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El presidente de Colombia Iván Duque presentó en el Congreso un proyecto de reforma tributaria con dos ejes centrales: aumento del IVA y ampliación de la base impositiva sobre los salarios. La medida no podría haber sido peor recibida por la sociedad. Duque logró unificar a un conglomerado de organizaciones sindicales, indígenas, estudiantiles, partidos políticos y de pymes, que organizaron un paro nacional este miércoles con movilizaciones en todo el país. Rechazan que el gobierno financie la crisis del covid-19 tocando los ingresos de la clase media y los sectores populares. Además, reclaman que se eliminen los beneficios a las grandes empresas. En suma, una crítica al modelo neoliberal, del cual Colombia es uno de sus grandes exponentes en Latinoamérica.
Contra el "paquetazo"
La noche anterior al 28A, como denominaron a este paro sus organizadores, la Justicia intentó frenar la medida de fuerza. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca (departamento al que pertenece Bogotá) había ordenado suspender las marchas. Sin embargo, el Comité Nacional del Paro (CNP) que aglutina a más de 50 organizaciones sindicales y sociales, mantuvo la convocatoria. “Por la paz, por la vida, por la democracia y contra el paquetazo de Iván Duque”, es el lema con el que convocaron, pidiendo que se cumplan las medidas de bioseguridad, ya que Colombia se encuentra en plena tercera ola del coronavirus.
Desde temprano se vieron columnas de personas marchando por las calles de Bogotá, Cali y Medellín. Hubo cortes de rutas y movilizaciones que tuvieron como destino edificios gubernamentales. Mientras tanto el presidente habló durante un evento donde se conmemoró un año desde el ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Allí se mostró dispuesto al diálogo. “Como Gobierno queremos construir consensos con el Congreso, sin líneas rojas, pensando en los ingresos que estabilicen finanzas y manteniendo la protección a los más vulnerables por el tiempo que sea necesario”, sostuvo el mandatario.
El tono parecía muy distinto al de día previos, cuando Duque defendió a ultranza el proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible, como denomina el gobierno a la reforma tributaria. El presidente había afirmado que el país necesitaba recaudar para paliar la crisis que trajo la pandemia. “Esta no es una reforma tributaria, se trata de una financiación al país por lo que ha sido la pandemia y las consecuencias económicas que ha traído”, sostuvo el mandatario. El Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, había explicado que con esta ley pretenden recaudar 23 billones de pesos (seis mil millones de dólares) para sanear las finanzas públicas. En concreto, la propuesta conformada por 163 artículos establece: ampliar la base del IVA, aumentar el impuesto al salario y al patrimonio de persona físicas y jurídicas.
Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la entidad gremial más importante del país que aglutina a 700 mil personas, catalogaron a la ley como un golpe a la clase media y los sectores más bajos. “La extensión del IVA va a recaer sobre productos de la canasta familiar que no estaban gravados. De ahí se recaudarán unos diez mil billones de pesos”, dijo el Secretario General de la CUT, Diógenes Orjuela, a Página/12. El dirigente también criticó la idea de ampliar la cantidad de trabajadores que paguen un impuesto al salario. “Tres millones más entrarían a tributar. El gobierno bajaría la base tributaria a 2.500.000 pesos colombianos, cuando antes estaba en 4.200.000”, señaló el dirigente sindical.
La pandemia golpeó fuerte a la economía colombiana. Durante el año pasado el desempleo aumentó cinco puntos según datos oficiales, alcanzando al 15,9 por ciento de la población. En tanto que la pobreza se ubica en torno al 38,9 por ciento, según datos de CEPAL, mientras que consultoras locales sostienen que estaría cerca del 50 por ciento del país. El gobierno lanzó en abril del año pasado el Ingreso Solidario que perciben unas tres millones de familias vulnerables. La suma que recibirán hasta junio de este año equivale a 43 dólares mensuales, cuando el salario mínimo es de 259 dólares.
Recorte hacia abajo
Desde el sector sindical reclaman que la reforma tributaria no toca a las grandes empresas. “Mantiene privilegios para las multinacionales por casi 40 billones de pesos colombianos anuales. Les hemos dicho al gobierno que elimine esos privilegios y tendrían dinero suficiente para resolver la crisis y mucho más”, sostuvo el líder de la CUT. Por su parte Jairo Estrada, doctor en Economía y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, criticó el supuesto “impuesto a las grandes fortunas” que contempla el proyecto gubernamental. “Lo que se espera recaudar de ahí no se compara con lo que se pretende obtener de los sectores medios y bajos de la población”, señaló Estrada. Este impuesto será del uno por ciento para los patrimonios líquidos de personas físicas mayores a 1.300.00 dólares, y de dos por ciento a partir de cuatro millones de dólares.
En sintonía con los reclamos sindicales y de organizaciones sociales, Estrada sostiene que es necesario gravar la renta financiera. “Se tienen que eliminar las exenciones impuestas en las últimas dos o tres décadas, en el marco de lógicas neoliberales, para incentivar la inversión de corporaciones transnacionales. Esas políticas no trajeron beneficios a la sociedad. Esta reforma deja quietos a quienes más renta y patrimonios tienen”, indicó el economista. A su vez criticó las políticas sociales del gobierno. “Son subsidios ridículos que pueden estar bordeando los 50 o 60 dólares al mes. Al mismo tiempo se habla de subsidiar a la pequeña y a mediana empresa, lo cual no está mal, pero en Colombia el mayor empleo está en el sector informal de la economía y no se ve favorecido por estas políticas”, sostuvo Estrada.
En este contexto se conoció que el gobierno colombiano renovaría su flota de aeronaves militares. Duque planearía comprar 24 aviones de guerra por un monto de cuatro mil millones de dólares. Estrada señaló que Colombia es el segundo país de la región con el mayor gasto militar, ubicado después de Brasil. “Gastamos 9.200 millones de dólares en seguridad y defensa. Estamos ante una política gubernamental que solo da una respuesta militar, represiva, a las necesidades de las regiones”, sostuvo el economista.
En este sentido, en las calles también se reclamó por la escalada de violencia contra líderes y lideresas sociales. El senador Iván Cepeda, del partido Polo Democrático Alternativo, señaló que durante 2020 más de 270 firmantes del acuerdo de paz fueron asesinados. “Han vuelto las masacres, el desplazamiento forzado, la implantación de minas. Fenómenos que se había logrado desaparecer con el Acuerdo de Paz de 2016, y que con este gobierno está reapareciendo, no en los mismos índices, pero sí está logrando que se despierten esta clase de acciones violentas”, sostuvo Cepeda. Para el senador se trata de una política de Duque con fines electorales. “Las elecciones presidenciales son el año entrante. Está buscando que lleguemos a ese momento con una escalada de violencia que vuelva a poner en la agenda la necesidad de un gobierno autoritario y de mano dura”, sostuvo el político.
