Lejos está quien escribe de ponerse en el lugar de los y las expertos en temas sanitarios y de quienes tienen a su disposición la totalidad de la información y las evidencias que fundamentan la toma de decisiones. Pero como periodista existe la posibilidad –quizás la obligación– de registrar los hechos y de reflexionar –también como ciudadano– acerca de lo que uno ve en el escenario nacional. Cabe además –sin ninguna pretensión de verdad pero sí en este caso en base a las evidencias– hacerse algunas preguntas sobre las consecuencias que acarrea la realidad de evidente rebelión y desacato institucional del jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la alianza política que lo sostiene.

Horacio Rodríguez Larreta, que con tanto énfasis como falta de rigurosidad se refiere a las evidencias que supuestamente justifican sus decisiones, comenzó a buscar el camino para recular en chancletas, volviendo sobre sus propios pasos pero tratando de que ello se note lo menos posible. Anunció que habrá controles para hacer cumplir las disposiciones emanadas del DNU del Poder Ejecutivo Nacional dos semanas atrás. Pero nunca reconoció que en la Ciudad tales controles no existieron hasta el momento y tampoco fue preciso para establecer de qué forma se harán ahora y si habrá o no sanciones a quienes transgredan. Algo que sí hizo Axel Kicillof. Ni qué decir de anunciar alguna inversión de la Ciudad para mitigar las consecuencias económicas de las restricciones. Al parecer y pese a la autonomía declamada, esto no estaría entre las atribuciones del jefe del gobierno porteño para favorecer a sus vecinos.

Dijo que las evidencias –sus evidencias, que se apoyan más en las encuestas que en los datos empíricos– lo llevan a tomar nuevas medidas pero casi asumiendo que la Capital es una suerte de territorio insular, sin ninguna relación ni gravitación respecto de lo que ocurre en el resto del país. Rodríguez Larreta dice mirar lo que pasa en CABA pero se desolidariza totalmente con el hecho de que, siendo el principal o uno de los principales focos de contagio, la pandemia derrama sus consecuencias –leídas en aumento de casos y lamentablemente en muertes– en todo el país. Siempre es bueno reconocer a alguien cuando tiene la voluntad de rectificar los traspiés. Pero para que la corrección sea creíble y tenga validez hay que asumir, primero, que se ha cometido un error. Admitir además que, así se rectifique el rumbo, la medida ya es tardía y las tristes consecuencias están a la vista. El daño ya se causó y no se mide en estadísticas o en números, sino en vidas que son irrecuperables.

Lo de Rodríguez Larreta es una típica actitud de cierta mentalidad porteña o de algunos porteños que consideran que el país termina en lo que su vista alcanza a divisar desde el balcón de sus edificios, ignorando la realidad de una Argentina integrada y multidependiente. Es otra manera de expresar desprecio por quienes –aquí y en el mundo– sostienen que “nadie se salva solo”. Para el jefe de gobierno de la Ciudad, la capital se salva sola y no necesita de nada ni de nadie. Salvo, claro está, cuando reclama respiradores para cubrir la demanda o cuando tiene que señalar que es el gobierno nacional el responsable de “suministrar las vacunas”. Todo lo cual deja en evidencia una nueva contradicción, dado que el jefe de gobierno le asigna responsabilidades al Presidente en materia sanitaria, pero le niega el derecho a tomar decisiones para prevenir la agudización de la crisis.

Habría muchas otras consideraciones sobre lo dicho por el jefe de gobierno. Pero vale señalar que uno de los asuntos más graves es que Rodríguez Larreta vuelve a desconocer la autoridad presidencial. Con absoluto descaro –para complacer a los sectores radicalizados de ultraderecha de la oposición y a las usinas mediáticas que los alimentan y le sirven de amplificación– se pronuncia como un supuesto par del Presidente, desconociendo absolutamente el sentido de la autoridad presidencial otorgado por la Constitución, hasta el punto de configurar una situación de rebeldía cuyas consecuencias legales –también a la luz de las evidencias tan reiteradamente invocadas– tendrán que ser analizadas por los expertos en temas jurídicos y por el mundo político.

Rodríguez Larreta actúa con impunidad. Sabe que genera daños irreversibles, no solo para los vecinos y las vecinas de la Capital, sino también para ciudadanos y ciudadanas de todo el país. Daños sanitarios que no son números, no son estadísticas, son vidas. Daños institucionales que lesionan la convivencia democrática. Al volver a poner en manos de la Corte Suprema la decisión última sobre las medidas sanitarias, está desconociendo la autoridad presidencial y el orden institucional, con la clara intención de generar un daño al sistema democrático porque está convencido de que eso favorece a la oposición y a sus aspiraciones presidenciales.

¿Alguien le dirá al jefe del gobierno porteño que sus intereses son mezquinos y ponen en riesgo la vida de terceros? ¿Habrá memoria ciudadana para que, a la hora de un nuevo pronunciamiento en las urnas, Rodríguez Larreta tenga que dar cuenta de las muertes que ahora provoca en la Capital y por derivación en el resto del país? Quizás este país y esta ciudadanía, que ha hecho de la memoria un pilar de construcción ciudadana, no sumerja todo esto que hoy sucede en un pozo de amnesia política.

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