El Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal (MPF) resolvió por unanimidad la remoción del ex fiscal Julio César Castro, acusado de ser responsable de una serie de episodios de acoso y abuso sexual y maltrato laboral a sus empleados y empleadas, por "mal desempeño del cargo" y por "no haber obrado con buena conducta". El Tribunal consideró que el funcionario, quien ya había sido condenado a seis años y seis meses de prisión por haber abusado sexualmente de su expareja, es responsable de "numerosos hechos de suma gravedad y repetidos a lo largo del tiempo". La fiscal Indiana Garzón, a cargo de la acusación junto al fiscal Federico Reynares Solari, consideró el veredicto como “una bisagra” en el ámbito judicial “para la compresión de lo que significa la violencia laboral y sexual”, señaló a este diario al finalizar la audiencia.
“Teníamos a un monstruo como representante de los derechos de toda la ciudadanía”, advirtió G.I.M., quien trabajó en la Fiscalía N°15, a cargo de Castro, entre 2012 y 2014, y fue la primera víctima que se animó a denunciar al ex fiscal. En diálogo con Página/12 las denunciantes festejaron el veredicto. “Es el inicio de un gran cambio no sólo para nosotras, sino para que cambien las perspectivas en la Procuración”, agregó G.I.M. y advirtió que Castro “es el representante de todos los maltratadores que trabajan en el MPF”.
Durante los alegatos, los fiscales a cargo de la acusación –el fiscal general ante los tribunales orales federales de Rosario, Federico Reyares Solari y la fiscal general ante los tribunales orales federales de Santiago del Estero, Indiana Garzón- describieron la vida cotidiana en las fiscalías que él tuvo a cargo desde 1995, cuando comenzó su carrera judicial, y pidieron una serie de medidas reparatorias generales y particulares, entre ellas el “rescalafonamiento de la situación laboral” de cada una de las denunciantes. “Ahora empieza el camino de reparación, que es fundamental en el proceso”, explicó Garzón. En el veredicto, el Tribunal se consideró incompetente para ordenar las medidas reparatorias y resolvió comunicar y recomendar a la Procuración General de la Nación que considere las solicitudes de la Fiscalía que incluyen, entre otras medidas, “hacer hincapié en los requisitos para el cargo de fiscal” y “capacitación a todos los integrantes del organismo” para visibilizar y evitar futuros hechos como los juzgados en este jury.
"Es emocionante. Ojalá sea un verdadero cambio", señaló P.A.L., otra de las denunciantes, que trabajó bajo la órbita de Castro entre 2008 y 2012, en la Fiscalía N°13, y agregó que “una cosa es reconocer lo que hizo el fiscal y otra es reconocer que desde la institución -el MPF- habilitaron que este hombre haga lo que hizo”. En este sentido, S.M.B., otra de las denunciantes, remarcó que “nuestra denuncia se encajonó por años”. Para ella, además de la remoción del ex fiscal, “la mejor reparación es ponerme en el lugar del que me tuve que ir por culpa suya”.
Los hechos, que afectaron la carrera profesional y la integridad personal de nueve trabajadoras y dos trabajadores judiciales, fueron encuadrados en tres tipos de delitos: acoso laboral, acoso sexual y acoso sexual ambiental, que la acusación describió como “un comportamiento de índole sexual que agobia a la persona que trabaja” y que “enrarece o intoxica el ambiente laboral”. Al momento de juzgarlos, el Tribunal consideró que los mismos concentran cinco formas de violencia de género: psicológica, física, sexual, económica y patrimonial, y simbólica.
Según describieron en el veredicto, los “numerosos hechos de violencia de género y de maltrato laboral” cometidos por el ex fiscal configuran “un ejercicio abusivo de su poder”, una “violación a los deberes de guardar respeto hacia funcionarios y empleados” y el incumplimiento de sus deberes “de buena conducta dentro y fuera del ejercicio de sus funciones”. El Tribunal afirmó que la claridad de los actos radica en la “cuantía y gravedad de sus comportamientos, la afectación de sus conductas en quienes fueron objeto de estas y por el número de víctimas y la cantidad de tiempo en que los llevó a cabo”.
Entre los comportamientos del ex fiscal el Tribunal analizó también un episodio de contacto inadecuado de Castro con una joven menor de edad a través de la red social Twitter, y la condena penal del 2019, que se encuentra en etapa de revisión en la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. El magistrado, a quien se le otorgó licencia psiquiátrica en 2017, sigue cobrando su sueldo “de acuerdo a la normativa vigente”, según informó la Dirección de Comunicación del MPF a este diario.
El Tribunal estuvo conformado por Adriana Donato, en representación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, César Grau, por el Senado de la Nación, Juan Carlos Paulucci y Alejandra Obregón, por el Ministerio Público Fiscal, Francisco Panero, en representación de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, Laura Giosa, del Consejo Interuniversitario Nacional, y Héctor Recalde, representante del Poder Ejecutivo Nacional. Si en 30 días la defensa -a cargo de las abogadas Pamela Aguirre y Roxana Piña- no presentan recursos, la sentencia quedará firme y se hará efectiva la remoción del cargo.
