.
El jueves 13, estudiantes de la Universidad Nacional de Jujuy sufrieron un fuerte operativo de la policía provincial que contó con cinco patrulleros, que ingresaron de manera ilegal al predio de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNJu, situado en el barrio Los Naranjos, en un evidente avasallamiento de la autonomía universitaria que interrumpió el festejo de “bautismo” de los primeros años de esta institución. Tres efectivos policiales, usando una fuerza física desmedida se llevaron detenido al presidente del centro de estudiantes de la facultad y al alumno Ignacio García. De igual manera amedrentaron a los estudiantes que grababan el operativo ilegal. No era la primera vez que perpetraban una abierta violación a la jurisdicción federal que corresponde a las universidades nacionales. Los jóvenes fueron liberados posteriormente, al tiempo que sus compañeros difundían el video en las redes sociales, generando un rápido repudio a los hechos.
Quispe relató que se lo llevaron por preguntarles a los policías si tenían orden judicial para ingresar en la universidad. Ya en la seccional, por negarse a sacarse la ropa para ser requisado, lo asfixiaron levantándolo del cuello y cuando notaron que lo ahorcaban, esposado por la espalda, lo tiraron al piso y lo dejaron a la intemperie. Lo liberaron a las 10 de la mañana siguiente, sin permitirle hacer una llamada telefónica.
Frente al descargo del Ministerio de Seguridad jujeño, que sugirió que los policías habían actuado para constatar una contravención por “ruidos molestos”, se produjo un repudio generalizado que incluyó a organismos de derechos humanos, universidades de todo el país, al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y hasta la agrupación radical Franja Morada, que pidió sanciones para “el o los responsables de este irregular accionar”. Finalmente, el viernes 14 por la noche, el gobernador Gerardo Morales modificó la estrategia oficial de justificar el operativo y pidió disculpas públicas a través de cuatro mensajes que escribió en su cuenta de la red social Twitter.
Con esta decisión, el gobernador buscó mostrar que estaría dando una respuesta “contundente” ante el repudio generalizado y el escándalo nacional que causó la represión de los estudiantes en el interior de la universidad nacional. Además, se da en el marco de los escándalos vinculados a la corrupción dentro del gobierno provincial que están saliendo a la luz, donde uno de sus funcionarios más cercanos, Raúl García Goyena, secretario de Comunicación y Gobierno Abierto, fue “desvinculado” en las últimas horas, tras ser sorprendido presionando a medios de comunicación que no acataran la voluntad del Ejecutivo provincial. Una periodista lo grabó admitiendo que presionaba a los medios para que no informaran sobre la detención ilegal de Milagro Sala y relatando que dejó de pagarle publicidad a un medio local para que “se arrodillen”.
