Miles de personas volvieron a las calles de Colombia este miércoles para protestar contra el gobierno de Iván Duque, en el octavo día de manifestaciones en las que hubo hasta ahora al menos 24 muertos y más de 800 heridos. Al mismo tiempo, representantes del Comité Nacional del Paro y legisladores mantuvieron una audiencia pública para buscar una solución conjunta a las demandas sociales que derivaron las manifestaciones y la feroz represión policial. 

Por otro lado, el presidente Duque comenzó su ronda de diálogo con los titulares de los principales órganos del Poder Judicial del país, mientras su ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, aseguró que el mandatario está dispuesto a encontrarse con los líderes de las protestas la semana próxima.

Sin embargo, desde la calle, mientras las invitaciones a diferentes movilizaciones y velatones (vigilias) y las recomendaciones para evitar confrontaciones con las fuerzas de seguridad seguían circulando, muchos manifestantes pedían primero una desmilitarización de las ciudades y el fin de la represión.

Aunque la represión y los disturbios bajaron su intensidad en las últimas horas, las denuncias y reclamos por los muertos y decenas de desaparecidos no paran de multiplicarse, dentro y fuera del país. Según la Defensoría del Pueblo, son 24 los muertos en el marco de las protestas, 23 civiles y un policía, aunque esta cifra dista de las recabadas por el Comité Nacional del Paro.

"Duele (...) la negligencia de un gobierno que está sordo, que prefiere enviar fuerza pública, en vez de ayudar [a la gente], prefieren ayudar a los bancos, a las grandes empresas", dijo el estudiante Héctor Cuinemi (19 años) en Bogotá.

Bajo la lupa de la comunidad internacional, que denunció excesos de la fuerza pública en la represión de las manifestaciones, estudiantes, sindicatos, indígenas y otros sectores salieron a las calles de las principales ciudades con marchas festivas y en su mayoría pacíficas.

Tras más de una semana de movilizaciones el gobierno cedió al diálogo y aceptó reunirse con los sectores inconformes "la próxima semana", según el consejero presidencial, Miguel Ceballos.

La Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Justicia Especial Para la Paz pidieron incluir a "todos los actores" de "la protesta pacífica y el malestar social" en las charlas.

Miles de manifestantes protegidos con tapabocas llegaron en la tarde a la central Plaza de Bolívar, en Bogotá, aledaña a la sede presidencial. Un grupo intentó entrar al Congreso pero fue disuelto por la policía.

Reclamos diversos 

Lo que empezó como un paro el 28 de abril en rechazo a una reforma fiscal, retirada por el gobierno tras el rechazo social, se transformó en una de las mayores protestas contra el gobierno conservador desde que llegó al poder en 2018.

Los manifestantes reclaman, entre otras cosas, mejores condiciones en salud y educación, seguridad en las regiones y cese del abuso policial contra los manifestantes.

"La policía nos está atacando (...), nosotros no somos vándalos", denunció Natalia (36), sin dar su apellido, quien protestó en un grupo vestido de luto.

En la ciudad de Pereira (al oeste de Bogotá), un líder de las manifestaciones fue asesinado a tiros y dos otras personas resultaron gravemente heridas durante un ataque grabado en video, al cerrar la jornada de protesta. Así, se volvió a viralizar en las redes sociales la violencia institucional, cuando distintas imágenes rápidamente circularon del momento en que personas vestidas de civil atacaron un grupo de manifestantes.

Las fotos mostraron cómo Lucas Villa, de 37 años, que había recibido ocho disparos, estaba tendido en el piso boca arriba y sangrando; y junto a él, otros dos jóvenes heridos, según informó El Espectador.

Organizaciones no gubernamentales (ONG) denunciaron por su lado que la policía ha disparado contra manifestantes y que hay más de 30 víctimas fatales.

Miles de indígenas se sumaron en Cali (suroeste) a las protestas agitando sus bastones de mando y gritando "resistencia", mientras que músicos y artistas acompañaron una multitudinaria marcha en Medellín (noroeste) que terminó en plantón.

Condena internacional 

La presión en las calles no cede, ante la vigilancia de la comunidad internacional que denunció ataques de policías contra civiles. La ONU, La Unión Europea, Estados Unidos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch llamaron a la calma y exigieron garantías al gobierno.

Según la ONG Reporteros sin Fronteras, hubo además 76 agresiones contra periodistas, diez de ellos lesionados por la fuerza pública.

Bogotá vivió una noche de tensión el martes. Una treintena de ciudadanos y 16 policías resultaron heridos tras choques con uniformados que dejaron 25 puestos policiales afectados, según la alcaldía local. La violencia estalló también en Cali el lunes, dejando cinco muertos y una treintena de lesionados.

Según la fiscalía, detrás de los desmanes están disidencias de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016, el ELN, última guerrilla reconocida en Colombia, y bandas narco.

Negociación pendiente 

El llamado Comité de Paro, que reúne a los sectores que se manifiestan, se dijo abierto a una negociación directa con el presidente.

Entre los reclamos, los principales puntos fueron la desmilitarización, el castigo por los responsables de la violencia institucional, la garantía al derecho de la protesta social, el rechazo a la figura legal del estado conmoción interior que está promoviendo el expresidente Álvaro Uribe para limitar las garantías constitucionales, y negociar el pliego de emergencia, con la privatización de la salud y reforma laboral en el Congreso.

El inicio del diálogo es apenas un elemento positivo en un momento en que, no obstante, miles de personas se mantienen firmes en las calles.

En tanto en la ciudad de Cali, convertida en estos últimos días en el epicentro de las manifestaciones y la represión de las fuerzas del Estado, la Iglesia Católica y organizaciones de la sociedad civil impulsaron un acuerdo local para abrir un corredor humanitario que permita suplir la escasez de alimentos y material sanitario.

Con la popularidad en caída (33%), Duque ha enfrentado protestas masivas desde 2019, asediado por el descontento ahora atizado por la crisis económica que acompañó la emergencia sanitaria.

Aunque el presidente retiró la iniciativa de reforma tributaria y el ministro de Hacienda renunció, el malestar parece instalarse en uno de los países más desiguales del continente, con un desempleo del 16,8% y una pobreza que alcanza al 42,5% de la población.