Desde hace tres semanas, el sistema informático de causas del Poder Judicial dejó de mostrar los escritos, audiencias y resoluciones en el expediente del concurso del Correo Argentino que antes la sala B de la Cámara Comercial publicaba en forma sistemática. El 19 de abril figura que simplemente el tribunal aceptó una presentación que decía que la Procuración del Tesoro asumiría la representación del Estado. Pero el escrito presentado por ese organismo no está “subido” al sistema de acceso público. En la Cámara la explicación ante diversas consultas fue que había un problema con la designación de una apoderada del área. Todo este llamativo intríngulis coincidió con un momento crucial: el procurador que acaba de quedar desvinculado, Carlos Balbín, preparaba una serie de presentaciones que –según pudo saber PáginaI12 por funcionarios de la causa– serían críticas hacia el papel en el caso del propio Gobierno, al que la fiscal Gabriela Boquin en febrero último responsabilizó de haber aceptado una propuesta de pago de la empresa de la familia Macri “ruinosa” y “abusiva”, que implicaba condonarle el 98,87 por ciento de la deuda.

Aquel planteo de la fiscalía fue el que dejó en evidencia al gobierno de Mauricio Macri que, parado de los dos lados del mostrador, había aceptado perdonarle al Correo una deuda calculada en 4 mil millones de pesos acumulados desde 2001. Después vendría el anuncio de marcha atrás y el pedido del Estado ante la Cámara Comercial para una reformulación del convenio. Pero el día de la audiencia para volver a discutirlo, el Estado pidió dejar todo el proceso en suspenso por 120 días hábiles, lo suficiente como para dar aire al Gobierno, muy golpeado en su imagen por este asunto, durante la campaña electoral. Ese pedido fue presentado el 16 de marzo. Lo deben resolver las camaristas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, quienes han demostrado gran habilidad para actuar a favor del paso del tiempo, a punto tal que tuvieron el expediente en la Cámara desde el año 2011 hasta que celebraron la audiencia de junio del año pasado cuando se hizo el acuerdo cuestionado.

El argumento del Estado para pedir tiempo era que quería esperar un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) y que quería que se comenzaran a implementar dos decretos que luego de este escándalo firmó Mauricio Macri para regular conflictos de interés. La Cámara comenzó a pedirles opinión a todas las partes. Hasta ahora opinaron los síndicos, la mayoría en favor de otorgar los meses requeridos. Lo que sucede es que según uno de los decretos recientes, de ahora en más debe intervenir obligatoriamente la Procuración del Tesoro en nombre del Estado. En rigor, cerca de una década atrás participó del proceso. Luego dejó de hacerlo. La semana pasada se presentó otra vez. Debe opinar, primero, sobre los 120 días, algo que no se hizo.

La Procuración del Tesoro (que es el cuerpo de abogados del Estado) ya había empezado a intervenir por otras dos vías en el tema: una denuncia del fiscal de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, quien también la llevó a los tribunales federales, para que se rastreen responsabilidades de los funcionarios que intervinieron en el acuerdo del Correo pero que a la vez se reconstruya qué perjuicio se ocasionó al Estado desde los inicios del concurso de acreedores en 2001. Por todo esto Balbín había iniciado una auditoría de todo el expediente, que es inmenso. A la vez había formado sumarios contra todos los funcionarios que tuvieron alguna participación en el proceso. Con una primera aproximación ya estaba armando informes que no serían del agrado oficial, que a la vez debían ser entregados en el contexto del proceso judicial. Todo esto demora también un pronunciamiento de la fiscal Boquin sobre la prórroga de los 120 días. En definitiva, demora todo.  

El año pasado, cuando se celebró la audiencia para el acuerdo con el Correo en la Cámara, Balbín como Procurador del Tesoro no fue convocado. No está claro si lo pasaron por encima de manera intencional. Sólo asistió en nombre del Estado un funcionario transitorio de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, muy cuestionado cuando salió a la luz el convenio. Por ahora este ministerio sigue representado.

El decreto 201 de este año, uno de los que aluden a conflictos de interés, le da un papel importante al Procurador del Tesoro en un esquema de control sobre el trámite de los juicios en los que están implicados organismos o entidades del sector público y que aparezcan comprometidos el Presidente, el vice, el jefe de Gabinete o alguno de los ministros o autoridades del mismo rango. El/la procurador/a del Tesoro deben hacer públicos estos juicios y, según el decreto, previo a cualquier acuerdo, quita, convenio, conciliación o desestimiento, también debería dar a conocer su postura y comunicar su voluntad con anticipación a la Oficina Anticorrupción, la Sindicatura General de la Nación y la Comisión Parlamentaria Mixta revisora de cuentas. Dado que Balbín comenzaba a intervenir ahora en el juicio y todo se encamina a un nuevo acuerdo debería acatar esas reglas. En el Gobierno aseguran que la salida de Balbín, hombre en su momento respaldado por Elisa Carrió, se debe a que “no firmaba nada” de lo que el oficialismo le pedía y que había objeciones con muchos otros temas, como la discusión por el aumento de tarifas. Al parecer, en el caso del Correo, Balbín amagaba con firmar algo que no les agradaba.

Hasta que un nuevo procurador y Boquin se expidan sobre la suspensión por 120 días, la Cámara no está en condiciones de resolver nada. El tiempo transcurre para ser capitalizado en este caso por el macrismo.