El Estado tiene deudas pendientes. El derecho a una remuneración es irrenunciable. Las escritoras y escritores necesitan que ese derecho sea reconocido. No quieren seguir siendo “el último orejón del tarro” en una extensa cadena de participantes en la que cada eslabón se beneficia más que quienes crean los textos. “Como trabajadoras y trabajadores, exigimos que nuestro esfuerzo sea retribuido del mismo modo que el resto de la cadena de producción de libro, sin sentirnos en la obligación de entregar nuestro trabajo gratuitamente en nombre de la cultura ni depender exclusivamente de las ventas. Reclamamos el derecho a una remuneración como la que perciben quienes diseñan, corrigen, imprimen o venden los libros”, plantea la Unión de Escritoras y Escritores en una carta abierta por el Día del Trabajador, dirigida a la industria editorial y al Estado argentino.

La Unión de Escritoras y Escritores, presidida por Marcelo Guerrieri e integrada por María Inés Krimer, Enzo Maqueira, Debora Mundani, Eduardo Mileo, Claudia Aboaf, Guadalupe Faraj y Luciana Strauss, entre otros, piden en la carta “un Estado presente que nos proteja” y advierten sobre la importancia de una Ley del Libro que establezca un Instituto Nacional del Libro Argentino (como existe un instituto del Cine, de la Música y del Teatro), “cuyo objetivo sea promover la industria editorial argentina y asegurarnos un lugar digno dentro de ella, y una ley de jubilación que termine con el desamparo que padecemos”. Enzo Maqueira cuenta a Página/12 que uno de los problemas del colectivo es que muchos escritores no se asumen como trabajadores, pero aclara que el colectivo LIJ, en cambio, sí lo hace. “La mayoría de los autores de literatura infantil y juvenil trabaja de lo que escriben exclusivamente. Cuando pensamos en escritores, tenemos que pensar también en ghostwriters, escritores de libros de investigación o de manuales; cualquier persona que aporte un texto para una editorial. El problema que tenemos es que muchas de las escritoras y escritores no se reconocen como trabajadores. En la carta decimos que cobra el diseñador, el corrector, el imprentero y el librero, y a nosotros nos dan diez libros o no nos dan nada, o nos pagan a los seis meses de acuerdo a lo que dicen que vendiste”.

Muchos escritores suelen dar clases en todos los niveles educativos, traducen, se desempeñan como correctores y editores, pero también pueden tener otros trabajos. “No nos queda otra que trabajar de otra cosa porque no tenemos ningún tipo de derecho laboral; la industria editorial y el Estado no nos tienen en cuenta. Una de las razones por las que nos cuesta avanzar es porque en el propio colectivo todavía hay escritores que no quieren reivindicarse como trabajadores y plantean:‘soy intelectual’, ‘soy artista’. Los actores tienen clarísimo que son trabajadores: el actor hace una película y la cobra. Si le va bien a la película o le va mal, no es problema del actor, que cobra por su trabajo. En cambio nosotros damos nuestros libros, una novela, leyendas griegas para chicos o un manual para la escuela, lo que sea, y en muchos casos tenemos que esperar a ver cómo le va al libro para que nos den la plata”.

Alma Rodríguez, representante del colectivo LIJ de literatura infantil y juvenil en la Unión de Escritoras y Escritores, reconoce que la cadena de producción de un libro es compleja y que no es fácil lograr un acuerdo entre todos los participantes. “Hay que concebir al libro como un bien cultural y no solo como mercancía”, dice Rodríguez. “Necesitamos una ley que reconozca los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la palabra. Como decimos en la carta, los más perjudicados son los que producen los textos. La literatura destinada a niños y adolescentes tiene un peso enorme dentro de la industria editorial. Los libros de literatura infantil y juvenil llegan a ser los que mayores ventas logran y sin embargo eso no se ve reflejado en la remuneración de los autores”, aclara Rodríguez.

A fines de junio de 2020 el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, participó de la asamblea por Zoom que organizó la Unión de Escritoras y Escritores para que se aprobara la ley del Instituto Nacional del Libro (INLA), un proyecto que había presentado Daniel Filmus, entonces diputado del Frente para la Victoria, en 2019. Bauer, en esa asamblea, se comprometió a trabajar para que la ley fuera sancionada; pero finalmente perdió estado parlamentario. Un diputado del Frente de Todos está trabajando junto a la Unión de Escritoras y Escritores para reflotar el proyecto del INLA de Filmus con modificaciones. Una de las críticas que había recibido el proyecto que perdió estado parlamentario es que estaba pensado “por editores para editores” y se cuestionaba también la escasa representación que tenían los escritores. La novedad de esta nueva Ley del Libro es un artículo que contemplará un pago a quienes entregan un texto a una editorial. Con el nuevo proyecto de ley la editorial paga al autor por su trabajo, independientemente de las ventas.

“En tiempos tan difíciles para la cultura en general y para el sector editorial en particular, con cierre de librerías y una caída histórica en la publicación, venta y exportación de libros, el hecho de organizarnos y visibilizar nuestro trabajo constituye una acción fundamental para hacer frente a esta crisis que nos atraviesa. Desde la Unión de Escritoras y Escritores reivindicamos los derechos de quienes trabajamos con la palabra y consideramos necesario tomar un rol activo en nuestro reclamo”, concluyen la carta los trabajadores de la palabra.