El procurador interino Eduardo Casal también quedó en la mira por los cambios en una oficina clave de la Procuración General, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), un área creada durante la gestión de Alejandra Gils Carbó que colabora en casos de extrema sensibilidad como los de espionaje durante el macrismo o el de la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro.

Dos semanas atrás, trascendió que Casal designó a Romina del Buono a cargo de la DATIP. Del Buono es una funcionaria del riñón del fiscal José María Campagnoli. Con él trabajó tanto en la fiscalía de Saavedra como en la Unidad Fiscal Especializada de Investigación Criminal Compleja (UFECRI). Del Buono quedó interinamente como reemplazante de Francisco Ulloa, a quien trasladaron al área de Concursos de la Procuración.

El 19 de abril pasado, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que lidera Julio Piumato, se interesó por la situación de la DATIP ante la ausencia de Ulloa desde el 8 de marzo y preguntó si se estaba ante un vaciamiento de la oficina, a la que, además, desde 2016 no se la actualiza tecnológicamente. 

La DATIP es un área especialmente sensible, que concentra tanto un cuerpo de investigadores como una serie de laboratorios forenses, dedicados a la medicina legal, la criminalística, el análisis de telecomunicaciones, documentos, redes sociales y de audio y video. Recientemente intervino, por ejemplo, en los casos de espionaje que se investigaron en Dolores --a cargo del juez federal Alejo Ramos Padilla-- y en Lomas de Zamora -a cargo del juez Juan Pablo Augé y de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide--. Debe también intervenir en el peritaje sobre los discos rígidos que se encontraron en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que darían cuenta del hackeo de correos electrónicos de distintos dirigentes políticos, sociales y periodistas. Fue el diputado Rodolfo Tailhade quien pidió su intervención al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que inicialmente había encargado el análisis a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), de la Corte.

La oficina también trabaja en el análisis de distintos elementos vinculados al caso Astudillo Castro e interviene en la investigación sobre de Jorge Julio López, testigo y querellante en el juicio a Miguel Osvaldo Etchecolatz --de cuya desaparición forzada se cumplirán quince años en septiembre. Hay expertos de la DATIP participando en la causa sobre la desaparición del efectivo de la Policía de la Ciudad Arshak Karhanyan y en la causa Vicentin. Son todos casos de alto impacto político.

Creada durante la gestión de Gils Carbó como una herramienta fundamental para avanzar con la implementación del sistema acusatorio, estuvo en manos de la fiscal Cristina Caamaño, la actual interventora en la AFI. Bajo el paraguas de la DATIP funcionó el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM) --que tuvo a su cargo las escuchas después de que se reformara la ley de inteligencia y se las sacara de la órbita de la entonces Secretaría de Inteligencia (SI). Al poco tiempo de la renuncia de Gils Carbó, Casal se comunicó con Caamaño para pedirle que dejara la dirección de la DATIP.