El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) formalizó este miércoles la reglamentación de la aplicación de cobros por Consumos No Registrados (CNR) por parte de las empresas Edenor y Edesur en la zona metropolitana de Buenos Aires, tras el reclamo de problemas en la facturación del servicio por parte de numerosos usuarios.

A través de la Resolución 95/2021 publicada en el Boletín Oficial, el ENRE estableció que las distribuidoras de energía “deberán notificar a la persona usuaria con una anticipación no menor a dos días hábiles administrativos, previa la inspección del medidor y contraste de medidor”.

A su vez, indicó que, en caso de que correspondan utilizar notas de débito o facturas complementarias, ambas “deberán ser emitidas de forma independiente y contener un plan de pagos con tantas cuotas mensuales como períodos a recuperar”.

Finalmente, se instruyó a las concesionarias a que implementen este procedimiento sobre las notas de débito y liquidaciones complementarias que hubieran sido emitidas por este motivo, con el objetivo de que se apliquen sobre estas la nueva reglamentación.

Esta medida se produce luego de que en febrero pasado el ENRE ordenara a Edenor y Edesur que dejaran de exigir el pago de CNR o suspender suministros por falta de pago de estos conceptos, independientemente de que se hubiera generado o no un reclamo por parte del usuario, hasta tanto no se definiera un procedimiento para acreditar esos consumos.

“La acreditación de tales tipos de anormalidades requiere de su comprobación real por parte de las distribuidoras, así como la normalización de las instalaciones donde se hubiese advertido un incorrecto funcionamiento de los medidores”, señaló por entonces el ENRE.

Si bien las distribuidoras pueden emitir facturas complementarias en casos en los que los valores de energía no hubieran sido registrados o hubieran sido medidos en exceso, la inclusión de cargos de CNR no respetó el Reglamento de Suministro, que establece requisitos para permitir su inclusión en la factura.

“Continuamos trabajando con el objetivo de propender a la normalización del sector y las tarifas con el objetivo de garantizar una normal prestación de los servicios públicos, garantizando los derechos de las personas usuarias y la seguridad ciudadana”, concluyó el organismo.