La defensora oficial civil 1 de Tartagal, Rosa Fabiola Díaz (40), la misma que junto a su hermana, la concejala Paola Alejandra Díaz (43), fue acusada por la supuesta venta de donaciones destinadas a comunidades originarias de la zona, sumó ayer una nueva imputación. Esta vez el fiscal penal Pablo Cabot la acusó por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública por irregularidades detectadas en 29 casos que esperaban ser tramitados por ella. 

Por otro lado el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia declaró ayer admisible los dos jurys promovidos en contra de la defensora y la suspendió de su cargo mientras se sustancia este trámite, con una retención del 30% de sus haberes. Díaz ya se encuentra suspendida en su cargo, por decisión de la Defensoría General, que le inició un sumario administrativo ni bien se conoció de la denuncia por la mercadería y vestimenta donadas con destino a comunidades originarias de la zona que las hermanas mantenían acumuladas en una casa familiar. 

En el ámbito penal, por pedido del fiscal Cabot, el juez de Garantías 1 de Tartagal, Nelso Aramayo, ordenó la detención de la defensora oficial, pero esa medida no puede hacerse efectiva todavía porque para el magistrado antes tiene que tramitarse otro allanamiento de la inmunidad de la funcionaria judicial, algo que ya se hizo en relación a la primera acusación que pesa sobre ella. 

La nueva imputación se concretó en el marco de las actuaciones remitidas por la Procuración General de la Provincia, que a su vez se basaron en una denuncia que el defensor general de Salta, Pedro García Castiella, el jefe de la defensora investigada, presentó en marzo pasado ante el Jurado de Enjuiciamiento, luego de que detectaran más de 250 casos que se encontraban en condiciones de ser iniciados por Díaz pero que permanecieron inactivos, con el consiguiente perjuicio para las personas que habían requerido de esta asistencia del Estado. 

En el pedido de juicio político, García Castiella atribuyó a la defensora targalense haber incurrido en mala conducta, mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo. Señaló que en la revisión de los trámites que habían llegado al despacho de Díaz encontraron "una cantidad desmedida de trámites pendientes de inicio" y, en otros casos, "un sensible abandono e inacción que se tradujo en una ausencia de respuesta a sus asistidos", informó el Ministerio Público Fiscal ayer al dar cuenta de la nueva acusación de Cabot.

La Defensoría General realizó un relevamiento de los casos que tenía la defensora oficial civil. Así determinó que entre 2017 y 2020, Díaz dejó sin atender 262 casos que se encontraban en condiciones de haber sido iniciados. En el pedido de jury el defensor general reseñó 150 de esos casos, describió los hechos, su estado actual y toda otra información de interés para la investigación. 

A su vez, Cabot tomó 29 de los 150 casos reseñados por García Castiella. Según se indicó, el criterio fue tomar los casos en los que se advierte la inacción en distintas situaciones de gravedad. Entre esos, el fiscal enumeró la falta de respuesta al pedido que una mujer realizó en 2018 para que se inicie un proceso judicial para obtener el cuidado personal unilateral de su hija menor de edad y la supresión del apellido paterno, porque la niña había sido víctima de abuso sexual por parte de su padre biológico. 

La defensora oficial también ignoró el pedido, realizado en 2016, por un integrante de una comunidad originaria que intentaba iniciar los trámites para obtener la tutela de sus pequeñas sobrinas huérfanas cuya madre había fallecido en condiciones de extrema pobreza. Cuando desde la Defensoría General se comunicaron con este hombre para ver qué había pasado con su trámite, contó las estrecheces que pasan en su familia y, como no se tramitó la tutela, no pudo acceder a una asignación, subsidio o plan nacional para solventar el cuidado de los niños a su cargo.

Según informó el MPF, "la defensora Díaz no inició o postergó casos de cuidado personal, peticiones de guardas judiciales, tutelas, casos de restricción de la capacidad, medidas de protección, pedidos de alimentos o ejecución de alimentos ya regulados, interdictos de recuperar la posesión, promociones de divorcio unilateral y bilateral, peticiones de inscripción de nacimientos y defunciones, rectificaciones de partidas, juicios por cobro de pesos, informaciones sumarias, casos de filiación, de régimen de comunicación, impugnaciones a la paternidad, juicios sucesorios, intervenciones en expedientes de violencia familiar, juicios laborales, medidas autosatisfactivas, pedidos de desalojos, cambios de apellidos y homologaciones". En todos estos casos, Díaz tenía el poder otorgado por las personas que requerían su asistencia, quienes incluso le habían acercado toda la documentación requerida.

Al hacer lugar al pedido de detención del fiscal Cabot, el juez Aramayo consideró que se había acreditado el peligro de que la defensora oficial entorpezca la investigación en su contra. El fiscal había argumentado que la mujer podría utilizar sus relaciones de amistad o de interés surgidas a partir del cargo que desempeña y de esa manera entorpecer la investigación. Recordó en ese sentido que un testigo, funcionario de la Defensoría, contó que cuando la investigación ya estaba en marcha Díaz le pidió extraer documentación de la oficina.

El 8 de febrero pasado Rosa Díaz y Paola Díaz fueron imputadas por administración fraudulenta de bienes o intereses ajenos. Paola Díaz, que es concejala por el partido Ahora Patria, estuvo detenida en su momento, pero luego recuperó su libertad. 

Juicio político 

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados dispuso ayer la admisibilidad formal de las acusaciones presentadas por el procurador General, Abel Cornejo, y el Defensor General en contra de Rosa Díaz. 

El Jurado entendió que las acusaciones contra la funcionaria podrían estar comprendidas en "las causales de comisión de delito común, mala conducta, mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo”.

Para los integrantes de este tribunal, las acusaciones no pueden ser tomadas como “simples disconformidades” con la actuación de Díaz en su función, porque no se tratan "solo de apreciaciones subjetivas o pareceres acerca de la forma en que ha desarrollado la magistratura", sino que "se han expuesto argumentaciones suficientes que sustentan, siempre en un primer orden de análisis, indicios sobre cuya base se podría arribar a la conclusión de la existencia de aquellas causales de remoción, con especial sustento en la prueba arrimada hasta esta instancia al Jurado".

El Jurado abrió la causa a prueba por el término de 20 días. Durante los primeros cinco días, los denunciantes podrán ratificar o ampliar la prueba ofrecida en el inicio del proceso. Se señaló que "Una vez incorporada esta prueba se fijará día y hora para el inicio del debate".

La reunión del Jurado fue encabezada por el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano, y participaron el juez de Corte Horacio Aguilar; el fiscal de Estado Agustín Pérez Alsina; el senador Jorge Soto (representante por la mayoría); la senadora Silvina Abilés (representante por la primera minoría); la diputada provincial Alejandra Navarro (representante por la primera minoría de la Cámara de Diputados); el abogado de la matrícula designado por el Senado, Guillermo López Mirau, y el abogado de la matrícula designado por Diputados, Pedro Mellado.