Este miércoles Lucía Ruiz, dirigenta campesina de la ruta nacional 81, oriunda de Coronel Juan Solá o Morillo, pueblo cabecera de Rivadavia Banda Norte, fue convocada a una audiencia para designar un defensor oficial con el fin de continuar con un juicio en su contra por una denuncia de 2015.
En aquel momento Arturo Bernardo Castellanos la acusó por “robo en despoblado y en banda, coacción con arma, abuso de armas y daños en concurso real” por un hecho que aconteció en medio de un conflicto por la defensa de tierras campesinas ante el avance de desmontes ilegales por parte de empresarios que, al día de hoy, no lograron certificar que compraron esas tierras. En la Dirección General de Inmuebles ni ellos ni el actual denunciante de la campesina, aparecen como titulares registrales de los terrenos.
El origen de los hechos se encuentra hace más de una década, cuando por 2010 los campesinos de la zona advirtieron que algunos emmpresarios estaban realizando desmontes y otras acciones como picadas en la zona conocida como Lote Colonia La Juanita y La Santafesina.
Entonces empezaron las denuncias porque la zona donde se quería desmontar está en la categoría 2 o amarillo, según el mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia, es decir que no puede ser desmontada. Pero sobre todo, porque esos desmontes eran impulsados por un empresario de apellido Vidizzoni, quien según surge de la Dirección General de Inmuebles de la provincia, hasta el día de hoy no cuenta con ningún campo a su nombre en la zona del conflicto.
Un antecedente es que en 2010, por una acción de amparo presentado por campesinos de la zona, la en ese momento jueza de Personas y Familia N° 2 de Tartagal, Ada Zunino, prohibió a Vidizzoni realizar cualquier acción en la zona. Del fallo de Zunino en aquel año surge que “la parte demandada (Vidizzoni), se encuentra realizando tareas de desmontes y abertura de picadas para deslinde, sin la debida autorización por parte de la Autoridad competente, lo que implica el ejercicio efectivo de actos posesorios, sin asentimiento alguno de la actora, todo lo cual es demostrativo de una perturbación ilegítima, arbitraria y violenta de la posesión invocada por la misma, utilizando vías de hecho, acompañadas de violencia material y moral, con el ‘animus’ de poseer dicho bien”.
En 2015, en medio de un conflicto similar a aquel en el que intervino Zunino 5 años antes, Ruiz junto a Carlos y Antonio Guerra y Omar Cruz, detuvieron máquinas que iban a desmontar en la misma zona. La acción directa surgía también ante la inacción de la Justicia frente a las reiteradas denuncias que habían realizado las familias campesinas.
Ruiz aseguró que las máquinas habían sido introducidas por personas que, presumían, trabajaban para Vidizzoni. Pero, pese a que les consultaron, “nadie hablaba”. La referente contó que entonces quien ella estimó es Bernardo Castellanos (quien la denunció) “se subió a una camioneta y se fue, abandonando la gente a su cargo”: eran tres trabajadores, incluido un chico menor de edad. Todos eran de Santiago del Estero. “Al final nosotros los acercamos a la ruta porque los habían dejado abandonados”, sostuvo la dirigenta al recordar ese momento. Luego los dueños de la maquinaria la retiraron. Sin embargo, Ruiz afirmó que no conoce fehacientemente a Castellanos, su denunciante.
Otras actuaciones judiciales
En marzo de 2015, en el marco de esta causa, el juez de Garantías N° 1 de Tartagal, Nelso Aramayo, ordenó un allanamiento a la casa de Ruiz con el fin de proceder al “secuestro de un arranque de una topadora D8, un alternador de topadora D8, una amoladora trifásica, 100 metros de cable trifásico, una caja de tubos con mangos y alargues de tubos de tres cuartos, y una caja de tubos de media pulgada, un gato de treinta toneladas, una caja de llaves combinadas marca Baco, cinco machetes, dos hachas y cuatro palas, y en caso positivo proceder a la detención de los causantes quedando facultado a allanar dicho inmueble y hacer uso de la fuerza pública si ello fuera menester para el cumplimiento de esta medida”. Pero los encargados de llevar adelante la medida no encontraron nada.
La abogada Sara Esper se presentó entonces como representante legal de los campesinos acusados por Castellanos. En estos años presentó distintos recursos que, a entender de los miembros de la Sala II del Tribunal de Impugnación, implicaron una estrategia dilatoria. Es así que los jueces Pablo Arancibia y Eduardo Barrionuevo rechazaron el último recurso de casación, llamaron la atención a Esper, mandaron la resolución con sus respectivas críticas al Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, y le advirtieron sobre posibles “sanciones procesales”. En la resolución también ordenaron que se comunique a los imputados de esa situación para que nombren nuevos abogados defensores. Por último, dispusieron “que el Tribunal de Juicio comunique a las partes que por la emergencia sanitaria y conforme lo dispone la ley 8.196 la audiencia de debate podrá realizarse de manera presencial y/o virtual, total o parcialmente de forma remota, debiéndose fijar sin demora fecha de debate para su realización”.
Es por esta disposición que la dirigenta campesina fue este miércoles a la Ciudad Judicial de Tartagal, a designar a un defensor oficial. Fue acompañada por otros campesinos y la diputada nacional por el Frente de Todos, Verónica Caliva. En diez días se espera que se comunique la fecha de juicio.
“Da bronca”, dijo Ruiz al hablar con Salta/12. Entendió que “de alguna manera ellos (los que tomar las tierras sin título ni autorización) ganaron, porque se quedaron igual con parte de tierra en la zona y nos pusieron denuncias que nunca pudieron comprobar. Y la bronca que da es que ganaron porque son abogados y tienen apoyo político”.
