El titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Félix Crous, reclamó que el juez federal Ariel Lijo reabra la investigación sobre irregularidades en la construcción de jardines de infantes durante el gobierno de Mauricio Macri ya que la actual gestión en el Ministerio de Educación, a cargo de Nicolás Trotta, detectó nuevas evidencias que dan cuenta de que se habrían pagado sobreprecios millonarios y que en el caso de 93 jardines se contrató a una misma Unión Transitoria de Empresas (UTE) que nunca terminó las obras por las que se pagaron casi 62 millones de dólares, como reveló Página/12. Luego el exministro Alejandro Finocchiaro aceptó rescindir los contratos sin reclamar ni un centavo ni aplicar multas. "El abandono de la educación y las grandes sumas de dinero que se pagaron sin terminar los jardines, son dos de los aspectos más graves, y además tenemos sospechas de la relación de las empresas ganadoras y los funcionarios", dijo Crous a este diario. La denunciante original del caso, Margarita Stolbizer, remarcó que "el gobierno de ese entonces no controlaba la ejecución y sin ejecución seguía pagando". Gimena Vitali, directora de Asuntos Jurídicos de la cartera educativa, señaló que apuestan a "recuperar la plata a través de distintas acciones judiciales". Los jardines, anunció, "se van a finalizar, de hecho 19 ya fueron terminados". 

En 2016 Mauricio Macri anunció el Plan Nacional 3000 Jardines, que preveía la construcciones de establecimientos con salas de 3 a 5 años, lo que garantizaría el acceso a la educación a 700 mil niños y niñas. La primera denuncia sobre el incumplimiento de esa promesa la hizo Stolbizer desde la ONG que dirige, Bajo la Lupa. "Hay una diferencia enorme entre lo que se prometió y lo que se ejecutó. Primero prometió 3 mil jardines, después bajó a una implementación de un programa por 200 jardines, después por 500, y se terminaron licitando ciento y pico. Aunque se pagaron, ni se terminaron", dijo la exdiputada en el programa Imagen Positiva, en IP Noticias. Stolbizer contó que llevó documentación y fotografías al juzgado de Ariel Lijo, pero la causa fue archivada. "El gobierno de ese entonces no controlaba la ejecución y sin ejecución seguía pagando (...) yo no tengo un doble estándar para calificar los actos cuando están bien y cuando están mal --enfatizó--, es independiente del gobierno. Insisto en que haya un juez que investigue y que la Justicia lo determine". 

La OA pide ahora que, en función de relevamiento documental que hizo Educación, se saque del archivo esa pesquisa. El fiscal Ramiro González analizaba la documentación en la tarde de ayer e impulsaría la continuación de la causa. Según explicó Vitali, se llegaron a licitar 292 obras y se detectaron anomalías en 93. Son cuatro de cinco licitaciones, que tuvieron como beneficiaria común a la UTE integrada por las empresas Escarabajal Ingeniería SRL y Bahía Blanca Viviendas SRL. "Tenían un plazo de 150 a 180 días para terminar las obras pero no lo hicieron, las obras y predios fueron abandonados y en algunos casos vandalizados; y un año más tarde se terminaron rescindiendo los contratos por incumplimientos", recuerda Vitali. 

Lo curioso fue que esa finalización de los contratos fue acordada y después "las empresas en cuestión se presentaron en concurso de acreedores pero el Estado no fue en el momento oportuno a verificar los créditos", dice Vitali. Cuando la actual gestión detectó la situación ya se había vencido el plazo para presentarse en el proceso concursal. Todavía el Estado pelea ahora para que se lo reconozca como acreedor. "Intentamos por distintas acciones judiciales y la ejecución de las garantías recuperar el dinero, esperamos para cuando llegue el momento procesal oportuno", explicó. Desde el año pasado se retomaron las obras y se acordó con las provincias y municipios donde hay jardines pendientes de construcción o finalización que ellos convocan a licitación y el Estado financia ese proceso. "A partir de la denuncia que presentó la OA apunta a otra cuestión importante que esperamos que se investigue, que es si existió connivencia entre los funcionarios y las empresas involcradas", subrayó la funcionaria. 

Crous destaca los elevados sobreprecios detectados. La denuncia de la OA señala que se pagaron 1498 dólares por metro cuadrado, que es el cerca del doble de los valores de mercado cotejados. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires ese valor era de 708 dólares el metro cuadrado. A lo que se suma que se pagaron cetificaciones de obras que no tenían el grado de avance que señalaban los documentos. Aún descontando lo que sí se construyó, el cálculo es que se pagaron indebidamente 62 millones de dólares. El total proyectado para todos los jardines era de 92 millones de dólares. El Estado nacional, con su representación actual, pudo presentarse a reclamar en la verificación de créditos 880 millones de pesos, aunque tampoco hay certezas de que sean reconocidos. 

"Le pedimos al juez Lijo que investigue, porque ya no hay razones para no hacerlo. Además de los sobreprecios y la elección de las empresas, según el análisis del propio Ministerio de Educación (al momento de las licitaciones) no tenían capacidad para asumir el compromiso de las obras que asumieron (...) pareciera haber una administración infiel por parte de los funcionarios y una estafa en la administración pública por parte de los privados", dijo Crous. La denuncia pide que imputen, entre otros, a los exministros Esteban Bullrich y Alejandro Finocchiaro.