La bandera de la presencialidad que defiende el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta debería flamear a media asta. Los seis docentes fallecidos en CABA parece que no alcanzaron como evidencia suficiente. Los últimos fueron la maestra de nivel inicial Mónica Suárez y el profesor de Taller Sergio Vicino. Un informe de la Defensoría del Pueblo de la ciudad sobre 257 escuelas públicas sostiene que en el 54% de ellas se producen amontonamientos en sus ingresos y en el 30% no se cumple el distanciamiento social. También explica que en el 23% de los colegios no hay los mínimos y adecuados espacios al aire libre. Alejandro Amor, el defensor del organismo de control, opina que “deben tomarse medidas duras para impedir que continúe el proceso de potenciales contagios”. La secretaria general de UTE-Ctera, Angélica Graciano, declara que “se defiende algo que no existe y que ronda el 10 por ciento”. Vanesa Gagliardi, profesora de la escuela Niní Marshall de Mataderos e integrante del consejo directivo de Ademys dice que “mis alumnos vienen de lejos, toman dos colectivos y pueden tener una hora y media de viaje desde el Gran Buenos Aires”. Las certezas se acumulan, pero las clases que habían comenzado el 17 de febrero continúan a la espera de un fallo de la Corte Suprema que se demora.

La Defensoría del Pueblo publicó un trabajo que relevó la aplicación del protocolo sanitario en casi un tercio de los 750 inmuebles del sistema educativo y público en la ciudad. El organismo comprobó que en uno de cada tres establecimientos “tuvieron que aislar al menos un aula (burbuja) por un caso sospechoso o confirmado de covid-19”. También constató “cómo semana a semana fue subiendo la proporción de escuelas con burbujas aisladas, llegando en el último tramo del relevamiento al 50% de los casos”.

Hay comunidades educativas que le dieron visibilidad a sus problemas de una manera artesanal y colorida. Sobre cartulinas escritas con fibras en el ingreso a una escuela detallaron lo que iba sucediendo: “Burbujas aisladas 30, casos docentes 15, casos Niños 40, casos familiares 90, días de clase 47, días sin alcohol 20, días sin barbijo 35, vacunados 7, días sin clases promedio por grado 0,25, días con todos los docentes 6, ausentismo alumnos 40 %, familias que piden virtualidad 105”.

Graciano denunció penalmente a Rodríguez Larreta en representación de UTE por desobedecer a la Justicia Federal. Dice que lo hizo “por poner en peligro la vida y la salud de miles de alumnos, alumnas, docentes y familias de la ciudad de Buenos Aires”. Exdirectora y supervisora de escuelas, le cuenta a Página/12 cómo se incumplen los protocolos: “Acá se quiere hacer saltar por los aires el dispositivo sanitario. Esta tragedia se construyó desde fines del año pasado. Tuvimos que hacer denuncias en 2020 por las canastas de comida, presentamos un amparo por la falta de alcohol en gel, pasaron meses sin que se recibiera lavandina en las escuelas”.

Ahora el Juzgado criminal y correccional N° 9 deberá resolver la denuncia de Graciano contra el jefe de Gobierno para que, entre otros hechos, “se sirva hacer cesar los actos de hostigamiento y amedrentamiento llevados a cabo por las autoridades de diferentes escuelas sobre los/as trabajadores/as docentes y auxiliares de la educación” porque recibieron “amenazas de sanciones para que se presenten a trabajar aquellos/as que son contacto estrecho y se encuentran pendientes de conocer su resultado del examen de covid-19”.

Gagliardi explica que “los protocolos son incumplibles. Los pasillos donde nos cruzamos en la escuela no tienen un metro y medio de distancia como indica el distanciamiento obligatorio. No hay patios grandes. Cuando llueve hay que mantener las ventanas abiertas y los alumnos se mojan. Es insostenible seguir en la presencialidad. En la escuela Niní Marshall, la única con orientación en teatro de la ciudad, menos del 10 por ciento de los docentes están vacunados y vacunadas”.

El informe de la Defensoría del Pueblo arroja datos que el gobierno porteño no toma en cuenta. “La mayor proporción de aulas aisladas se produjo en el nivel primario, dado que en el 42% de las escuelas relevadas de este nivel tuvieron que aislar al menos una burbuja”. Es en la escuela primaria junto al nivel inicial, los jardines maternales y la educación especial, donde Rodríguez Larreta decidió mantener la presencialidad (no así en la secundaria). Lo hizo pese a que el organismo que conduce el abogado Amor comprobó que “el 24% de los establecimientos cuentan con aulas en las que no se respeta el distanciamiento social y que casi en el 20% de los casos se encuentran habilitados espacios de dictado de clases donde no están aseguradas condiciones de ventilación adecuadas”.

“Nosotros visitamos 21 escuelas por día, hicimos este trabajo que fue avalado por el Ministerio de Educación de la Ciudad y nos encontramos con situaciones muy complejas. En los jardines maternales hubo directoras que nos dijeron que no podían cumplir el protocolo. Otro problema que comprobamos fue la falta de distanciamiento en las entradas y salidas de los colegios. Pedimos por más controles en los micros porque se mezclaban en los viajes alumnos de dos burbujas diferentes. En CABA existe un número muy importante de familias que llevan a sus hijos en el transporte público. Hay que bancársela si se deben tomar decisiones que signifiquen perder elecciones. Tenemos que defender la presencialidad siempre que no esté en riesgo la salud de las personas”, dice el defensor del Pueblo.

Un dato adicional al informe que aporta Amor es que las dificultades de infraestructura más serias están en los colegios que construyó el brigadier Osvaldo Cacciatore durante la última dictadura cívico-militar. Su Plan 60 escuelas lanzado en 1979 --de las que solo levantó 24-- construyó edificios con ladrillo a la vista y hormigón que tienen problemas de mantenimiento. En sus accesos, como en el de otros institutos educativos públicos y privados “es claro que el ingreso escalonado de los/as estudiantes no ha sido suficiente para evitar este tipo de situaciones (por el incumplimiento del distanciamiento social)”, señala el relevamiento de la Defensoría que además constató cómo “el 64% de las escuelas no tienen cuarto de aislamiento o bien el mismo no reúne condiciones adecuadas (falta de ventilación y/o baño exclusivo)”.

La imposibilidad de mantener la distancia en los accesos también se percibe hacia el interior de las aulas. El informe dice que “el espacio no es suficiente para albergar ni siquiera a la mitad del alumnado habitual con una distancia de 1,5 metros entre los mismos”.

Rodríguez Larreta y la ministra de Educación Soledad Acuña niegan los datos de la Defensoría. La funcionaria sostiene que en las escuelas de la Ciudad “hay 45 mil burbujas y que sólo cerraron menos del 2%”. El gobierno porteño ratificó la presencialidad atendiendo a la base de su electorado que envía mayoritariamente a sus hijos al sistema privado. Según Graciano, “se ha utilizado el tema de la educación para partidizarlo y los paros, sumados a los testimonios de pediatras de cuatro hospitales de niños en CABA, llevaron a un cambio en la percepción de la gente sobre la presencialidad. A eso el gobierno de la Ciudad respondió con acciones de disciplinamiento, con descuentos a los salarios de los docentes y el envío de grupos de personal contratado que supervisan si estamos o no en las escuelas y si las familias mandan o no mandan a sus hijos”.

Según el testimonio del 90 % de las autoridades docentes entrevistadas en las escuelas para el informe de la Defensoría, “uno de los mayores inconvenientes es la provisión de equipamiento y de insumos necesarios para la prevención. En particular, se destaca la falta dispenser de alcohol en gel y/o jabón líquido, toallas descartables, máscaras faciales, artículos para la limpieza y espacios de guardado para elementos personal, entre otros”.

En estos días de presencialidad a cualquier precio, una cartulina recordaba sobre el enrejado de un colegio: “El guardapolvo no inmuniza. Ante el virus somos todos iguales”. En el gobierno de CABA todavía no tomaron nota del reclamo.

 

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