La Justicia Federal revocó ayer miércoles la sentencia emitida por el Tribunal de Disciplina de la Unión Cívica Radical de Catamarca, que suspendía por 5 meses a 7 mujeres de su partido para que asuman sus cargos dentro del Comité Capital. 

Las “Ramonas Atrevidas”, como se autodenominaron, habían sido “disciplinadas” por intentar impedir que el ex candidato a gobernador Roberto Gómez asuma como presidente del Comité, ya que tenía una imputación por abuso sexual. Organismos internacionales habían actuado sobre el caso entendiéndolo como un hecho paradigmático de violencia política.

La causa comenzó el 8 de enero de este año. En ese momento las mujeres presentaron un documento ante la justicia electoral pidiendo que Gómez no pudiera asumir el cargo por tener un proceso judicial en trámite. Tras aquel pedido, miembros de su partido solicitaron que las sancionen por “emitir expresiones injuriantes” contra un correligionario. En febrero, el Tribunal las sancionó.

Los primeros días de marzo y ante la inexistencia de un recurso de apelación en la Carta Orgánica de la UCR, las mujeres decidieron recurrir ante la Justicia Federal y apelaron el fallo del Tribunal de Disciplina. El juez federal Miguel Contreras aceptó dirimir el caso y ayer comunicó su decisión. “Resuelvo revocar la sanción impuesta por el Tribunal de Disciplina mandato cumplido, en contra de las 'Mujeres Radicales'”, decidió.

En sus argumentos Contreras estableció dos cuestiones, la primera es que la sanción fue emitida por los miembros del anterior Tribunal de Disciplina del Comité Provincia radical, el 17 de febrero, cuando su mandato se había cumplido el día 4 del mismo mes y ya estaban en funciones las nuevas autoridades partidarias. “Con solo constatar estas fechas mencionadas se puede observar que los integrantes de Tribunal de Conducta Partidario (TCP) fenecieron en sus funciones al mismo tiempo que los demás cargos partidarios del período 2018- 2020", señaló el juez.

Por otra parte, explicó que la sanción fue firmada por “los señores Pablo Jalile, y Jorge Moukazel, por lo tanto no establecen el quorum mínimo para tomar la decisión en un tribunal compuesto por 5 miembros”. Por último, resaltó que “el órgano disciplinario emitió su resolución sin legitimidad alguna, atento a que con fecha 4 de febrero se proclamaron las nuevas autoridades partidarias”.

Violencia política

Gabriela Nieva Larcher, Natalia Herrera, Jessica Nieto, Gabriela Lobo Vergara, Vilma Canseco, Claudia Vera y MarÍa Luisa Moreno, son los nombres de las 7 militantes radicales sancionadas. Su caso trascendió las fronteras del país y fue analizado como paradigmático de violencia política contra las mujeres.

El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) supo de lo sucedido y emitió un comunicado contundente con respecto a la violencia: “La inhabilitación para desempeñar los cargos por los cuales fueron electas de manera democrática por denunciar a un miembro de su propio partido, quien es quien debería estar en el foco de los cuestionamientos, conforma un claro caso de violencia política”, destacó el equipo del ELA.

Además, el caso también fue estudiando por el equipo de expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), responsable de examinar los avances en la implementación de la Convención por sus Estados parte, así como de las respuestas estatales ante la violencia contra las mujeres.