La décima sesión del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta sólo encontró un mayor debate en el primer punto del orden de día dispuesto para la sesión. Después de varias modificaciones, se aprobó por unanimidad la realización de capacitaciones en perspectiva de género para trabajadores de la prensa en el marco de la Ley Micaela, N° 27499, con el fin de obtener un mejor tratamiento en las noticias, sobre todo, en casos de violencia de género y femicidios. 

En un principio el proyecto proponía que tanto el Concejo Deliberante como el Ejecutivo Municipal promuevan la realización de capacitaciones obligatorias sobre la base de la pauta que recibían los medios y personas físicas. Pero su autora, la edil Frida Fonseca (Salta Tiene Futuro), afirmó al inició de su exposición que el concepto de la obligatoriedad iba a ser sacado, acción que quedó plasmada en la modificación y votación final de la iniciativa. 

Fonseca destacó que los medios son una "herramienta fundamental" para generar mayor concientización sobre las situaciones de violencia de género ya que son los que transmiten la información diaria, además de forjar opinión pública. En ese sentido, criticó que aún se dan tratamientos donde existe una mayor exposición sobre la vida de las mujeres víctimas de violencias, que de sus propios agresores, deslizando que existe cierta protección mediática sobre estos últimos. 

La idea no fue compartida por el concejal Jorge Altamirano (Salta Nos Une), quien también se desempeña como comunicador. "Considero que los medios no tienen la intención de llevar la protección de los victimarios", aseguró el edil, y subrayó que la falta de difusión de la imagen de los agresores forma parte del proceder de la Justicia. Por eso, el edil dijo que debe generarse un debate más amplio y "comprender cuál es el rol de los medios de comunicación en Salta". 

Quien disintió en la totalidad del proyecto original fue Susana Pontussi (Partido Renovador de Salta), quien concluyó que ningún artículo del proyecto era necesario. "La idea de este proyecto es buena", inició su discurso, pero de inmediato recordó el concepto de la libertad de expresión y de prensa para afirmar que el Estado "no puede tener interferencia" en los medios de comunicación.  

Pontussi también criticó el artículo 2, en el que se establece que el órgano de aplicación "fomentará la difusión de información y publicidad de las leyes relativas a la protección de los derechos de las mujeres, niñas, niños e identidades LGTBI+, fundamentalmente la forma de realizar la denuncia y espacios de asistencia integral". 

Para la concejala del PRS, todo lo planteado en el proyecto ya está hecho. Destacó la presencia del Ente Nacional de Comunicaciones como regulador de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, o Ley de Medios. Y a la Defensoría del Público, órgano que nace en la misma ley de 2009, como la entidad encargada de brindar las capacitaciones, además de recibir las denuncias de  las audiencias y sancionar a los medios de comunicación en caso de incumplir alguna norma. "No tiene mucho sentido la necesidad de repetirlo", expresó. 

Quien sí apoyó que las capacitaciones sean obligatorias fue Raúl Córdoba (Salta Tiene Futuro), quien afirmó que este proyecto resulta importante, a sabiendas de que "siempre va a haber una minoría que se quiera oponer". 

Después de un cuarto intermedio, se decidió eliminar la obligatoriedad y se aclaró que tanto el Concejo como la Municipalidad impulsarán la difusión de las capacitaciones. En su artículo 3, se dictaminó que se elaborarán materiales con información que resulten relevantes sobre el tema y serán compartidos con los titulares de medios de comunicación. Este último punto fue promovido por la edil Romina Arroyo (Salta Tiene Futuro), ya que subrayó que los medios propician cambios en pos de la igualdad. 

Más debate

Durante la sesión también se aprobó el proyecto de declaración de la concejala Rosa Herrera (Partido Propuesta Salteña), que declara que se vería con agrado que la Legislatura de Salta apruebe la ley sobre Ficha Limpia. El objetivo es evitar candidaturas a cargos públicos electivos provinciales y municipales de personas que estén condenadas en segunda instancia y mientras dure la condena de los delitos que se les imputa. 

Raúl Córdoba recordó que en 2018 ya pedían que se adjunte en las candidaturas los antecedentes personales emitidos desde el sistema judicial de Salta. Pero la idea no prosperó. Por eso planteó que los diputados "le dediquen una sesión para poder avanzar y que no aparezca de vez en cuando". Indicó que el debate debe ser más amplio por la problemática que allí se trata. 

El proyecto actualmente se encuentra en el Senado tras se aprobado en insistencia por la Cámara de Diputados, que no aceptó los cambios impuestos al proyecto original por los senadores. Pontussi describió este ir y venir entre ambas cámaras que se da con el proyecto, recordando que si los senadores insisten en devolverlo con correcciones, los legisladores de la Cámara Baja sancionarán su versión con los dos tercios de los votos.