No existió delito alguno. Ni la presidenta ni el canciller ni ningún otro funcionario podía levantar las órdenes de captura con alertas rojas de Interpol contra los sospechosos iraníes. Eso sólo era competencia del juez. Por lo tanto, se trató, desde el principio, de un delito imposible de cometer. Con esos argumentos, el senador Oscar Parrilli, a través de su abogado Aníbal Ibarra, se presentó ante el Tribunal Oral Federal número 8 (TOF 8) y pidió, al igual que Cristina Fernández de Kirchner, el sobreseimiento de todos los imputados en la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán y que no se haga el juicio que está previsto, aunque sin fecha de inicio. Tras el final de la causa dólar-futuro fueron varios los planteos similares que se hicieron: no hay delito, no hay por qué hacer un juicio. Los magistrados posiblemente le den vista a la fiscalía, las querellas y hasta es posible la existencia de una audiencia similar a las dos en las que intervino CFK: causa Vialidad y dólar futuro. Las definiciones se esperan para antes de la feria judicial.

El texto de Parrilli-Ibarra también pide la nulidad de todo lo actuado en el expediente dada la intervención irregular y decisiva de los camaristas de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, visitantes ocultos de Mauricio Macri. En el escrito, puntualmente, se menciona que esos dos magistrados reabrieron la causa cuando ellos mismos se habían excluido de los expedientes vinculados con el atentado contra la AMIA y, además, integraron la Sala I de Casación que no era la habilitada para intervenir. También le abrieron la puerta al fallecido Claudio Bonadío para que sea el juez instructor y hubo participación de Juan Carlos Gemignani quien impulsó la increíble acusación de traición a la patria contra Cristina Kirchner y Héctor Timerman, lo que después fue adoptado por la DAIA. La institución judía fue aceptada como querellante sin el poder que se requería, o sea que fue otro ingrediente clave de irregularidad porque el fiscal ante la Casación, Javier De Luca, no había acompañado el recurso. Es decir que la convalidación y el papel de la DAIA fue esencial para las maniobras posteriores. Todo esto se hizo -dicen Parrilli e Ibarra- al tiempo que Hornos y Borinsky visitaban de manera oculta a Macri en Casa Rosada y Olivos, incluso tres días antes de la resolución decisiva.

Argumento de peso

Más allá de todos esos elementos, el argumento de más peso del escrito de Parrilli-Ibarra tiene que ver con un documento presentado en 2020 por Interpol y que gira alrededor de las órdenes detención. Según el denunciante original, Alberto Nisman, el delito de encubrimiento consistía en favorecer a los sospechosos iraníes levantándoles las órdes de Interpol con alertas rojas. A eso responden Parrilli-Ibarra. “Se derrumba también porque recientemente (año 2020) se incorporó a la causa el informe de Interpol. Textualmente se dice: ‘04/12/2013: - OCN BUENOS AIRES (Oficina Central Nacional Buenos Aires) se envía radio a SG (Secretaría General) haciendo conocer que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.6 Sec. 11- es la única entidad que tiene potestad para dejar sin efecto las capturas internacionales ordenadas oportunamente en el marco de la causa AMIA, informando la plena vigencia de las capturas internacionales de los siguientes prófugos…”. Es decir que "salvo que el exjuez Canicoba Corral lo hiciera, no había persona en el planeta Tierra que pudiera levantar las alertas rojas, lo que finalmente quedó corroborado por el informe de Interpol Buenos Aires agregado el año pasado en el expediente”.

Para Ibarra y Parrilli el último documento de Interpol prueba que ningún funcionario podía cometer el delito de encubrimiento porque sólo el juez podía levantar las órdenes de captura con alertas rojas. Y en ese sentido consideran que ocurre algo similar a lo que sucedió con la causa dólar-futuro: una prueba nueva derrumba la acusación. En el caso dólar-futuro fue una pericia que demostró que no hubo perjuicio para el estado en aquella operatoria. En el caso Memorándum, tanto el reglamento de Interpol como ese último informe de Interpol demuestran la inexistencia de delito.

Pedido unánimes

El TOF 8, encabezado por Gabriela López Iñiguez como presidenta e integrado también por Daniel Obligado y José Michilini es quien debe tomar una primera resolución sobre el planteo de Parrilli-Ibarra y también el de CFK-Carlos Beraldi, el de Andres Larroque- Lucila Larrandart y varios similares. Hay un pedido unánime de sobreseimiento, pero algunos mencionan la intervención de Hornos y Borinsky y otros manejan alternativas distintas. El tribunal juntará todos los planteos y establecerá su naturaleza. Sobre esa base después decidirá si da vista a la fiscalía y a los querellantes -algo muy probable- y deberá resolver si acepta el pedido de Beraldi de que se convoque a una audiencia con todas las partes. En ese caso se daría una intervención similar a la que CFK y Kicillof tuvieron en la causa de dólar-futuro con enorme repercusión. Si las cosas marchan normalmente, el TOF 8 calcula tener una definición antes de la feria judicial de julio. En caso de rechazarse los planteos, todo indica que los imputados darán la pelea en la Cámara de Casación y luego en la Corte Suprema. 

Sin juicio

Lo único que no parece cercano es un eventual juicio que, en realidad, se transformará en un proceso de juzgamiento a Comodoro Py y la justicia federal. El centro indudablemente serán las escandalosas jugarretas que se hicieron en el edificio de Retiro y las visitas de los jueces de Casación a Casa Rosada y Olivos. En el ámbito jurídico existe coincidencia de que la causa Memorándum es un disparate desde todo punto de vista, empezando porque fue un tratado votado por el Congreso Nacional que, además, nunca entró en vigencia y no significó el levantamiento de las órdenes de captura que no dejaron de estar vigentes ni un solo día y siguen vigentes hasta hoy.