En medio de la tensión política al interior del gobierno por la suba tarifaria, el incremento definido por el ENRE es de del 9 por ciento en la tarifa promedio de los usuarios de Edenor y Edesur. La medida rige desde el pasado sábado, de acuerdo a las resoluciones 106 y 107 publicadas en el Boletín Oficial. A pesar de que va a estar muy por debajo de la inflación del 2021, es el primer aumento luego de casi dos años de congelamiento. El ENRE explicó que "de haberse aplicado los criterios tarifarios del gobierno de Cambiemos, el aumento alcanzaría el 160 por ciento promedio", dada la acumulación de incrementos no aplicados durante el período de anterior.
El ajuste del 9 por ciento en promedio aplica para las facturas de las pequeñas demandas residenciales (de las categorías R1 a R9), general (G1 a G3) y alumbrado público; T2 (medianas demandas entre 10 kW y 50 kW de potencia contratada) y T3 (grandes demandas mayores a 50 kW de potencia contratada, pero hasta 300 kW).
El incremento se concreta un mes después de la finalización de la última ronda de audiencias públicas, en donde se debatió la situación de la distribución eléctrica. En esa instancia, las empresas de distribución eléctrica Edenor y Edesur pidieron al gobierno una actualización de los ingresos que les permita cubrir un déficit estimado en 2021 de entre 30 mil y 35 mil millones de pesos. Según las empresas, si ese alza se volcara totalmente a los usuarios, la suba de las boletas eléctricas sólo por el componente de distribución sería de hasta el 34 por ciento
Sin embargo, desde el ENRE advirtieron que si contemplan los incrementos en las categorías más bajas de consumo, que concentran a la mayor cantidad de hogares, la suba del Valor Agregado de Distribución (componente de distribución en las boletas eléctricas ) derivada de las propuestas de las empresas sería de hasta 109 por ciento en el caso de Edenor y del 258 por ciento en Edesur. Eso implicaría aumentos de hasta el 81 y el 157 por ciento en la boleta final.
“La política tarifaria de la Alianza Cambiemos arrojó como resultado una mejora de los ingresos de las empresas de generación, transporte y distribución, derivó en facturas impagables y en una peor calidad de vida de las personas. De continuar vigentes los ajustes previstos en la Revisión Tarifaria Integral de 2017, así como la política de quita de subsidios al precio de la energía que implementó el gobierno de Cambiemos, las tarifas del servicio de electricidad en el AMBA serían hoy, en promedio, un 160 por ciento más elevadas. El gobierno del Frente de Todos ha priorizado la necesidad de morigerar el impacto tarifario sobre el poder adquisitivo de familias, comercios e industrias", indicó el ENRE.
La suba del 9 por ciento si bien descongela tarifas implica otro retroceso en relación a la inflación y al salario. Según el gobierno, se trata de uno de los pocos ejes sobre los cuales el poder adquisitivo de los hogares puede crecer, dado el contexto de alta inflación en una economía con muchos problemas de empleo y con un 42 por ciento de pobreza. En esa línea también se manifestaron en su momento las entidades de consumidores. En cambio, la postura más fiscalista enfatiza el tamaño que está tomando el monto de subsidios y en la disponibilidad de recursos fiscales para destinar a otro uso.
