Con el título “La vida no es moneda de cambio” el Grupo de Curas en la Opción por los Pobres (COPP) emitió su categórica posición contraria al reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en el diferendo entre el Poder Ejecutivo nacional y el Gobierno de la ciudad. “Hacer justicia es mucho más que la aplicación técnica de códigos y leyes: se trata de garantizar el bien común” dice el documento de los sacerdotes católicos que trabajan en medios pobres y, retomando las palabras del propio fallo de la Corte, recuerdan que “las medidas que se adopten deben respetar el Estado de Derecho y los derechos fundamentales”. Para los curas “lamentablemente, la impresión que deja la decisión de los jueces es que no se han atenido al principio formulado por ellos mismos”.

En el texto se afirma que “en estos últimos meses venimos asistiendo azorados al triste espectáculo ofrecido por políticos, medios hegemónicos, sectores de poder económico y, hasta jueces, que intentan utilizar la pandemia que aqueja a la humanidad entera para sacar una cuota de rédito político o incrementar sus ganancias (se sabe muy bien el inmenso crecimiento de las fortunas de algunos que medran con las “oportunidades” que se presentaron con la pandemia)”.

Se trata, agregan, de “una triste alianza a la que se han sumado, ahora desembozadamente, los jueces del tribunal que debería ser la última garantía de que el derecho sea más que un cúmulo codificado de leyes, sino el instrumento que rige la convivencia justa y solidaria de nuestra sociedad”.

El grupo de los COPP está integrado por sacerdotes católicos de todo el país, que desempeñan su misión pastoral en medios populares y que ha mostrado públicamente su respaldo al gobierno encabezado por el presidente Alberto Fernández.

Ante el pronunciamiento de la Corte Suprema en el que intervino ante la disputa entre el Ejecutivo nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, los curas señalan que “puede que en los vericuetos de las leyes, de los que nosotros y la mayor parte de la población somos legos, puedan encontrarse excusas formales que permitan hacer creer que se ha servido al Estado de Derecho”, sin embargo subrayan, “nos cuesta no verlo como un atentado a la división de los Poderes de la Nación y una intromisión, que no es la primera, en el ruedo del juego político”.

Pero más allá de ello, agregan los sacerdotes católicos, “lo más peligroso y preocupante es que no se ha servido a los derechos fundamentales”. Porque “se podrá decir, con razón, que la educación es un derecho fundamental, pero nada dice que un determinado modo de educación (en este caso las clases presenciales) es un derecho fundamental en un momento en que otros derechos fundamentales están en juego, y el más fundamental de los derechos es el derecho a la vida”. Para los curas “en este momento el derecho a la vida, y por ello las políticas sanitarias, tienen absoluta prioridad sobre el derecho a una determinada modalidad de la educación”.

En su argumentación los COPP señalan que los miembros de la Corte, “lo quieran o no ―lo sabrán en su conciencia―, a lo que sí han prestado un servicio es a un sector político que no ha logrado digerir su derrota electoral y que en su necrofilia habitual juega a resolver su interna echando muertos sobre la mesa”.

En directa referencia a la conducta del gobierno de la ciudad de Buenos Aires dicen que “viene manejándose desde hace meses como si no fuera parte de nuestra Patria, sin tener miramiento de que sus políticas sanitarias tienen incidencia no sólo en el Área Metropolitana, sino en todo el país” y que quien gobierna ese distrito “ha priorizado la interna partidaria al servicio al bien común de toda la Nación”.

El documento finaliza afirmando que “para nosotros, creyentes, Dios pone en juego su propia existencia en el ser humano que creó a su imagen y semejanza, y por eso no podemos permanecer impávidos y silenciosos ante este menosprecio de la vida humana, transformada en mercancía política”.

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