La Sala I del Tribunal de Juicio de Orán dispuso que los días 11, 12, 13, y 14 de mayo se llevará a cabo el juicio oral contra los hermanos Delfín Reynaldo Castedo y Raúl Amadeo “Hula” Castedo acusados por el delito de "homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas y encubrimiento" en perjuicio de la pequeña productora rural y comerciante Liliana del Valle Ledesma.

El Tribunal estará conformado por los jueces Edgardo Laurenci, Raúl Fernando López y Claudio Alejandro Parisi. Durante la audiencia está previsto que declaren 18 testigos, según informó el Poder Judicial de Salta. 

En representación del Ministerio Público Fiscal intervendrá la fiscala penal Claudia Carreras. La querella de la familia de Liliana Ledesma será representada por el abogado David Leiva, mientras que los hermanos acusados serán asistidos por los abogados Horacio Daniel Morales y Mariano Ariel Álvarez.

Liliana Ledesma fue asesinada el 21 de septiembre de 2006 en Salvador Mazza, donde residía. Tres hombres y una mujer la acorralaron en la pasarela de su barrio, Las Rosas, y la atacaron a cuchilladas. Como un mensaje claro, uno de los tajos fue en los labios. 

La investigación que siguió pudo determinar que María Gabriela Aparicio, hermana del entonces diputado provincial Ernesto Aparicio (fallecido), sindicado como socio de los Castedo, llevó con engaños a la víctima hasta el lugar del homicidio, donde la atacaron Aníbal Ceferino Tárraga, Lino Abdemar Moreno y Casimiro "Nene" Torres.

Por escuchas telefónicas que habían sido ordenadas años antes en una causa en la que se investigaba a Delfín Castedo por narcotráfico, se supo que habían recibido un pago de 20 mil pesos de parte del clan Castedo para cometer este crimen. Los cuatro fueron condenados a prisión perpetua en 2010. En ese juicio fueron también fueron condenados por encubrimiento Patricia Guerra, a 10 años, y Juan Moreno, a 4 años. 

Los hermanos Delfín Castedo y "Hula" Castedo, a quienes se investiga por narcotráfico también, están alojados desde noviembre de 2019 en la cárcel federal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, luego de que se detectara un plan de escape y de que el Servicio Penitenciario Federal los calificara como de alto riesgo de fuga o evasión por el alto poder adquisitivo que tienen.

A propósito, el Poder Judicial de Salta no informó si los hermanos asistirán a la audiencia de manera presencial o si solo estarán por videoconferencia, pero es de suponer que se elegirá esta vía, por razones de la pandemia y por razones de seguridad, ya que en 2019 la Justicia Federal informó a la Corte de Justicia de Salta de la consideración que tienen los hermanos según el sistema de calificación de riesgo del Servicio Penitenciario Federal. En ese momento el juez federal de Orán, Gustavo Montoya, que los investiga como integrantes de una organización narcocriminal, ya recomendó que no se los saque de la cárcel en Ezeiza. 

La pereza judicial

De concretarse ahora el juicio contra los hermanos, la sentencia (en el sentido que fuera) llegará 15 años después del crimen, una muestra de la larga pereza judicial en la provincia. De hecho, el inicio de la audiencia de debate ha sido reiteradamente anunciado, y reiteradamente pospuesto. 

En relación a la muerte de Liliana Ledesma los hermanos están procesados como autores intelectuales. En la causa por este hecho se incorporaron las escuchas registradas en la causa original en la que se los investigaba por narcotráfico. En ellas se aprecia el enojo que despertaban, sobre todo en "Hula", las denuncias públicas que la joven había emprendido con el propósito de lograr la liberación de caminos cerrados en la zona de la frontera, que perjudicaban a su familia y a otros productores rurales porque les impedían el paso a sus puestos por territorio nacional. 

Con ese objetivo Ledesma llegó incluso a la ciudad de Salta, y a la Cámara de Diputados, denunciando por escrito el cierre de caminos vecinales, señalando que esto se hacía para para dejar la zona liberada al narcotráfico y al contrabando en general. Responsabilizaba por esto al diputado José Ernesto Aparicio, a quien señalaba como socio de los hermanos Castedo.

De hecho, en la investigación posterior se determinó que era efectivamente así. Aparicio aparecía como dueño de la finca El Pajeal (donde se habían cerrado los caminos internos), pero el verdadero propietario era Delfín Castedo, que también poseía la finca El Aybal, con la que se completan unas 28 mil hectáreas en una zona estratégica que linda con Bolivia. Además, del otro lado de la frontera, otra hermana de los Castedo, Roxana, es propietaria de 30 mil hectáreas vecinas, es decir que el clan podía atravesar la frontera sin ningún tipo de control. Las dos fincas del lado argentino fueron embargadas y entregadas a la UBA para su explotación.

La noche en que Liliana fue asesinada, su familia denunció formalmente a Aparicio y a los hermanos Castedo. Sin embargo, ninguno de ellos fue imputado inicialmente por el juez actuante, Nelso Aramayo, hoy a cargo del Juzgado de Garantías 1, de Tartagal. Contra la insistencia de la familia, el juez solo citó a los Castedo a una declaración informativa y los dejó en libertad. Días después, ante el escándalo público, terminó por ordenar su detención, pero para entonces los hermanos habían aprovechado el tiempo para escapar. 

Delfín estuvo prófugo durante diez años y fue detenido recién en julio de 2016 en la localidad bonaerense de Ituzaingó. En cambio, "Hula", a poco de salir del país fue detenido en Bolivia, donde fue imputado y condenado por narcotráfico. Desde ahí fue extraditado a Argentina a principios de 2016.

El juicio contra ambos por el homicidio se había previsto inicialmente para principios de 2019, 13 años después del hecho, pero se suspendió y fue reprogramado para octubre, cuando volvió a suspenderse. También se previó que se iba a hacer en mayo de 2020, pero se suspendió también, esta vez por la emergencia sanitaria. Luego se informó extraoficialmente sobre nuevas fechas de audiencia, pero pasaron sin más novedades. 

El tejido narco 

En esa cosa del tejido narco, Delfín Castedo, sindicado como un jefe narco, es uno de los beneficiados por el ex juez federal Raúl Reynoso, quien en diciembre de 2013 fraguó un acta y lo eximió de prisión. 

Además de los vínculos con otros clanes y otras organizaciones narcocriminales, varios integrantes de la familia Castedo participaban de esta actividad. En enero de 2018, en el pueblo de Hipólito Yrigoyen, en el departamento Orán, fue detenido Roberto César Castedo, también hermano de Delfín y "Hula". Transportaba casi 100 kilos de cocaína. Un cuarto hermano, Rafael Castedo, está también imputado por asociación ilícita.

En enero de 2019 la policía boliviana detuvo en la ciudad de Yacuiba a Mario Morfulis Herrera, cuñado de los hermanos por ser el marido de Roxana Castedo, sindicado como uno de los más grandes proveedores de cocaína.

En junio de 2019 fue detenida la esposa de Delfín Castedo, Melba del Carmen Araujo, quien fue procesada por el tráfico de 180 kilos de cocaína secuestrados en un operativo en la ruta nacional 16, a la altura de la localidad salteña de El Quebrachal.