Un juez federal de Mendoza fue imputado hoy de liderar una asociación ilícita que se dedicaba a cobrar coimas a presos a cambio de recibir beneficios, informaron fuentes judiciales. La acusación sostiene que la asociación estaba integrada además por su esposa y otra decena de personas, ocho de las cuales fueron detenidas. Se trata del juez federal con competencia electoral en Mendoza, Walter Bento, quien fue imputado como "jefe de asociación ilícita, seis hechos de cohecho pasivo, lavado de activos y enriquecimiento ilícito", aunque permanece en libertad debido a los fueros que lo amparan.
El caso es investigado por el juez federal de San Rafael, Eduardo Puigdéngolas, quien ordenó en las últimas horas la realización de allanamientos en oficinas y viviendas particulares de los imputados y la detención de tres abogados y otras personas, a partir de las tareas de investigación que inició el fiscal de la Cámara Federal de Apelaciones, Dante Vega. En tanto, la esposa del juez, identificada como Isabel Boiza, fue acusada formalmente por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, pero por el momento tampoco se requirió su detención. Los otros presuntos integrantes de la asociación ilícita y que sí fueron detenidos en los allanamientos de esta mañana fueron los abogados Matías Aramayo y Martín Ríos, mientras que aun no se logró a aprehender a Luciano Ortego, otro de los letrados involucrado en la causa.
Ambos detenidos son socios y fueron aprehendidos en sus domicilios cuando los policías de Investigaciones realizaron los allanamientos.
La hipótesis de los investigadores es que los tres abogados investigados por "asociación ilícita y cohecho activo" bajo las órdenes de Bento, se habrían coordinado para pedir coimas a los detenidos para beneficiarlos con resoluciones judiciales, a los que se les suman otras personas que habrían participado.
Según detallaron fuentes de la Justicia Federal, se detuvo a un total de ocho personas que serán indagados a partir de mañana, entre los que se encuentran dos de los abogados y dos de los presuntos sobornadores.
La causa se originó en marzo del año pasado a partir de los datos que aparecieron en el teléfono del detenido Walter Bardinella Donoso (41), acusado de narcotráfico, y las declaraciones de Diego Barrera, el principal imputado por el secuestro y homicidio del empresario Diego Aliaga. Los investigadores del primer caso realizaron distintos peritajes sobre el teléfono celular del sospechoso y sobre sus redes sociales, donde se detectaron llamadas y conversaciones en WhatsApp y en Telegram con personas cercanas a la Justicia Federal de Mendoza.
La investigación continuó cuando el 28 de julio de 2020 desapareció el exdespachante de aduana Aliaga (51), quien luego apareció asesinado, y por el hecho se detuvo al socio Diego Barrera (51). Barrera declaró ante los investigadores que Aliaga tenía contactos en la Justicia y que "sacaba presos del federal, arreglaba y sacaba presos del penal".
Esa causa, considerada secuestro seguido de homicidio, quedó en manos de la justicia federal y además de Barrera se detuvo a su esposa Bibiana Sacolle (46) y los hijos de la mujer, Gastón (28) y Lucas Curi (26). También Yamil Rosales (32), chofer de la empresa de transporte de los Barrera, que declaró como "arrepentido" y ayudó a encontrar el cuerpo. Para los investigadores la organización contaba con “un facilitador”, quien sería el asesinado Aliaga.
En ese sentido, según trascendió, se detectó un intercambio de centenares de llamados entre el celular de Bento y el de Aliaga. La sospecha de los investigadores es que la asociación ilícita está compuesta por alrededor de 15 personas y el juez federal Puigdéngolas ordenó la realización de distintos allanamientos que se realizaron esta mañana.
Según las fuentes, algunos de los procedimientos se llevaron a cabo en estudios jurídicos en los que los investigadores buscaban documentación de importancia para la causa y dinero; otros en domicilios particulares y también se allanó el despacho del juez en la sede de los Tribunales Federales, ubicada en calle España de la capital provincial. Bento, de 58 años, es el titular del Juzgado Federal 1 de Mendoza desde 2005 y juez con competencia electoral.
