Existe incertidumbre en la economía y la política contemporánea, lo que habilita un gran debate mundial sobre lo que acontece, en el marco de la pandemia. El interrogante es cómo sigue la historia, en lo económico y en lo político. El asunto aparece con reiteración en multiplicidad de foros internacionales, académicos y en el debate cotidiano. La sensación es que “esto” no funciona y claro, remite al orden contemporáneo, que la pandemia desnuda con crudeza, por insuficiencia en la respuesta sanitaria o económica, que afecta a la vida cotidiana de millones de personas. Incluso, ahora con vacunación iniciada, problemas de producción y limitado alcance de inoculados, los contagios crecen y la edad de afectados baja. El problema no es solo de personas mayores o vulnerables, ni siquiera de corto plazo.

Algo hay que hacer y cambiar, lo que motiva la explicación sobre “ensayos políticos” que aparecen como surgidos de la nada y en contra de toda razonabilidad política. A modo de ejemplo pueden remitirse a la sorpresa Trump, Bolsonaro o al Brexit, entre algunas de las más visibles. Con imprecisión, a esas experiencias se las ubica en la “razón populista”, de orientación derechista y amplios consensos electorales sustentados en el descontento con la racionalidad tradicional de la política. Resulta interesante y polémica la reflexión de Minouche Shafik, directora de la London School of Economics and Political Science, LSE, que viene escribiendo sobre la necesidad de un “Nuevo Contrato Social”, cuestión exacerbada por la emergencia sanitaria del covid-19. Su reflexión apunta a la crítica del “populismo”, que acierta en el diagnóstico y contacta con el malestar social, dice, por lo que atrapa votos, pero no propone “soluciones” adecuadas a los tiempos, por lo que aboga por un nuevo contrato social1.

Es un debate de época que estuvo presente a comienzos del año en la cumbre virtual del Foro Económico Mundial y claro, en su contraparte del Foro Social Mundial. Incluso, aparece la cuestión en el lenguaje y la prédica del FMI y en los organismos internacionales sobre la participación pública para contener el regresivo impacto social de la situación de emergencia en curso y la potencial amenaza del conflicto social. Son opiniones que remiten al legado tortuoso de la situación mundial en el post 2008/09, la desaceleración de la economía mundial, incluso a futuro, los miedos e incertidumbres para las nuevas generaciones, privadas de los beneficios históricos del “contrato social”, y los desafíos que especialmente genera el feminismo, el cambio climático o la digitalización.

Todo ello es parte del desorden actual y el descontento de las nuevas generaciones respecto de los futuros cercanos o mediatos, sea por cuestiones sociales que explicitan peores condiciones de vida para millones, especialmente jóvenes y mujeres, al tiempo que se deteriora el medio ambiente, tal como se evidencio en los variados debates a propósito del día internacional de la Terra, el pasado 22 de abril. La crisis ecológica se arrastra por décadas, asentada en un modelo productivo depredador y sin restricciones, o modificaciones ausentes, que evidencien un rumbo alternativo para un metabolismo reproductivo de la vida social y natural. A veces parece un debate de sordos entre el deber ser de la utopía de la crítica y el pensar, y el hacer que impone la realidad productivista.

La recuperación de la categoría del “contrato social” es interesante, ya que remite a la concepción filosófica del nuevo orden capitalista emergente con la revolución productiva y la industria, inspiración política de la revolución francesa. De allí provienen las nuevas codificaciones y regulaciones de la sociedad contemporánea, recogidas en textos constitucionales, ordenamientos y regulaciones sociales locales y mundiales. Vale señalar que ese contrato fue objetado por luchas sociales y políticas, como por la crítica teórica en búsqueda de otros rumbos bajo parámetros alternativos de ordenamiento social, en el que destaca la revolución rusa y sus derivas hasta el presente, en tanto expectativa de otro mundo posible.

Esas confrontaciones y la realidad llevaron a que la crisis de 1930 recuperara el debate sobre el “contrato social” bajo la denominación de “new deal”, o “nuevo acuerdo”. En rigor, un nuevo “contrato social”, reforma constitucional estadounidense mediante. Los cambios institucionales en EE.UU. hacia 1932/33 evidenciaron la actualización del orden económico social, la adecuación necesaria para no sucumbir a la debacle anunciada por la gran crisis y el desafío del oriente socialista instaurado en 1917. Fue una acción defensiva generalizada en occidente en la segunda posguerra bajo la denominación de “Estado del Bienestar”, que devino en la ampliación de derechos sociales, la mejora del ingreso de la población, al tiempo que satisfacía el objetivo de la ganancia. En su desarrollo encontró los límites de la crisis de los 70, por lo que hubo que discutir el “contrato social” a una nueva lógica liberalizadora, denominada “neoliberalismo”.

La situación actual convoca nuevamente a pensar en adecuaciones del contrato social, más aún sin la existencia de la bipolaridad global desarticulada hace tres décadas. Si en los treinta fue a la defensiva y a la ofensiva en los setenta, con los límites actuales a la lógica liberalizadora y ante ausencias de paradigmas civilizatorios alternativos, lo que rige es el ensayo y el error, característica de estos tiempos de incertidumbres. Aquí puede verse la ausencia de cooperación internacional ante la emergencia sanitaria y ni hablar del incumplimiento, incluso retroceso, en todo objetivo de superación de problemas sociales y ambientales que sufre hoy la sociedad y la naturaleza. Se discute el orden contemporáneo en esta tercera década del Siglo XXI y no parece haber imaginario teórico o político de sustento. El interrogante sobre por donde transitar promueve las pasiones de quienes miran hacia atrás y demandan mayor liberalización económica social, en desmedro de derechos sociales conquistados, laborales, sociales, colectivos; a quienes imaginan que es posible avanzar en reformas que atenúen los regresivos impactos sociales y naturales acumulados en tiempos de liberalización por casi medio siglo (una vuelta al Estado benefactor) y claro, la crítica al orden vigente y la demanda por un nuevo orden, relativo a “otro mundo posible”.

Mientras transcurre el debate, retorna la preocupación inflacionaria en EE.UU. por la suba de las tasas de interés, un escenario que parecía lejano en el tiempo, de fines de los 70 del siglo pasado. La Reserva Federal discute desde su legado monetarista con los discursos y propuestas de la Teoría Monetaria Moderna con influencia en la gestión del ejecutivo estadounidense. ¿Emitir o no emitir? Es una discusión atravesada por innovaciones tecnológicas que promueven cambios monetarios inspirados en la digitalización de las criptomonedas, en tanto nuevas formas de extender la dominación del mercado y la especulación financiera. China por su parte mundializa su moneda y disputa desarrollos en la frontera tecnológica en la producción y circulación de bienes y servicios, especialmente en el campo de las esferas de influencia de las divisas y los circuitos globales de la economía. El interrogante remite a cuanto de esta discusión está presente en los debates políticos, económicos, sociales, culturales fronteras adentro en nuestros países.

* Julio Gambina es Doctor en Ciencias Sociales, UBA), profesor titular de Economía Política (UNR) e integra la junta directiva de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico (SEPLA).