Tras el fallo de la Corte Suprema que avaló la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires para continuar con las clases presenciales, en Casa Rosada se preparan para dar la batalla en el Congreso. Con el objetivo de poner fin a los debates entre jurisdicciones y poder establecer un criterio único para la administración de la pandemia, el gobierno nacional apura el texto de un proyecto de ley que defina criterios epidemiológicos precisos para regular las restricciones en los distritos de todo el país. El Ejecutivo todavía está fijando los últimos detalles, pero el objetivo es enviarlo al Congreso esta semana y aprobarlo antes de que venza el último DNU, iniciativa difícil dados los tiempos parlamentarios. Los parámetros sanitarios serán similares a los que están detallados en el último DNU presidencial, y ya se está avanzando en negociaciones con los gobernadores para alcanzar el mayor consenso posible. Algunos bloques provinciales, como el del mendocino José Luis Ramón, ya adelantaron su apoyo.
"En los próximos días enviaré un proyecto de ley para que en función de criterios científicos claros y precisos se faculte al Presidente de la Nación y a los gobernadores a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional". Así lo había anunciado hace una semana el presidente Alberto Fernández, al final de discurso en el que comunicaba la extensión de las restricciones hasta el 21 de mayo, anticipando un fallo judicial en contra. El duro golpe que significó la decisión de la Corte Suprema aceleró la redacción del proyecto de ley, a cargo de la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y ahora el oficialismo prevé tenerlo listo "entre esta semana y la que viene". "Es un proyecto que tiene características técnicas, desde el punto de vista de los indicadores, de los rangos y de las sanciones, y otra parte política. Sobre la fecha, estimamos tenerlo esta semana. Y si no, será la próxima. Pero estamos trabajando para tenerlo esta semana", aseguraron desde Jefatura de Gabinete a este diario. El objetivo es sacar el debate por las futuras restricciones del ámbito del Poder Judicial, y llevarlo a la arena del Congreso.
El proyecto pretende unificar criterios epidemiológicos en función de los cuales cada distrito pueda adoptar determinado tipo de restricciones y medidas de cuidado. La base del texto deriva de los indicadores que ya fueron fijados en el último DNU presidencial - el aumento de contagios durante los últimos 14 días, la incidencia de los casos sobre la población y la ocupación de camas de terapia intensiva -, aunque también contará con otros elementos técnicos que estará definiendo en estos días Vilma Ibarra. La estructura, sin embargo, será similar al semáforo epidemiológico propuesto por el gobierno nacional, que divide al país en cuatro categorías según de riesgo sanitario: bajo, medio, alto y alarma epidemiológica. "El proyecto va a tener parámetros objetivos. Que es algo que la oposición siempre le pidió al Ejecutivo. Son parámetros que están en el DNU y que siempre estuvieron, pero la oposición no suele leer las cosas", chicanearon desde Casa Rosada.
Paralelamente, el ministro de Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, mantiene un diálogo constante con varios gobernadores con el objetivo de generar acuerdos de cara al debate legislativo. Según indicaron fuentes del ministerio, hubo "bastante" consenso con las autoridades provinciales respecto a la sanción de esta ley, incluso de parte de jurisdicciones gobernadas por Juntos Por el Cambio, como Jujuy y Corrientes. El apoyo de las provincias a la definición de un criterio común epidemiológico ya se había visto reflejado en la votación del Consejo Federal de Educación del martes. "Este es un proyecto que debería haber sido aprobado hace tiempo, de manera que haya una sola cabeza conductora sobre la base de un hecho objetivo para poder tomar medidas de prevención y restricción. Es más que necesario que este proyecto se trate y lo apoyen todas las fuerzas políticas", adelantó el titular del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, a Página/12. "Nosotros vamos a empujar para que esto salga y pronto", aseguró.
Si bien no quieren adelantarse, en el gobierno se muestran confiados en que el proyecto de ley se sancionará. "Va a prevalecer el sentido común", aseguró un importante funcionario de Casa Rosada. "El gobierno está buscando dar un marco de certeza a la hora de tomar medidas para cuidar la salud de los argentinos en un proceso que no sabés cuando va a terminar", explicó. Mientras tanto, en Juntos Por el Cambio las opiniones están divididas: un grupo espera, con cautela, a conocer el texto del proyecto, y el otro ya anunció su oposición, denunciando que la iniciativa buscará darle "superpoderes" al Ejecutivo. "Vamos a esperar a conocer el proyecto y lo debatiremos", indicó una de los principales figuras del Pro en Diputados.