La Intersindical docente (ATECA, SIDCA, SUTECA, SADOP y UDA) comenzarán hoy viernes el paro que habían anunciado esta semana. El paro sería de 72 horas, dividido en dos etapas, porque el lunes hay feriado puente, por lo que continuarían las otras 48 horas el miércoles y jueves de la próxima semana.

El miércoles los gremios habían presentado al Ministerio de Educación un paquete de demandas, pidiendo ser vacunados y el cumplimiento de los acuerdos.

Entre los puntos centrales se encuentra el decreto emitido el 29 de abril por el Poder Ejecutivo, por el cual limita la acumulación de cargos y establece un máximo de 36 puntos, “incluyendo todos los servicios docentes, cualquiera sea su nivel académico y jurisdicción”. Por otro lado, reclaman la homologación de horas cátedra/hora reloj que afecta a docentes especiales y rurales, algo que el gobierno había prometido durante la paritaria, pero que aún no se cumple.

Sobre el decreto, Sergio Guillamondegui, secretario general de SIDCA, expresó: “Nos parece que está tocando algo esencial de nuestro contrato laboral y eso se tiene que manejar en el ámbito paritario y no hacerlo entre gallos y medianoche y en desconocimiento de la docencia”.

En el mismo sentido, Juan Godoy, secretario de SUTECA, enfatizó: “Estamos haciendo una reforma de educación por decretazo en vez de hacerla estatutariamente, cosa que no ocurrió”. Y agregó: “La síntesis es vacuna ya, decretazos no”.

Otro punto fuerte de la demanda es que sean incluidos en el plan de vacunación como trabajadores esenciales. Los gremios habían expresado su disconformidad con la vuelta a las clases presenciales. Con respecto a este punto y al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Guillamondegui dijo a Catamarca/12 que hay una coalición de derechos que en realidad la Corte no entra a analizar, sino que se refiere sobre las autonomías y más que todo sobre la ciudad de Buenos Aires. "Entendemos nosotros que la salubridad es una potestad que tiene Nación y que hay que respetar. Dicho sea de paso, en la provincia se está manifestando lo mismo y hay intendentes que se negaron a cumplir las disposiciones por un decreto de autonomía provincial”.

El gremialista aludió en este punto a municipios como Santa María, donde aún no se iniciaron las clases presenciales por disposición del COE local.

En tanto, para Godoy “están dibujados los protocolos en las escuelas y el tema de las burbujas no existe, porque puede ser que adentro de las escuelas se arme la burbuja, pero el transporte y la movilidad en general no da para saber”.

Así mismo, señaló que “hay que salir de la falsa dicotomía de que si la escuela infecta o no, acá el tema es salud. Hay una negación en el planteo político en lo que se refiere, aquí lo que hay que poner en blanco sobre negro es si hay garantías de sanitización en lo que es insumo y en los que es la propia infraestructura escolar”.

Con respecto al fallo de la Corte de Nación, Godoy fue claro: “Estamos en contra, porque prácticamente el poder político lo están asumiendo los jueces en lugar que el gobierno. Para nosotros es un tema anticonstitucional, si no, estaríamos votando jueces y no eligiendo gobernadores, más allá de que estemos de acuerdo o no con los gobiernos”.

El gremialista agregó: “Estamos planteando que es una decisión de salud y si hay conflictos que se transforman de lo político a lo legal, los que están pagando los platos rotos son los docentes que se mueren, porque si existe un DNU por un Presidente, homologado por los gobernadores, no hay nada más que discutir”, concluyó.

Demandas

Otra de las demandas las constituye las bajas de servicio en el Nivel Superior de unos 70 docentes por un error administrativo, lo cual habría ocurrido por el cambio de Plan de Estudio de carreras. Los gremios denunciaron que tal medida generó la pérdida de salario en épocas de pandemia.

En resumen, la nota presentada, reclama la falta de convocatoria en cumplimiento del Acta Paritaria Homologada por la Dirección de Inspección Laboral sobre titularización, solución a las horas cátedra, horas reloj, para los cargos de materias especiales y todos los puntos acordados, que a la fecha el Ejecutivo no dio cumplimiento.