La Justicia hizo lugar hoy a una medida cautelar y ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires suspender el cobro del impuesto a los sellos, que equivale al 1,2 por ciento sobre los consumos con tarjetas de crédito. El gravamen había sido incorporado en la órbita porteña en enero pasado.

El Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad decidió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por legisladores del Frente de Todos y "ordenar al GCBA que –a través de la AGIP– suspenda" la resolución que estipula el cobro del impuesto". El tribunal indicó que se deberá "arbitrar los medios necesarios para que las entidades bancarias intervinientes tomen conocimiento" de la determinación "hasta tanto se dicte sentencia definitiva". La medida se dictó en el marco de una acción colectiva y fue restringida. Ahora se apelará para que alcance a todos los habitantes de la Ciudad.

El escrito fue firmado por la Jueza de primera instancia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Alejandra Beatriz Petrella, y dispone que la orden estipulada "deberá ser cumplida en el plazo de cinco días y en idéntico plazo deberá ser acreditado su cumplimiento en las presentes actuaciones".

La cautelar fue presentada por el legislador del Frente de Todos, Juan Manuel Valdés, quien consideró que se trata de "un fuerte antecedente que destaca la ilegitimidad del impuesto" y aseguró que pretende darle un carácter colectivo e invitará a vecinos y organizaciones sociales y de consumidores para que participen del proceso judicial.

"Es necesario entender que no se puede avanzar sobre el bolsillo de los porteños y porteñas. La creación de nuevos impuestos no puede ser moneda corriente en el distrito con más recursos del país", criticó Valdés. De ese modo, remarcó que "el fallo marca el camino para frenar el afán recaudador".

El gravamen se cobra sobre el total de los consumos, realizados tanto en pesos como en dólares. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta justificó el tributo como consecuencia de la decisión de la Casa Rosada de restarle a la Ciudad un punto de la coparticipación tras la crisis de septiembre en la provincia de Buenos Aires, cuando se acuarteló una parte de la Policía Bonaerense.

Con ese impuesto, más la eliminación de la exención de Ingresos Brutos a las Letras de Liquidez y a las operaciones de pases, la Ciudad buscaba obtener 19.700 millones de pesos para compensar la pérdida de coparticipación, estimada en unos 53 mil millones de pesos.

Según la ley aprobada en noviembre último, la base imponible de este gravamen está constituida por los débitos o cargos del período incluidos en la liquidación o resumen, cualquiera fuere su concepto, netos de los ajustes provenientes de saldos anteriores.