La Legislatura provincial removió de su cargo al fiscal adjunto de Venado Tuerto Mauro Blanco y lo inhabilitó para ocupar cargos en el Ministerio Público de la Acusación por una década.
Las cámaras de diputados y senadores trataron ayer el dictamen de la Comisión Bicameral de Acuerdos en el cual se aconsejaba la destitución de Blanco, quien está bajo con prisión preventiva domiciliaria e imputado de cuatro cargos delictivos.
Blanco había sido suspendido del cargo hacía poco más de seis meses. Días antes de ser imputado había terminado el plazo de sanción, por lo cual volvía a trabajar y cobrar su salario.
La sesión conjunta fue presidida por la vicegobernadora Alejandra Rodenas, que dedicó los primeros minutos a un mensaje de aliento para el presidente de la Cámara de Diputados Miguel Lifschitz, actualmente internado en estado crítico a causa de covid-19.
El senador Raúl Gramajo, miembro de la comisión de Acuerdos, fue el único orador. Se limitó a recordar que el año pasado, cuando se resolvió aplicarle al fiscal Blanco 180 días de suspensión –la máxima sanción disciplinaria prevista a excepción de la remoción–, "el dictamen dejó establecido que esa medida quedaba abierta a que se resolvieran las cuestiones que estaban en tratamiento en la Justicia. Ante la privación de la libertad e imputación se procedió a solicitar la destitución e inhabilitación".
La votación tuvo un resultado inapelable: los 13 senadores presentes votaron a favor de la destitución y lo propio hicieron los 45 diputados. No hubo votos negativos ni abstenciones.
El artículo 1° de la resolución ordenó: "Remover al fiscal adjunto del cargo por mal desempeño de funciones en base a los artículos 15 y 21 de la ley 13013 y sus modificatorias, con expresa prohibición de ingresar al ámbito físico de cualquier dependencia del Ministerio Público de la Acusación". Además se lo inhabilitó para ocupar cargos en el MPA por 10 años. Las medidas son aplicables desde ayer mismo.
El 19 de abril pasado el juez Adrián Godoy aceptó cuatro de las nueve imputaciones que el fiscal Leandro Mai de Reconquista hizo sobre su colega Blanco: enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo agravado en un caso de estafas, incumplimiento de deberes de funcionario público y revelación de información secreta.
Mai llevó adelante la investigación con la colaboración del Organismo de Investigaciones. El juez además hizo lugar a la medida de prisión preventiva solicitada por la fiscalía, aunque domiciliaria, ya que Blanco es viudo, padre de cuatro hijos y uno de ellos es menor de edad y está a su cargo.
Los problemas de Blanco se iniciaron cuando apareció en escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia federal de Venado Tuerto en el marco de una investigación por narcotráfico. Allí el fiscal provincial hablaba con un dealer de Venado, intercambiando información de investigaciones y con un trato inaceptable para un funcionario judicial, que incluyó la visita física a su vivienda.
En otras instancias de las escuchas Blanco aparece mencionado en charlas entre terceros (no él) como partícipe de "arreglos" para aliviar la situación de imputados.
Los funcionarios federales decidieron no investigar ellos, sino denunciarlo ante la Fiscalía Regional de Venado Tuerto, que a su vez lo derivó a la Auditoría General del MPA. La auditora María Cecilia Vranicich inició la investigación disciplinaria y con los datos reunidos resolvió por un lado girar las actuaciones a la comisión de Acuerdos de la Legislatura –tiene la potestad de las sanciones graves a los fiscales– y por otro notificar al fiscal general Jorge Baclini para que dé curso a una investigación penal, ya que entre la información recogida había indicios de que Blanco podría estar involucrado en la comisión de delitos.
Siguiendo los procedimientos del MPA, Baclini resolvió que sea un fiscal de Reconquista el que llevase adelante la investigación penal sobre Blanco (tiene que ser de otra jurisdicción). El 19 de abril pasado en audiencia Mai presentó 9 imputaciones contra Blanco, de las cuales el juez dejó firmes las cuatro antes mencionadas.
