Un oficial auxiliar a cargo de la dependencia de la Brigada de Investigaciones 2 de Orán, otros dos oficiales, un suboficial principal y cuatro sargentos que estuvieron en la guardia del 8 de abril fueron detenidos, acusados por privación ilegítima de la libertad, torturas y lesiones. 

Los policías aún no fueron imputados, se espera que ese trámite se realice en estos días, por ello la Fiscalía de Derechos Humanos que interviene en la causa prefirió no difundir las identidades de los acusados. Con estas detenciones se contabilizan once en relación al mismo caso, ya que hace una semana fueron aprehendidos un oficial y dos sargentos. 

El Juzgado de Garantías 1 de Orán hizo lugar a un nuevo pedido de allanamiento, detención y secuestro requerido por la fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke. Los procedimientos estuvieron a cargo del personal de la Unidad Especial de Investigaciones del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

Se allanó la sede de la Brigada de Investigaciones y los domicilios de los policías denunciados. La Fiscalía dio a conocer que hubo nuevos testimonios de personas que estaban detenidas en esa dependencia el pasado 8 de abril, y declararon que los policías ingresaron al denunciante a una habitación que está detrás del patio interno. "Relataron que luego cerraron la puerta y pusieron música a alto volumen, aunque pudieron escuchar gritos de dolor. Dos de los internos manifestaron que también fueron víctimas de torturas con bolsas en la cabeza y que los golpearon", indicó el Ministerio Público Fiscal de Salta.

Simesen de Bielke consideró la "gravedad de los hechos de violencia institucional y  la necesidad de impedir que los investigados continúen los acometimientos en contra de la población, con el abuso del poder que detentaron al cumplir funciones en la fuerza de seguridad provincial". Fundamentó que el Estado es responsable de garantizar que el uso de la fuerza solo sea utilizada como último recurso y con estricto apego a los estándares internacionales y el respeto de los derechos humanos, lo que no se vislumbra en la causa.

Para la fiscala, es reprochable la conducta que tuvieron el resto de policías y el jefe de la dependencia, "quienes están obligados a denunciar las torturas" y no lo hicieron.

La Unidad de Investigaciones del CIF pudo identificar a los acusados y recopilar  información que servirá a la Fiscalía para esclarecer lo sucedido. Se detalló el secuestro del libro de guardia y de un automóvil Ford K gris, que se encontraba incautado previamente en una causa federal.

Los policías están acusados de haber citado a un hombre a la Brigada de Investigaciones para prestar una declaración testimonial tras un robo que hubo en el Supermercado Comodín de Orán. Sin ninguna orden judicial privaron de la libertad a este hombre, a quien retuvieron desde las 18 del 8 de abril, hasta las 2.30 de la madrugada del día siguiente, esposado y sin que pudiera irse de la dependencia policial.

Con el hombre demorado, los efectivos habrían procedido a aplicarle torturas, con tormentos físicos y psíquicos, para intimidarlo y obligarlo a una confesión para implicar a otras personas  en el robo del supermercado. La fiscala señaló que los policías pretendían esto en "función de las líneas investigativas que resultaban en beneficio de la intención del personal para resolver la causa". 

Al hombre denunciante, según narró, le aplicaron el "submarino seco", lo amenazaron con herirlo con un taladro, lo llevaron a un recorrido en un vehículo perteneciente a la fuerza de seguridad por las calles del barrio 20 de Febrero, donde lo amenazaron con llevarlo al basural, lugar en el que manifestaron que lo iban a matar y le advirtieron que se cuidara de denunciarlos, porque la iba a pasar mal, él y su familia.

La fiscala sostuvo que además uno de los policías está sospechado del "delito de falsedad ideológica", por haber falseado una declaración del torturado donde le endilga la responsabilidad por el robo al supermercado a las personas que los policías querían que incriminara.