La Corte Suprema emitió sentencia pensando en la repercusión mediática, buscando favorecer políticamente al jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en detrimento del presidente Alberto Fernández. Lo primero ya lo consiguió, lo segundo se medirá andando el tiempo. Los argumentos de la decisión fueron pobres, aún para la baja calidad actual del Tribunal. Pocas citas, fatigadas, nula atención al derecho comparado, a lo que ocurre en otros países. 

Cuatro jueces formularon tres votos. Individuales el actual presidente Carlos Rosenkrantz y su antecesor Ricardo Lorenzetti. En conjunto se expidieron Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Los fundamentos (“considerandos” en jerga) son severos respecto del gobierno nacional. Las diferencias entre los votos, no tan significativas, algunos argumentos acaso compatibilizables conversando. Los gigantescos egos de los cortesanos habrán influido para tanta dispersión. Por ahí incidió el tratamiento remoto de los debates, dato digno de mención cuando se subestiman los riesgos de la presencialidad.

Larreta celebró y dejó trascender que lo hizo en voz baja. Forma parte de la imagen que busca instalar.

El Presidente cuestionó tempranamente el fallo. Horas después el oficialismo redondeó su respuesta que también se desgrana en otras notas de esta edición. Resumamos sus argumentos y las movidas que anuncia:

a) La sentencia es abstracta porque versa sobre un Decreto de Necesidad y Urgencia que rigió hasta el 30 de abril.

b) Los reproches a esa norma (hipotética falta de aval científico) están cubiertos con holgura por el DNU 287/2021, vigente por tres semanas.

c) En sus distintos votos los jueces aseveran que el conflicto versa sobre facultades compartidas (“concurrentes”) entre Nación y provincias, entre ellas la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). 

d) El Consejo Federal de Educación (CFE) es un órgano que ejerce facultades concurrentes al efecto, ya que lo integran el Estado nacional y las 24 provincias. En reunión plenaria, el Consejo aprobó ayer a la tarde el DNU por mayoría amplia que incluyó a dos provincias con gobernadores radicales: Corrientes y Jujuy. Solo votaron en contra la CABA y Mendoza. Un detalle que puede traer cola: antes de esta decisión, el voto de Lorenzetti puntualizó que el CFE es competente para ejercer las facultades compartidas y definir si hay clases presenciales.

e) Tal como anticipó Fernández la semana pasada, se prepara “a toda velocidad” un proyecto de ley. Regulará con parámetros cuantificables qué medidas urgentes se deben adoptar en todo el país ante el agravamiento de la pandemia. En sustancia es “un calco” de las especificaciones del DNU. El Presidente confía en enviarlo al Congreso esta semana. Entrará por el Senado para hacer valer la holgada mayoría del Frente de Todos. En Diputados se da por hecha una férrea oposición de Juntos por el Cambio. Pero los operadores parlamentarios oficialistas confían en sumar los votos “cordobesistas” que responden al gobernador Juan Schiaretti, los del bloque federal que comanda el mendocino José Luis Ramón y acaso diputados que respondan a los gobernadores de Jujuy y Corrientes.

El Gobierno subraya que hay presencialidad en 20 provincias, las excepciones deberían ser Santa Fe, Mendoza, la CABA y Buenos Aires. Las reglas son legales y precisas.

Fernández remarca que habla todos los días con los gobernadores, aparte de las reuniones grupales. También conversó con el intendente de Rosario, Pablo Javkin. El alcalde objeta que el gobernador santafesino, Omar Perotti, haya suspendido la presencialidad por una semana. El sistema de salud rosarino está bordeando el colapso; Javkin confía en zafar en pocos días. Puede que la Nación coopere enviando camas a Rosario para aliviar el nivel de ocupación, cumplir con los criterios del DNU y estar en condiciones de reestablecer las clases presenciales. En Olivos y en Balcarce 50 comentan el caso como uno más de cooperación federal imperante a la que solo hace excepción Rodríguez Larreta.

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El lunes pasado se cumplieron cuatro años desde el dictado de la sentencia “Muiña”, el 2 x 1 aplicado a los represores terroristas de Estado. La Corte Suprema en su actual integración se presentaba en sociedad de modo afrentoso. Empezaba una decadencia que la ranquea como la casi peor desde la recuperación democrática, solo superada por la menemista. Empardarla, tal vez, solo sea cuestión de tiempo.

En el tránsito hasta ayer acumuló expedientes arrumbados por años: Farmacity, algún pronunciamiento sobre la “doctrina Irurzun” por dar dos ejemplos evidentes. Centenares o miles de recursos rechazados sin dar ningún fundamento, resoluciones antirepublicanas y arbitrarias por lo tanto.

La historia había comenzado mal: con dos magistrados que ahora se ponen restrictivos con los DNU --Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti-- que aceptaron entrar por la ventana al Tribunal, designados mediante un decreto simple del ex presidente Mauricio Macri. Menos que un DNU, que para validarse requiere aprobación parlamentaria. Con esa endeble legitimidad sería prudente contener la soberbia y bajar el dedito.

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Los debates jurídicos fatigan a la gente común, suelen ser indescifrables. En este caso se mezclan con pujas de poder. La Corte quiere beneficiar a Larreta, tiene la camiseta puesta… pero no se jugó del todo. O no jugó del todo bien; tal vez dejó flancos débiles en el fallo.

El Gobierno aducirá que hay un nuevo DNU, ajeno a la resolución de la Corte, que restringe la presencialidad en la CABA. Y resaltará lo resuelto por el CFE exigiendo que Larreta acate lo establecido.

Cabe suponer que Larreta (que se plantó ante un DNU) aseverará que la Corte le puso freno a la Nación. Y desconocerá la autoridad del Consejo Federal de Educación amparándose en “la gente”, “las evidencias” y lo que decidió “la Justicia”. Es una hipótesis, habrá que ver.

Si se confirman estas presunciones del cronista, la clases presenciales (con asistencia real de la mitad de los pibes o un poco más) proseguirán tal como hasta ahora. A menos que Larreta retroceda y atienda razones. Su punto fuerte es mostrarse como adalid de la presencialidad. Fernández y su entorno reconocen que la suspensión es “antipática”,  y traumática para los chicos. Confían en revertirla pronto.

Nada parecería irresoluble así contado pero la dinámica política de confrontación dificulta articular algún acuerdo. 

Entre tanto, el gobierno nacional destaca el impacto epidemiológico positivo que tuvieron las recientes medidas restrictivas. En la Ciudad concuerdan, a veces hasta en voz alta. Pero quieren sostenerse como la principal oposición ahora con una sentencia que blandirán como triunfo. Y una persistente desaprensión respecto de las consecuencias sanitarias de su política.

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