El Jury de Enjuiciamiento contra el fiscal de la tercera circunscripción judicial de Belén, Jorge Alberto Flores, comenzó esta semana. El instructor está acusado de supuestas irregularidades en los controles de ingreso al departamento en el marco de la pandemia por covid-19.

En tanto, Juan Pablo Morales y Raúl Da Prá, los jueces de la Cámara de Apelaciones y Exhortos que renunciaron a sus cargos luego de que se difundiera un video en el que se los veía cobrando una supuesta coima, apelaron la resolución de la jueza de Garantías Cecilia Más Saadi.

La causa contra Flores se inició en septiembre del año pasado con la denuncia del concejal Guillermo Valdez Franco, por supuestas irregularidades en los controles de ingreso del paso de camiones que serían de una empresa a nombre del fiscal, en medio de las restricciones por la pandemia. Los vehículos se dirigían a empresas mineras ubicadas en Antofagasta de la Sierra.

El fiscal tenía media docena de denuncias por otros hechos, pero fueron desestimadas por el Tribunal. En tanto, en la Justicia penal se lleva adelante otra investigación en contra de Flores por el supuesto delito de tráfico de influencias.

El tribunal conformado para este juicio político está integrado por el presidente de la Corte, Miguel Figueroa Vicario; el fiscal correccional Alejandro Dalla Lasta; el senador Raúl Chico; los diputados Augusto Barros y Juana Fernández y, en representación del Colegio de Abogados, María Antonia Rojo y Adriana del Carmen Gómez.

Durante su declaración en la audiencia, Flores se defendió y aseguró que su conducta como fiscal “fue intachable y que siempre hizo cumplir la ley” y agregó que todo se trató de "una cuestión política" motorizada por el senador Jorge Solá Jais y el concejal Valdez Franco.

Con respecto al hecho, reconoció que llamó a miembros del organismo, pero dijo que no lo hizo como fiscal de la ciudad y que quien tiene una empresa de camiones es su esposa.

La causa tiene 39 testigos y continuará durante la jornada de hoy.

Ex magistrados

Por otra parte, los ex jueces de la Cámara de Apelaciones de Catamarca, Morales y Da Prá, apelaron la resolución de la jueza Más Saadi, quien había rechazado una serie de nulidades plantadas por la defensa de los ex camaristas.

Los abogados están acusados por el delito de “cohecho pasivo agravado”. La causa se inició en julio de 2020, cuando de manera anónima hicieron llegar al correo electrónico de la Fiscalía General, a fiscales de instrucción, a la Secretaría de Sumarios de la Corte de Justicia y a funcionarios del Poder Judicial, un video en el que se podía ver a los jueces cobrando dinero para supuestamente revocarle la prisión preventiva a un detenido.

Tras la inexistencia de una denuncia penal, se resolvió desde la Fiscalía General que se abriera una investigación de oficio. Posteriormente, ambos magistrados renunciaron a sus cargos aunque el proceso penal continúo.

El planteo de los ex jueces ante la Cámara de Apelaciones sería que tras la renuncia no se habría resuelto la cuestión jurisdiccional, y esto podría ocasionar una doble persecución judicial por el mismo delito.

Ahora, la Cámara, que tuvo que volver a conformarse con nuevos jueces, deberá resolver este planteo.

Renunció

En tanto, ayer se conoció que una de las ministras de la Corte de Justicia local, Amelia Sesto de Leiva, presentó su renuncia al máximo tribunal de Justicia. En tal sentido, emitió un comunicado al gobernador de la provincia, Raúl Jalil, solicitando que esta renuncia sea aceptada, con lo que la jueza dejaría de prestar funciones desde el 1 de mayo.

Con 78 años de edad, Sesto de Leiva había informado en diciembre de 2020 que había iniciado sus trámites de jubilación.

La magistrada también se había envuelto en una polémica por supuestamente incumplir con lo dictado por la Constitución provincial y continuar en su cargo, pese a que había cumplido la edad máxima estipulada. El año pasado, la Cámara de Diputados había desestimado el pedido de juicio político iniciado por el abogado Eduardo Andrada contra Sesto de Leiva y José Cáceres, otro integrante de la Corte de Justicia que se encuentra en la misma situación dado que cuenta con 77 años de edad.